Jesús Castillo Sánchez

Expediente 587/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
587/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Jesús Castillo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Director General de Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por conducto de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Wendy Evely Palami García, mediante el cual pretende realizas diversas manifestaciones. No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado toda vez que el presente asunto se encuentra concluido. Finalmente, devuélvase el presente asunto al archivo de este tribunal colegiado. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto en etapa de cumplimiento, del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de uno de febrero de dos mil dieciocho, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Octavo. Efectos de la concesión. --- Ahora, atendiendo a lo argumentado en el considerando que antecede, con apoyo en los artículos 74, fracciones V y VI, y 77 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo que solicita, para el efecto de que la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deje insubsistente la sentencia reclamada, de siete de septiembre de dos mil diecisiete; y, dicte otra en la cual, atendiendo a lo resuelto en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción resuelva los agravios del recurso de revisión, de manera fundada y motivada." (fojas 22 del toca de amparo) La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por oficio TJA/SS/II/1734/2018 remitió copia certificada de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil dieciocho , de la cual se advierte que para dar cumplimiento al primer efecto de la sentencia, determinó lo siguiente: "III.-.deja insubsistente la sentencia pronunciada el siete de septiembre del dos mil diecisiete, que puso fin al recurso de revisión 664/2017, en que se actúa.-. Asimismo, de la sentencia citada, se obtiene que en lo que respecta al segundo efecto de la concesión de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "IV. . En este mismo contexto , no se pierde de vista lo proveído por el magistrado regional dentro del acuerdo de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, a través del cual se certificó, que el término con el que disponía la autoridad demandada para formular la contestación respectiva transcurrió en exceso, teniéndola por confesa de los hechos que la parte actora le atribuyo de manera directa, en términos de los dispuesto en los artículos 25, fracción I, 31 fracción I y 252 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. --- .Ahora bien, el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece el recurso de revisión, cuyo conocimiento corresponde a las Secciones de Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, con el objeto de que revoque, modifique o confirme las sentencias de primera instancia, esto, con base en los agravios formulados por los revisionistas y en cuya función revisora debe subsistir el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, las Salas Superiores está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. --- Bajo esta tesitura, a fin de dar cumplimiento a lo previsto dentro del penúltimo párrafo del artículo 286 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y al ser una cuestión de orden público, esta instancia revisora analiza las causales de improcedencia y sobreseimiento hecha valer como agravios por la autoridad revisionista dentro del recurso que se atiende, mismos que tal y como fue señalado con antelación devienen de inoperantes, tomando como base las siguientes circunstancias de hecho y de derecho. --- Como primero punto, a fin de desvirtuar lo aseverado por la revisionista referente a que el acto impugnado consistente en la resolución negativa ficta recaída al escrito petitorio presentado ante la autoridad demandada el treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, es inexistente, es necesario partir de lo previsto por el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, el cual dispone: . --- . Sin embargo, no debe perderse de vista que la negativa ficta en realidad no es una resolución administrativa, puesto que sólo la administración es quien puede emitir actos administrativos, de tal manera que si la resolución de rechazo no proviene de la autoridad administrativa, sino de una presunción prevista en la ley, no puede hablarse de la existencia de una actividad de la administración, y mucho menos debe sostenerse que se dé el consentimiento tácito de ese acto, al no haberlo impugnado dentro del término de quince días, en términos del artículo 267, fracción VI, del Código Adjetivo de la Materia, que prevé la improcedencia del juicio contencioso administrativo en contra de actos consentidos tácitamente. --- En consecuencia, es incorrecto lo aseverado por la autoridad demandada respecto de que la demanda de nulidad debe presentarse dentro del término de quince días hábiles, posteriores a aquel en que nació el derecho del actor para demandar la resolución negativa ficta, y que por tanto resulta extemporánea; porque, amén de lo ya estimado, si bien el primer párrafo del artículo 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone que el término para interponer la demanda de nulidad será de quince días hábiles, contados, desde el día siguiente al en que se haya notificado al afectado la resolución, el procedimiento o el acuerdo que reclama, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o se hubiese ostentado sabedor de los mismos; no menos cierto resulta, que la fracción I del citado ordenamiento en su texto reza lo siguiente:. --- . Finalmente como tercer y último punto, resulta contrario a lo aseverado por la autoridad demandada, referente a que el acto que se impugna dentro del juicio natural es de carácter laboral y no administrativa, resultado (sic) procedente se decrete la improcedencia y por tanto el sobreseimiento del juicio de origen, en términos de lo dispuesto por los artículos 267 fracción I y 268 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; pues tal y como lo sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro de la ejecutoria que se cumplimenta, este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, si es competente para conocer del juicio, aun cuando el fondo radica en el reintegro o devolución de prestaciones, toda vez que las mismas son atribuidas a una a autoridad administrativa.. --- . se advierte que el actor del juicio administrativo que se revisa, manifestó ser elemento de seguridad pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ofreciendo para acreditar su dicho las siguientes documentales:. --- Medios de prueba los anteriores, que concatenados entre sí hacen prueba plena en términos de lo dispuesto por los artículos 88, 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y otorgan plena certeza a este Órgano Jurisdiccional respecto de la relación jurídica que guarda Jesús Castillo Sánchez con la demandada, misma que contrario a lo aseverado por la antes señalada, es de carácter administrativo, al acreditarse de autos, que el cargo que ostenta el actor, si bien es el de "Jefe de Unidad A" (clasificado como de confianza, tal y como se advierte de los recibos de nómina ya descritos), cierto lo es también que tiene como adscripción la Subdirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. --- Bajo esta tesitura, visto que por mandato constitucional las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por sus propias legislaciones, y que se encuentra categóricamente prohibido aplicar de manera supletoria diversos ordenamientos jurídicos, al ser su relación estrictamente de naturaleza administrativa; y dado que la autoridad demandada no justificó los descuentos realizados por concepto de servicio de salud y seguro de vida efectuados por el periodo del quince de julio del año dos mil catorce, al quince de julio del año dos mil quince, lo debido es confirmar la sentencia de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional, dando así cabal cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito." Así, con base en estas consideraciones, se confirmó la sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo 723/2016, en la que se declaró la invalidez de la negativa ficta recaída al escrito petitorio, presentado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, y, se condenó a la autoridad tercera interesada a realizar los trámites necesarios a fin de que se reintegraran las cantidades que le fueron descontadas por concepto de "A.P.P.S", del quince de julio de dos mil catorce al quince de julio de dos mil quince, a la parte quejosa. Ahora, los actos anteriormente descritos, ponen de manifiesto que la sección responsable cumplió con los efectos de la sentencia de amparo, en razón de que: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada; emitió una nueva resolución; b) Analizó las documentales exhibidas, como lo es el recibo de nómina, el que estimó que no era suficiente para acreditar su pretensión. c) Consideró el escrito de petición que motivó la impugnación de la negativa ficta. d) Evaluó el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en donde se tuvo a la autoridad confesa de los hechos que el actor le atribuyó al haber dado contestación a la demanda de forma extemporánea; y, e) Dictó la sentencia correspondiente, con plenitud de jurisdicción. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que en su acatamiento como se ha dejado establecido, se advierta que se incurrió en exceso o defecto en su ejecución. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J.16/2013 (10), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, junio de 2013, página 6, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." Hágase saber al quejoso, y autoridades tercero interesadas que cuentan con un plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. De igual manera, hágaseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad tercera interesada; y, una vez que haya causado estado esta resolución, archívese el presente asunto.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, por medio del cual remite copia certificada de la sentencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria que autoriza y da fe.

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