Jesus Carrillo Jimenez
Expediente 624/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesus Carrillo Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 624/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el punto resolutivo único negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias debiéndose formar los anexos del I al V; en esas condiciones, devuélvanse los mismos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 624/2019-III, promovido por JESÚS CARRILLO JIMENEZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito JESÚS CARRILLO JIMENEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Estado de Morelos (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es la resolución emitida en el toca penal 42/2019-6, que confirmó la diversa de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos que declaró infundado el incidente de prescripción de la reparación del daño promovido por el ahora quejoso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestó su Magistrado Presidente al rendir su informe justificado (foja 16), lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas del toca penal 42/19-6-18, así como de las fotocopias del expediente 479/2016-2, que anexó a su informe justificado (anexos I al VI). Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, este juzgador procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es de precisarse que debido a que el quejoso tiene el carácter de sentenciado dentro de la causa penal 479/2016-2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación se hará, en caso de ser necesario, supliendo la queja deficiente. Son por una parte inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En primer lugar, se relatarán los antecedentes destacados del acto reclamado: 1.- El siete de mayo de dos mil dos, el extinto Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dictó sentencia definitiva en contra de JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ, encontrándolo penalmente responsable por el delito de Violación Tumultuaria y Homicidio Calificado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de YOLANDA LORENA MESTRE ROMO, se le impuso una condena de cuarenta años, y se condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad $358,484.00 (trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $27,750.00 (veintisiete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), en favor de quien acredite tener los derechos legales a que haya lugar (fojas 1175 a 1351 del anexo V). 2.- Inconforme con dicha determinación, el sentenciado, ahora quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmando la resolución de primera instancia, por lo que JESÚS CARRILLO JIMENEZ, promovió juicio de amparo directo en contra de dicha resolución; el cual fue radicado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 546/2012, quien por sentencia de once de abril de dos mil trece, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ (fojas 1590 a 1665 del anexo V). 3.- En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el dos de mayo de dos mil trece, los Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitieron resolución en el toca penal 1291/02 (fojas 1669 a 1831 del anexo V). 4.- Inconforme con la anterior determinación, JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ, promovió nuevamente amparo directo, el cual fue radicado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito bajo el número de amparo 443/2015 (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, amparo 70/2016), el que con fecha tres de diciembre de dos mil quince, emitió sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal. 5.- El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado emitió acuerdo en el que se avoca al conocimiento de los hechos que dieron lugar a la causa penal 28/2000-1, asignándole como nuevo número el 479/2016-2 (foja 1891 anexo V). 6.- En acatamiento a la ejecutoria del amparo directo 443/2015, el dos de diciembre de dos mil dieciséis, la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, nuevamente emitió resolución dentro del toca penal 1291/02, confirmando la resolución de siete de mayo de dos mil dos, dictada por el entonces Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, precisando la pena de prisión impuesta a JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ, ordenando notificar de manera personal dicha resolución a las partes, así como la devolución de los autos al juzgado de origen con testimonio de éste. (fojas 1907 a 2068 anexo V). 7.- Por auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo declaró cumplida la ejecutoria de amparo (70/2016) (foja 2075 del anexo V). 8.- El diez de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en razón de la circular 23, de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y de la extinción de los Juzgados Segundo y Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ordenó remitir el expediente penal al Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (foja 2071 del anexo V). 9.- El cinco de abril de dos mil diecisiete, la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió acuerdo en el que tuvo por recibido el expediente 28/2000-1 (ahora 479/2016-2), y ordenó turnar los autos a la actuaria de su adscripción, a efecto de notificar a las partes la llegada del expediente, así como su radicación (foja 2079 y 2080 anexo V). 10.- En acatamiento a lo ordenado, la Actuaria adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, notificó de manera personal los autos de trece de diciembre de dos mil dieciséis, cinco de abril de dos mil diecisiete, así como la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en las siguientes fechas: siete de abril de dos mil diecisiete al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal; diecisiete de abril de dos mil diecisiete, al sentenciado (foja 2081 del anexo V); trece de abril de dos mil diecisiete, al defensor particular de Jesús Carrillo Jiménez (fojas 2083 del anexo V), y el veinte de abril de dos mil diecisiete, a Yolanda Romo de Mestre, causahabiente de la víctima, quien en vida respondiera al nombre de Yolanda Lorena Mestre Romo (foja 2091 del anexo V). 