Jesús Campos Solórzano

Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1430/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Jesús Campos Solórzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Asimismo, como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jesús Campos Solórzano; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad responsable, un tomo de prueba consistente en copias certificadas relativas a la Averiguación Previa número CU-II-800/2014, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1430/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional del Ministerio Público Investigador de Jalpa de Méndez, Tabasco (Sede Regional en Cunduacán-Jalpa de Méndez-Nacajuca), y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1° párrafo tercero, 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, Jesús Campos Solórzano solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMO: 1.- LA FALTA DE EMISION O ACUERDO CON LO PETICIONADO EN EL ESCRITO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021. 2.- LA FALTA INTEGRACIÓN Y ENVIO DE LA AVERIGUACION PREVIA AP-CU-II-800/2014 A LA DIRECCION DE CONSULTA Y AMPARO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 3.- LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y PARALIZACION DE LAS SECUELAS PROCESALES ANTE LA OMISION DE ENVIAR LA AVERIGUACION PREVIA AP-CU-II-800/2014 A EFECTOS DE LA RESOLUCION DE LA INCONFORMIDAD PROMOVIDA. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RESPONSABLE, RECLAMO: 1.- LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y DETERMINACION DE PROCEDENCIA DE LA INCONFORMIDAD PROMOVIDA EN LA AVERIGUACION PREVIA AP-CU-II-800/2014. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. (SEDE REGIONAL EN CUNDUACÁN-JALPA DE MÉNDEZ-NACAJUCA). 2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTA Y AMPAROS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 3 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. 4 LORENZO LAURO QUIROZ DE LA CRUZ, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA MESA 8 DE LA DIRECCIÓN DE AMPAROS Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de agosto de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1430/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo únicamente por la autoridad responsable Lorenzo Lauro Quiroz De La Cruz, Fiscal del Ministerio Público Encargado de la Mesa 8 de la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por lo que en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la referida autoridad responsable su informe justificado. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, previo diferimiento la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La falta de integración y envío de la averiguación previa AP-CU-II-800/2014, a la Dirección General de Consulta y Amparos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para la confirmación o no de la consulta del no ejercicio de la acción penal por prescripción y la substanciación del escrito de inconformidad planteado por el ahora quejoso. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables denominadas Director de Amparo y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en representación de la Dirección General de Consulta y Amparos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (foja 19), y del Fiscal General del Estado de Tabasco (foja 24), y Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado de Tabasco (fojas 61 y 62), residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dichas negativas. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante los informes rendidos por las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dichos actos son inconstitucionales, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan los mencionados informes. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito al Sistema Tradicional, Región Número Tres de Jalpa de Méndez, Tabasco, al rendir su informe justificado no admite ni niega la existencia del acto reclamado; sin embargo, la certeza del mismo se desprende de la constancia que adjuntó a su referido informe, consistente en el acuse original del oficio 712, librado el seis de septiembre del presente año (foja 33); del que se desprende la existencia del acto que se le reclama. Documento al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de la constancia remitida por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrito al Sistema Tradicional, Región Número Tres de Jalpa de Méndez, Tabasco, al rendir su informe justificado, consistente en el acuse original del oficio 712, librado el seis de septiembre del presente año (fojas 33); se desprende que dicha autoridad remitió la averiguación previa AP-CU-II-800/2014, al Director de Amparos, de Resolución y Consulta de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para la consulta del no ejercicio de la acción penal por prescripción y la substanciación del escrito de inconformidad de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno; siendo que dicha consulta e inconformidad de la misma ya fueron resueltas en resolución de doce de septiembre del año actual, el cual le fue notificado al quejoso el seis del presente mes y año. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veintiséis de agosto de dos mil veintidós), indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había remitido la averiguación previa AP-CU-II-800/2014, al Director de Amparos, de Resolución y Consulta de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para la consulta del no ejercicio de la acción penal por prescripción y la substanciación del escrito de inconformidad; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe justificado, adjuntando un tomo de copias certificadas relativas a la Averiguación Previa número CU-II-800/2014, constante de (177) ciento setenta y siete páginas; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese un tomo de pruebas por cuerda separada de este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jesús Campos Solórzano, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de septiembre del año actual, esto es, manifiesta que desea ampliar su escrito de demanda respecto a la autoridad denominada licenciado Lorenzo Lauro Quiroz de la Cruz, Fiscal del Ministerio Público Encargado de la Mesa 8 de la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. En tales condiciones, se provee lo siguiente: Dado que se encuentra formulada en tiempo y forma la ampliación de demanda de amparo presentada por Jesús Campos Solórzano, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda respecto de la nueva autoridad responsable. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia VI.2º.C.J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable jurisdiccional que el plazo de quince días para que rinda o actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se comunica a la autoridad responsable licenciado Lorenzo Lauro Quiroz de la Cruz, Fiscal del Ministerio Público Encargado de la Mesa 8 de la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que se señalaron las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia simple de este acuerdo. Hágase saber lo anterior a las restantes autoridades señaladas como responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. INCIDENTE. No ha lugar a decretar la apertura del incidente de suspensión, pues si bien la parte quejosa señala de manera genérica en su tercer punto petitorio "Concederme la suspensión provisional de los actos reclamados a efecto de que se determine el envío y substanciación del recurso de inconformidad"; lo cierto es, que no obra capítulo expreso en el que precise si solicita o no la suspensión de los actos reclamados, lo cual constituye un requisito para decretar dicha medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo; debiéndose destacar que el incidente de suspensión puede ser promovido en términos del artículo 125 de la citada Ley. Además de que al observarse la naturaleza del acto reclamado, se trata de una dilación procesal, por tanto, su estudio será materia del fondo de la sentencia que se pronuncie en el presente juicio de amparo y no en el incidente de suspensión. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

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