Jesús Candelario Torres Valenzuela

Expediente 1421/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1421/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Candelario Torres Valenzuela
  • Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja Californioa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, mediante el cual informa que en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral burocrático de origen, se requirió de nueva cuenta y se comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de que se constituyera a requerir el cumplimiento correspondiente. Requiere cumplimiento. Ahora bien, toda vez que el tribunal responsable precisó que la única prestación pendiente por cubrir son las cuotas relativas a las aportaciones de la parte quejosa por la cantidad de ******************** ********************). Requerimiento de cumplimiento. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, con copia que se les remita de la promoción que se provee, requiérase a la autoridad responsable Gobierno del Estado de Baja California, así como a las autoridades vinculadas Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, Recaudador de Rentas del Estado de Baja California y Tesorera de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a partir de que reciban la notificación del presente proveído, acrediten haber realizado las actuaciones correspondientes y de su competencia a efecto de retener al trabajador el importe correspondiente por cuotas y remita las constancias con las que acredite haber realizado el pago correspondiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Lo anterior, toda vez que les corresponde a las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California dar cumplimiento total al laudo condenatorio dictado en el expediente laboral ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en sus términos. De igual forma, requiérase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, para que dentro del mismo término, informe a este Juzgador la totalidad de actuaciones realizadas con posterioridad al veintisiete de los corrientes, dentro del expediente de mérito. Se hará efectiva multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a las PERSONAS FÍSICAS que ocupen los cargos correspondientes a las autoridades obligadas al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: *** Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. *** Notifíquese.

  2. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva (1) ********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO. Se difiere la audiencia incidental en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe previo, sin anexos, que remite el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en funciones de Juez de Ejecución, autoridad responsable en el presente incidente. Vista. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe en cuestión; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental relativa. Pruebas. No ofreció. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del que emana esta incidencia, con apoyo en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 139, 140 y 142, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1421/2023, promovido por (1) ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, de esta ciudad y otra autoridad. Audiencia incidental. Por otra parte, con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las doce horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. **** Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe previo relativo, que deben rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles para ello copia simple de la demanda respectiva. Desde luego, en tal informe las responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, acorde a lo dispuesto por el numeral 140 de la ley de la materia, así como podrán expresar las razones que estimen pertinentes respecto de la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberán proporcionar los datos a su alcance que permitan a este tribunal establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe previo dentro del término conferido, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario; y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan su informe previo vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia; en el claro entendido de que, de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Suspensión procedente. Respecto a la suspensión de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa, resulta dable citar, a fin de fundar la procedencia o no de tal medida, lo dispuesto por los artículos 128 y 138, ambos de la Ley de Amparo, mismos que, en lo conducente, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: --- I. Que la solicite el quejoso; y --- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. --- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: [...]" De la interpretación de tales preceptos se concluye que, la suspensión de los actos reclamados procede a petición de la parte quejosa, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público ni se siga perjuicio al interés de la sociedad; asimismo, que al resolver sobre la suspensión se deberá analizar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Precisado lo anterior, dado que la parte quejosa reclama presuntivamente la orden de reaprehensión, y su ejecución; con fundamento en los artículos 128, 163 y 166 de la vigente Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, en los siguientes términos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que sea recluida, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicitó al Juez la prisión preventiva porque consideró que otras medidas cautelares no eran suficientes para garantizar la comparecencia de la parte imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la parte imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el Juez del proceso penal acordó la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que se encuentre recluida, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En caso de que el acto reclamado privativo de la libertad, se trate de una orden o medida de protección impuesta en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128, que dice: ".no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial." Duración de la medida. Conforme al artículo 136 de la ley de la materia, la medida cautelar concedida surte sus efectos de inmediato y hasta en tanto que se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Alcance de la medida. Desde luego, esta providencia sólo se limita a los actos que nos ocupan, pero no abarca cualquier otro, ni surtirá efectos si el acto reclamado emana de una ejecutoria de amparo o de alguna autoridad diversa a las designadas por la parte quejosa como responsables. Garantía. Ahora, al haberse concedido la referida medida cautelar contra actos posiblemente derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se exige a la parte quejosa para que exhiba una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a entera satisfacción de este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas establecidas por la Ley; Debe decirse que si la parte solicitante del amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, en él deberá incluir la leyenda siguiente: "Se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control del presente billete de depósito"; asimismo deberá precisar que dicho billete de depósito es para garantizar los efectos de la suspensión provisional concedida por este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California y dentro del incidente de suspensión 912/2023. Lo anterior acorde al artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. En caso de que se opte por exhibir póliza de fianza, la Institución correspondiente deberá expedirla a favor de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, de igual forma, tendrá que expresarse que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que establecen los artículos 174, 175 y 282, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asimismo, tendrá que asentarse que la Afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el último numeral invocado. Dicha garantía se fija de forma discrecional, pues en la demanda de amparo no se establece la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, aunado a que, si bien dicha parte refiere que se pretende detenerla, sin embargo, tal circunstancia aún no se encuentra acreditada en autos. Por otra parte, una vez que se tenga certeza del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, la parte quejosa queda obligada a presentarse ante la autoridad que la reclame cuantas veces se le cite, en relación a los hechos que señala en su demanda, suspensión que surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia el presente acuerdo, aun cuando sea recurrido, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. ****En la inteligencia de que, conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, la parte quejosa no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional; no obstante lo anterior, mientras no se ejecuten los actos reclamados, la parte quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional; así como de no presentarse ante la autoridad que la reclame cuantas veces se le cite, en relación a los hechos que señala en su demanda. Salvedades. De igual forma, la suspensión concedida en este proveído, no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión, o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Con fundamento en el artículo 165, de la Ley de Amparo, en el caso en que se trate de flagrante delito, o bien si se ordenó su detención por urgencia administrativa por el Ministerio Público por algún delito que implique prisión preventiva oficiosa y ante el riesgo de que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, sexto párrafo, de la Constitución Federal; la medida suspensiva se concede para que una vez que la parte quejosa sea detenida, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que esté a disposición del representante social, sea puesto en libertad o consignado ante el Juez competente. De igual forma, para el caso de que el acto cuya ejecución se ordenó, haya sido ejecutado por la autoridad responsable antes de la notificación del presente proveído, el mismo debe ser revocado, para retrotraerlo al momento del otorgamiento de la suspensión, pues están obligados a acatar la suspensión a partir de este momento, así como a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. ****** Lo anterior, sin dejar de observar lo indicado con anterioridad por cuanto si se trata de delito implique prisión preventiva oficiosa; si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito; si se ordenó su detención por urgencia administrativa por el Ministerio Público por algún delito impliquen prisión preventiva y ante el riesgo de que la parte indiciada se sustraiga de la acción de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Federal; o bien si se trata de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 Constitucional, o el Ministerio Público la solicitó al considerar que otra medida sería insuficiente; en cuyo caso, como se indicó, la parte quejosa queda a disposición de este juzgado en el lugar en que sea recluida, por cuanto a su libertad personal, y a disposición del juzgado de la causa por lo que refiere al seguimiento del proceso respectivo. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, debe decirse que la medida suspensional otorgada no surtirá efecto legal alguno en caso que el acto reclamado privativo de la libertad, derive de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o bien, una medida cautelar concedida por autoridad judicial. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Notifíquese.

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