11.- Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ solicitó la prescripción de la reparación del daño a que fue condenado. 12.- El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, resolvió el incidente de prescripción planteado por el ahora impetrante, declarándolo improcedente. 13.- En contra de la anterior determinación, JESÚS CARRILLO JIMENEZ, promovió recurso de apelación, tocando conocer de tal recurso a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo radicó con el número de toca 42/2019-6-18, y emitió sentencia el once de abril de dos mil diecinueve, en la que confirmó la resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el a quo, siendo tal determinación el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En vía de conceptos de violación, la parte quejosa refirió lo siguiente: Que la autoridad responsable al momento de resolver el recurso de apelación debió de aplicar el criterio sostenido en la tesis 1ª/J 43/2004, del rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL, CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN", el cual le es más favorable, en razón de que prevé un plazo de dos años para que opere la prescripción, y no de tres años como prevé la legislación del Estado de Morelos. Que la autoridad responsable realiza el computo de la prescripción de manera equivocada, puesto que tomó en consideración como inició del plazo para que opere la prescripción el veinte de abril de dos mil diecisiete, fecha en que vía telefónica se notificó a la ofendida Yolanda Romo de Mestre, causahabiente de quien en vida respondiera al nombre Yolanda Lorena Mestre Romo, la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciséis, siendo que en el caso el computo se debe de iniciar a partir de que se dictó la sentencia ejecutoriada (dos de diciembre de dos mil dieciséis) y no a partir de la fecha de notificación a la ofendida. Es inoperante el primero de los conceptos de violación hecho valer, pues parte de una premisa equivocada. Lo anterior es así pues aduce el quejoso que la autoridad responsable al momento de resolver el recurso de apelación, debió de aplicar en su favor la jurisprudencia 1a./J. 43/2004, del rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN", al prever ésta un plazo de dos años para que prescriba la reparación del daño, es decir un plazo menor al de tres años previsto en la legislación local. En primer lugar es necesario precisar que la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o por Salas, los Plenos de Circuito y por los Tribunales Colegiados de Circuito, con la cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales, lo cual encuentra su fundamento en los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la tesis de la Novena Época, de número de registro 183029, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1039, de rubro: "JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES". Si bien de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria, ésta se entiende así sobre el tema en estudio que abordó la ejecutoria que le dio origen. En el caso que nos ocupa en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 43/2004, del rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvió el planteamiento existente para definir a partir de cuándo se debe iniciar el computo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, y no el plazo que debe transcurrir para ésta (como se analizará posteriormente en relación al segundo concepto de violación hecho valer por el impetrante), pues si bien la tesis referida cita en su texto un plazo de dos años para que opere la prescripción de la reparación del daño, como se trascribe: "De lo que señala el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con los diversos artículos 57, 80, 81, 82, 87, 90 y 91 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se concluye que el cómputo del plazo de dos años para que opere la prescripción de la reparación del daño que prevé el mencionado artículo 116, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria de la resolución." (Lo resaltado es propio) Dicho plazo se refiere en especificó a lo previsto en el artículo 116 del Código Penal para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dado que tal legislación es la que fue materia de análisis en la ejecutoria que dio origen a dicha Jurisprudencia; observando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a partir de cuándo se debe iniciar el cómputo para el inicio del plazo de la prescripción, pero no fijó postura sobre el plazo necesario para que opere ésta; habida cuenta que la ratio decidendi, de la misma no se generó a virtud de discrepancia en cuanto al plazo que requiere transcurrir para tener por prescrita dicha acción, sino la forma en que éste lapso se computaría. Por lo tanto, el plazo de dos años citado en la jurisprudencia referida, al referirse al plazo de prescripción previsto en el artículo 116 del Código Penal para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es decir, un ordenamiento legal diverso al de ésta entidad federativa que además sustenta el acto reclamado, no puede servir de sustento para resolver el presente asunto, contrario a lo pretendido, al ser evidente que la autoridad responsable se ve imposibilitada de aplicarlo en favor del ahora quejoso, aún y cuando tal legislación prevea un plazo menor para la prescripción al previsto en la legislación local, ello es así, puesto que la responsable se encuentra constreñida a observar las normas del derecho de su entidad federativa, al no estar facultada para ceñir sus actos a las disposiciones relativas a otra legislación, de