Jesús Carlos Patricio Guzmán Dardeazábal
Expediente 256/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Carlos Patricio Guzmán Dardeazábal
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- JESÚS CARLOS PATRICIO GUZMÁN DARDEAZÁBAL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el proveído de veintinueve de abril pasado, que el Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción dictó en el toca del recurso de queja 145/2020, en el que declaró que quedó firme el auto en donde desechó dicho medio de impugnación, porque no fue combatido a través del recurso de reclamación. Al respecto, se toma conocimiento de la determinación anterior, sin que sea necesario dictar mayor pronunciamiento, porque el quince de abril de la presente anualidad se ordenó el archivo del presente expediente, como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que en el juicio de amparo 256/2020 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el diecinueve de marzo posterior, se negó la medida cautelar definitiva; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo establecido por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en este incidente de suspensión se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c), del artículo 21 del citado Acuerdo General. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En diverso aspecto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I AMediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 256/2020 promovido por Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazábal en contra del acto de la autoridad que se precisaran más adelante.I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que señala que el ocho de enero de dos mil diecisiete, la legislatura local designó a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, la cual quedó integrada por el disidente, por Gelacio Morgan Cruz y por otros ciudadanos.El justiciable indica que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, fue designado por los integrantes de la citada Comisión como Coordinador de esta última.El inconforme aduce que el veinte de febrero de dos mil veinte, fue informado que Gelacio Morgan Cruz comunicó al Congreso de Oaxaca que había sido designado como nuevo Coordinador de esa Comisión, en la sesión extraordinaria de dicho órgano de diecinueve de febrero de la propia anualidad.El quejoso estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.II. TRÁMITE Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazábal promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como responsable ordenadora a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca y como ejecutora al Congreso de esta entidad federativa, a quienes atribuyó la decisión tomada en la sesión extraordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la que se designó como nuevo Coordinador de la citada Comisión a Gelacio Morgan Cruz, removiendo implícitamente al inconforme de la Coordinación de ese órgano colegiado y la ejecución de esa decisión, respectivamente.Por acuerdo de cinco de marzo del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró bajo el expediente 256/2020 y desechó de plano el escrito inicial, porque consideró que se actualizó de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.Inconforme con esa determinación el justiciable interpuso el recurso de queja del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien lo tramitó bajo el toca 128/2020 y en la sesión de quince de diciembre de dos mil veinte, dictó la ejecutoria respectiva en donde declaró fundado ese medio de impugnación y revocó el auto recurrido para que se proveyera respecto de la admisión de la demanda.En acato al fallo indicado en el proveído de veintiséis de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.En el acuerdo de diecisiete de marzo pasado, se dejó de tener como responsable a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, dada su inexistencia, por lo que se suspendió toda comunicación con ella; en ese contexto, esa autoridad quedó excluida de la relación jurídica procesal entablada en este asunto, como se establece en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente."La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede.III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: Del Congreso de Oaxaca reclama: La ejecución de la decisión adoptada por la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de esta entidad federativa en la sesión extraordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la que se designó como nuevo Coordinador de la citada Comisión a Gelacio Morgan Cruz, removiendo implícitamente al inconforme de la Coordinación de ese órgano colegiado. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido al Congreso de Oaxaca, consistente en la ejecución de la decisión adoptada por la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de esta entidad federativa en la sesión extraordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la que se designó como nuevo Coordinador de la citada Comisión a Gelacio Morgan Cruz, removiendo implícitamente al inconforme de la Coordinación de ese órgano colegiado, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de dicha actuación, sin que el justiciable haya desvirtuado esa negativa. En este punto, debe señalarse que el disidente no demostró la certeza del acto atacado en este juicio de amparo ni la participación del ente responsable en esa actuación, ya que las documentales que exhibió consistentes en copias fotostáticas simples de un acta de la sesión extraordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, y de un oficio con sello de recepción de veinte de febrero de la citada anualidad, carecen de valor probatorio. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo inserto se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia 194 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por otra parte, precisa señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el juzgador de que realmente existen. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Con base en lo anterior es factible sostener que los documentos exhibidos por el quejoso resultan insuficientes para acreditar la certeza del acto combatido; además, debe destacarse que omitió aportar un diverso medio de prueba que adminiculado con aquéllos perfeccione su contenido. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que la autoridad legislativa responsable sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de ese ente público en el acto que le reprochó es inconcuso que se patentiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto reprochado a la referida entidad pública. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto impugnado al Congreso de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazábal en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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