Jesús Carlos Pérez Morales
Expediente 671/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Carlos Pérez Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince (fojas 83 a 88), en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo señalada, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del escrito inicial de demanda que motivó la formación del presente juicio de garantías, Jesús Carlos Pérez Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable denominada Delegado Regional XIV en Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por el acto reclamado siguiente: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Del Delegado Estatal en Coahuila del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores que como autoridad que señalo como responsable de esta demanda de amparo, le reclamo la omisión de dar respuesta por escrito, fundada y motivada y congruente con la solicitud DE CANCELACIÓN DE CRÉDITO DE VIVIENDA NÚMERO: 9533971644, sin que tal petición me haya sido contestada de por escrito y de manera fundada y congruente con mi petición por parte de la autoridad a mi escrito recibido por la autoridad en fecha 14 de junio del año 2014. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil catorce (fojas 41 y 42), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 671/2014; y por auto de nueve de septiembre del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, cabe destacar que del informe justificado rendido por el Jefe del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se advirtió la existencia de un diverso acto, esto es, el oficio de treinta y uno de octubre de dos mil catorce (fojas 73 y 74); por tal motivo, mediante proveído de veinte de enero de dos mil catorce, se dio vista al peticionario de amparo por el término de tres días contado a partir de que surtiera sus efectos la notificación de dicho acuerdo, para que manifestará si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado el citado oficio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se seguiría el juicio como inicialmente se planteó, sin necesidad de ulterior acuerdo, lo que así sucedió. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. La expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos. Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es de invocarse en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número 59/99, propugnada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 193758, que dice: La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar contestación al escrito de petición de veintiocho de mayo de dos mil catorce. Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por el Jefe del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se desprende que la autoridad dio contestación al escrito de petición signado por el quejoso. En efecto, de la constancia que anexó a su informe con justificación la autoridad responsable, se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, dio contestación al escrito de petición de veintiocho de mayo del año próximo pasado. Circunstancia la anterior que fue notificada personalmente a la parte quejosa el veintiuno de enero del año en curso, tal como se desprende de la constancia de notificación visible a foja ochenta y dos, del presente juicio de amparo. Documentales que tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de éste último ordenamiento, toda vez que se trata de actuaciones certificadas por funcionario público autorizado para ello por disposición de la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: En tales condiciones se aprecia con claridad, que han cesado los actos reclamados, toda vez que de las constancias antes señaladas se advierte que la autoridad responsable denominada Jefe del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa, lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Atento a lo manifestado, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que provocó la desaparición de la vida jurídica del acto que la parte quejosa tildó de inconstitucional y que reclamó en el presente juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable al emitir una respuesta al escrito de petición, constituye una situación idéntica a la que habría existido de concederse a la parte quejosa la protección constitucional, actualizándose así la causal de improcedencia en mención, debido a que ninguna razón jurídica tendría conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, pues lo pretendido por éste, ya fue alcanzado con el propio actuar de la responsable, es decir, cesó el motivo del juicio, sin condición. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad responsable con su actuar restituyó en el pleno goce de sus garantías al quejoso, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizando así la causa de improcedencia invocada. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos treinta y cinco, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, de rubro y texto siguientes:
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y del informe justificado rendido por el Jefe del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, se advierte que mediante oficio de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, dio contestación a la petición que le formuló el quejoso. Consecuentemente, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído manifieste si es su deseo señalar como nuevo acto reclamado el oficio de fecha treinta y uno de octubre del año pasado, signado por el Gerente de los Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación XIV, Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; apercibida que de no hacerlo, se seguirá con el trámite del presente juicio de garantías, tal y como se encuentra originalmente planteado, sin necesidad de ulterior acuerdo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil quince, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Jesús Bosque López369/2016
- Jesús Cadena Hernández29/2017
- Jesús Cadena Hernández802/2016
- Jesus Cadena Solís802/2021
- Jesús Calvillo de León981/2017
- Jesús Cárdenas García1083/2023
- Jesus Cedillo Elizondo32/2021
- Jesús de la Cruz Espinoza1257/2022
- Jesús de Santiago Adame470/2021
- Jesús Díaz Díaz379/2016
- Jesús Diego Pérez Fernández429/2018
- Jesús Diego Pérez Fernández728/2021