acuerdo con el principio de soberanía estatal previsto en la fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. [.]" Por lo tanto, al no ser factible que la autoridad responsable funde en favor del quejoso un plazo previsto en una legislación que no le es aplicable, dado que de hacerlo de esta manera, se violaría el principio de soberanía estatal previsto en nuestra Carta Magna, es inoperante el concepto de violación que hace valer, a más que como ya se refirió, el criterio sustentado en la jurisprudencia citada es en relación al momento en que se debe de iniciar el computo del plazo para que opere la prescripción y no el plazo que debe transcurrir para que ésta opere; lo que se verá fue acertadamente aplicado. Es infundado el segundo de los conceptos de violación hecho valer. Es menester decir que por prescripción se entiende lo siguiente: cuando se exime a alguien del cumplimiento de una obligación o acción porque ha transcurrido un plazo durante el cual el titular no ha ejercido su derecho, que se extingue por este acto. Ahora bien, el quejoso en vía de concepto de violación aduce que la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación, realiza el computo de la prescripción de la reparación del daño de manera equivocada, pues toma en consideración como inició el veinte de abril de dos mil diecisiete, fecha en que vía telefónica se notificó a la causahabiente de quien en vida respondiera al nombre de YOLANDA LORENA MESTRE ROMO, la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciséis, siendo que en el caso en su criterio el computo se debe de iniciar a partir de que de dictó la sentencia y no a partir de la fecha de notificación a la ofendida (como lo prevé el artículo 104 del Código Penal para el Estado de Morelos), por lo tanto refiere, que el cómputo realizado por la autoridad responsable para dar inicio al plazo de la prescripción de la reparación del daño es erróneo, pues debe de atenderse a la fecha en que causo ejecutoria la sentencia, en el caso, dos de diciembre de dos mil dieciséis, y no a la fecha de su notificación; sin embargo, tal aseveración deviene infundada por los motivos siguientes. En efecto el artículo 104 del Código Penal para el Estado de Morelos), prevé que el plazo para que opere la prescripción en la reparación del daño se computará a partir de que cause ejecutoria la resolución que la imponga; dicho precepto legal que no debe de interpretarse de manera aislada, sino en relación con diversas disposiciones del Código Penal, atento a los principios de legalidad y seguridad jurídica a que se refieren los ordinales 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna; partiendo de la base que constitucionalmente se ha situado a la víctima u ofendido del delito en el mismo rango de derechos del enjuiciado. En ese sentido, se citarán diversos preceptos legales del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos aplicables al caso en concreto: En principio el numeral 63 establece que las resoluciones contra las que proceda algún recurso se notificarán personalmente, al Ministerio Público, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido y a su asesor legal, salvo cuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el buen desarrollo del procedimiento. El artículo 61 prevé que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos de comunicación destinados a quienes participan en el procedimiento, se harán personalmente o por cédula u otros medios que permitan dejar constancia precisa de su recibo. El numeral 64 determina que cuando se trate de notificación personal, se recabará recibo o se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta, para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de testigos que den fe del acto. Finalmente, el artículo 29 establece que los plazos son improrrogables, comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación respectiva, salvo las excepciones que la ley determine, y se cuentan por días hábiles. De la lectura integral de los artículos trascritos, se concluye que, para que de inicio el cómputo del plazo necesario para que opere la prescripción de la reparación del daño, se debe de partir del día siguiente al en que se notifique la ejecutoria de la resolución, bien sea por medio de la publicación correspondiente o personal según corresponda al caso al ofendido, púes a partir de tal fecha que tiene conocimiento de la sentencia firme es entonces que comienza a correr su plazo para solicitar la reparación del daño. Así es, no debe de tomarse de manera literal ni aislada el texto del artículo 104 del Código Penal para el Estado de Morelos, sino en relación con los diversos numerales 29, 61, 63 y 64 del Código Procesal para el Estado de Morelos, en tutela de los derechos de debido proceso, certeza jurídica y legalidad que debe imperar en todo procedimiento jurisdiccional; por ello para que opere la prescripción de la reparación del daño, se debe de considerar que el cómputo del plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena, al igual que a la notificación efectuada al acusado o quien legalmente le represente y al Ministerio Público; partes procesales en el procedimiento penal correspondiente; pues ello es con la finalidad de evidenciar que mientras el interesado desconoce una resolución, no puede exigírsele una conducta que presupone precisamente el conocimiento del fallo, como en este caso el instar para hacer efectivo el pago de la reparación del daño; y, por tanto, mientras no tenga esa noticia o se haya hecho sabedor de la resolución, no puede considerarse que se olvidó de los derechos que la misma le otorgó, máxime que el segundo párrafo del artículo 74 de la legislación adjetiva penal del Estado de Morelos, establece que las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, previas las notificaciones que la ley ordena y una vez que hubiesen causado ejecutoria. Por tal motivo, se