Jesus Campos Gonzalez

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Jesus Campos Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en Guanajuato capital, a través del cual informa que no comparte el criterio adoptado por esta juzgadora en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés y remitió los autos del juicio 1368/2023-II de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, para la substanciación del conflicto competencial que se ha presentado. De lo que este órgano judicial tomo conocimiento para los fines legales conducentes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Guanajuato capital, mediante el cual adjunta el juicio de amparo 1368/2023 de su índice, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público VI de la Unidad de Investigación y Litigación en Guanajuato capital y otras. Lo anterior, por considerar que carece de competencia legal para conocer de la acción de amparo y la finca a los juzgados de Distrito en esta ciudad. Formación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 791/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. No se acepta la competencia declinada. Hágase del conocimiento al Juzgado declinante que este órgano no acepta la competencia planteada, por las siguientes consideraciones. Consideraciones previas. Debe señalarse que la competencia de los jueces de distrito se encuentra establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, norma que dispone, en orden de importancia, las reglas competenciales a seguir para distinguir qué juez de Distrito debe conocer un juicio de amparo, las cuales toman en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado, esto es: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la locución «ejecución material» es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En relación con ese elemento, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en la contradicción de criterios 7/2015 determinó que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Precisado lo anterior, la misma Sala en la contradicción de criterios 72/2020 indicó que los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos o declarativos. Caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama la orden de detención girada en su contra así como su ejecución. Ahora, en la contradicción de tesis 571/2012, la Primera Sala del Máximo Tribunal refirió que para estimar competente a una persona juzgadora de Distrito ante quien se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención o de aprehensión ¿Era forzoso que en la demanda se deba señalar autoridades responsables que residan en el lugar donde ejerce jurisdicción la referida persona juzgadora de Distrito? o ¿Deviene suficiente con mencionar -en los antecedentes- que en el domicilio del quejoso localizable dentro de la circunscripción territorial del citado Juez de amparo, se trata de ejecutar el acto reclamado? La Sala puntualizó que el aspecto de la controversia deriva de la etapa inicial del juicio de amparo, y destacó que el artículo 107, fracción VII, Constitucional, establece que la demanda de amparo debe promoverse ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, esto con la finalidad de facilitar a las personas el acceso a la justicia -supuesto que se regula en los mismos términos en el artículo 36, primer párrafo, de la anterior ley. Asimismo, determinó que para estimar competente al juez de Distrito del lugar en el que se presenta la demanda la amparo, no es forzoso que se señalen autoridades responsables dentro de su jurisdicción, pues basta que de los precedentes expresados bajo protesta de decir verdad, se advierta que en el domicilio del quejoso ubicado dentro de la circunscripción territorial del citado juez se trata de ejecutar la orden de aprehensión o de detención, ya que lógicamente, la naturaleza de dicho acto permite concluir que puede ejecutarse en cualquier lugar donde la persona sea localizada, por ejemplo, su propio domicilio. Destacó la relevancia de la protesta de decir verdad, y que por ello, el juzgador no debe desconocer lo manifestado por el peticionario de amparo, ya que en la fase inicial no se pondera la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; además, aludió a la obligación de interpretar la demanda de amparo de manera integral. Así, estimó que la omisión de la formalidad de referencia, puede enmendarse por el juzgador, a fin de no tomar nugatorio el derecho del impetrante de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado; por ello, consideró que en estos casos era necesario prevenirlo para que aclarara si era su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción, de las que de manera vedada menciona en su demanda, al referir que ciertas autoridades han acudido a su domicilio para detenerlo (supuesto específico materia de análisis). Precisó que, la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador, si el impetrante al desahogar la prevención, no hace señalamiento de autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del citado órgano de amparo. Enseguida, aclaró que las jurisprudencias del Pleno del Alto Tribunal de rubros: «competencia del juez de distrito. si no la declina pese a que la autoridad responsable ejecutora de su residencia negó el acto reclamado y dicha negativa no fue desvirtuada, el tribunal colegiado de circuito, al advertir esa incompetencia, en la revisión, ya por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, debe revocar la sentencia y remitir los autos al juez que considere competente» y «competente del juez de distrito. si la autoridad responsable cuya residencia la originó niega el acto reclamado y esta negativa no se desvirtúa, dicho juez debe declararse incompetente y remitir lo actuado al juez competente» no resolvían la materia de la contradicción, porque correspondían a diversa etapa y supuestos, dado que versan sobre asuntos en los que sí se señalaron autoridades responsables ejecutoras en el lugar del juez ante el que se presentó la demanda de amparo, pero negaron el acto, sin que el quejoso lograra desvirtuar dicha postura. La Primera Sala precisó que, con la solución propuesta, no se modifica el criterio relativo a que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de Distrito, pues implicaría dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; y aclaró que tampoco se prejuzga sobre la competencia del juez en los casos en que al cumplir la prevención se señalaran autoridades ejecutoras en su jurisdicción, al celebrarse la audiencia éstas nieguen el acto reclamado y no se desvirtúe su dicho, porque entonces, se actualizan las referidas jurisprudencias del Máximo Tribunal del País. En ese sentido, cuando se reclame una orden privativa de libertad el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden. Y la Sala del Máximo Tribunal del país, dispuso que necesariamente debe hacerse una prevención al quejoso en el sentido de señalar autoridades ejecutoras en la ciudad del juez que primeramente recibió la demanda; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen en el domicilio para la competencia del juez. Por tanto, si bien en el presente asunto la parte actora señaló a diversas autoridades responsables residentes en Celaya, Guanajuato, el juzgado declinante fue omiso en hacer una prevención al quejoso en el sentido de señalar autoridades ejecutoras en la ciudad de Guanajuato, prevención que es necesaria en atención a lo expuesto por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país. Por tanto, al no prevenirse a la parte quejosa en términos de lo indicado en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, es incuestionable que este juzgado no tendría que conocer de la acción, puesto que, posiblemente se llegue a ejecutar en aquella demarcación y se entraría a la regla de que en caso de tener ejecución en varias jurisdicciones, es competente aquel que previno en el conocimiento. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *** Domicilio y autorizados. Ahora, ya que el gestionante solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado, así como en la página oficial del Poder Judicial de la Federación; y, autorizada en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ****, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Correo electrónico para contacto.

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