estima legal la resolución reclamada de once de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de que el plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño debe iniciar a partir del día siguiente al en que se notifique a la ofendida de la ejecutoria que dejó firme la condena respectiva; en el caso que nos ocupa, a partir de la notificación practicada el veinte de abril de dos mil diecisiete, a la causahabiente de la ofendida, pues a partir de tal conocimiento puede instar para hacer efectivo el pago de la reparación del daño, resultando aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." A más que cuando se emitió la sentencia de primer grado, en la que se condenó a la reparación del daño, en su resolutivo quinto, se ordenó comunicar dicha resolución a quien legalmente correspondiera, ordenándose en consecuencias notificar de manera personal a las partes, y, en ese sentido, se advierte fue notificada Yolanda Romo Zaragoza, en su carácter de causahabiente, asimismo se advierte que con fecha posterior fue notificada de la apelación incoada en contra de dicha sentencia (fojas 947 y 951 anexo V), en ese orden de ideas dado que con motivo de los recursos de apelación y juicios de amparo directo promovidos en el proceso penal, se suspendió la ejecución de la sentencia en la causa penal de origen, la causahabiente en el proceso debía de ser notificada de manera personal de la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciséis, misma que causo ejecutoria por ministerio de ley, tal y como se ordenó en ésta, ello con el propósito de que tuviera conocimiento de que ya se encontraba en posibilidad de solicitar la ejecución de la reparación del daño y comenzará a computarse el plazo para tal circunstancia, como lo prevé el artículo 29 del Código Procesal Penal para el Estado de Morelos. Amén que si la sentencia de dos de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó notificar de manera personal, ésto se debe entender que debe ser así para todas partes previstas en el artículo 63 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, es decir, al Ministerio Público, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido y a su asesor legal. Por lo tanto, atento al principio de igualdad consagrado en la norma fundamental a favor de la víctima u ofendido y enjuiciado a un proceso penal; si desde la sentencia de primer grado así fue ordenado por el Juez Penal de origen, quien se resuelve se encuentra impedido para hacer un estudio de la legalidad de ésta, lo anterior es así, pues además de no ser competente para realizar el estudio de una sentencia que da por concluido el asunto, ya que implicaría violar la certeza jurídica y cosa juzgada de la sentencia, de tal manera que dicha pretensión se torna improcedente, pues de lo contrario, se modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio de garantías, afectando en consecuencia los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, vulnerando distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; de ahí que sea infundado el concepto de violación en estudio. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro: 2012228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, página: 11, del rubro y texto siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL." En consecuencia, al resultar por una parte inoperantes y por otra infundados los motivos de queja, se impone negar el amparo solicitado por JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ, sin que de la lectura de la resolución que se recurre se advierta alguna violación a los derechos humanos del ahora quejoso que amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, razón por la que solo se hace pronunciamiento respecto de los conceptos de violación expuestos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2019737, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 732, del rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. " Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a JESÚS CARRILLO JIMÉNEZ, respecto al acto reclamado consistente en la resolución emitida en el toca penal 42/2019-6, del índice de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por María de Jesús Mena Serrano, asesora jurídica de la tercera interesada YOLANDA LORENA ROMO DE MESTRE, nombre completo y correcto del señalado por la parte quejosa como Yolanda Romo de Mestre, tal como se advierte de la comparecencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, levantada en el expediente penal de origen por la Actuaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual se apersona al presente asunto, para lo cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, designa autorizados y señala domicilio procesal. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al juicio de amparo en que se actúa. De igual modo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, de las que se hará relación en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y por autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Secretaría de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual informa el cumplimiento dado al requerimiento formulado por este juzgado el once de junio del año en curso. En atención a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo solicitado en el proveído antes referido y por emplazada a la parte tercero interesada Yolanda Romo de Mestre por conducto de su asesora jurídica. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Jesús Cadenas Vaquero4/2018
- Jesus Carbajal Rosales1582/2018
- Jesús Carbajal Rosales1420/2018
- Jesús Carbajal Rosales2047/2017
- Jesús Carlos Israel Delgado Hernández61/2015
- Jesus Carlos Martinez Alvarado1093/2017
- Jesús Carrillo Martínez346/2022
- Jesús Carrillo Martínez273/2021
- Jesus Castellanos Castellanos211/2021
- Jesús Castillo Franco2019/2017
- Jesús Castillo Medina743/2018
- Jesús Castro Cabrera191/2015