Jesús Camargo Ramírez

Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
202/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Jesús Camargo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte se negó y por otra se concedió. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Jesús Camargo Ramírez y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del siete de septiembre pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del siete de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 202/2021-III, promovido por *********************, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como las rendidas por la responsable al remitir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 202/2021-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco del mismo mes y año, ******************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Estado de México. II. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se previno la demanda, la que se registró bajo el número 202/2021-III; por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda, en contra de tal proveído el quejoso interpuso recurso de queja, el que se radicó ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 117/2021, quien por resolución de ocho de julio del año en curso, declaró fundado el recurso interpuesto y ordenó admitir la demanda. Por auto de veinte de julio de la anualidad en curso, se admitió la demanda de amparo; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo además en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se puede leer en la página treinta y dos, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que, de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se observa que el acto reclamado por la parte quejosa es: El acuerdo de inicio de procedimiento administrativo del veintidós de enero de dos mil veinte, emitido en el expediente CHJ/PD/675/2016, por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Estado de México. TERCERO. La Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, acepta la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo del veintidós de enero de dos mil veinte, en el expediente CHJ/PD/675/2016. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto reclamado atribuido a dicha autoridad, pues su manifestación constituye confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias remitidas por la citada autoridad, donde se advierte el acuerdo de inicio al procedimiento administrativo CHJ/PD/675/2016 de veintidós de enero de dos mil veinte, constancias que este juzgado Federal les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 de dicho ordenamiento legal. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; al respecto resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 553, Tomo IV, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, la cual establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES EN EL JUICIO de AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De oficio, se advierte que respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo del veintidós de enero de dos mil veinte, emitido en el expediente CHJ/PD/675/2016, por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, en relación con el 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para corroborar la postura anterior, resulta pertinente reproducir lo que disponen los artículos previamente citados: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del contenido de las porciones normativas previamente transcritas establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Así, conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el quejoso se encuentra obligado a agotar, previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que contempla para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Además, los mismos preceptos prevén sendas excepciones al principio de definitividad, cuando: A) El acto reclamado carece de fundamentación. B) Sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. C) El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. D) En el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación el acto reclamado. En el caso, el quejoso reclamó el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, emitido por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Estado de México, en el procedimiento administrativo CHJ/PD/675/2016. Acto contra el cual, procedía el recurso administrativo de inconformidad y/o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 186, 187, fracción II, y 229, fracción II, del código de procedimientos administrativos de la mencionada entidad federativa, los cuales disponen: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.)". "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.)". De la transcripción de los artículos en cita se desprende que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso o juicio aludidos, entre otros actos, contra los administrativos de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Habida cuenta que en el presente asunto precisamente se reclama un acto del tipo enunciado (trámite), aunado a que el quejoso manifiesta que aquél tiene consecuencias de imposible reparación, lo que se relaciona con el numeral 123, apartado B, fracción XIII, Constitucional; de ahí que resulten procedentes los multicitados medios ordinarios de defensa en la vía ordinaria, ya que a través de ellos puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto impugnado, como enseguida se demuestra. A tal propósito, se emprenderá, en primer lugar, el estudio para justificar que previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse optativamente el recurso administrativo de inconformidad previsto en su artículo 186, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Del dispositivo legal reproducido se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo directo contra la sentencia que pronuncie en segunda instancia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria. Por lo tanto, a continuación se abordará el estudio para evidenciar que previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previsto en su artículo 229, ya que, en la especie, ninguna excepción al principio de definitividad se actualiza, tal como enseguida se demuestra. I. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS (PLAZO, REQUISITOS Y ALCANCE) El análisis comparativo entre los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 128 a 158 de la Ley de Amparo evidencia que ambos ordenamientos establecen requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En efecto, dicho tópico fue resuelto en la contradicción de tesis 2/2015, que el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió -por mayoría de votos- en sesión pública el uno de septiembre de dos mil quince, básicamente en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y tiene los mismos alcances; resolución de la cual derivó la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo y, específicamente, contra los actos reclamados, antes precisados, debía agotarse el juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de modo que su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone los mismos alcances al conceder la suspensión del acto impugnado, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, ni excede del plazo que prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de ese medio de control constitucional, el quejoso debió agotar el juicio contencioso ante el tribunal de lo contencioso administrativo local contra el acto reclamado. Luego, al no actuar en esos términos, dado que el quejoso acudió directamente al amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no cumplirse con el principio de definitividad. Máxime que, como se anticipó, en el presente asunto tampoco se actualizan las demás excepciones al principio de definitividad que rigen el juicio de amparo, tal como se demuestra a continuación: II. NO SE PLANTEARON EXCLUSIVAMENTE VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Esto es así, toda vez que únicamente se materializa una excepción al principio de definitividad inmerso en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el caso de que la parte quejosa haga valer exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, sin involucrar en la demanda reclamos de legalidad contra los propios actos que controvierte. En tales condiciones, cuando de manera simultánea se aducen violaciones directas e indirectas a la Constitución en la demanda de amparo, es inconcuso que con ello no opera excepción alguna al principio de definitividad, al ser factible para el afectado obtener la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso o juicio ordinario, pues al promoverlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que considera tiene la resolución. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, volumen 175-180, tercera parte, página 119, del rubro "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Entonces, si bien, es factible exceptuar el agotamiento del juicio contencioso para promover el juicio de amparo cuando la parte quejosa sólo hace valer violaciones directas a la Constitución, lo cierto es que tal excepción no se actualiza en la especie. Es así, porque de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el promovente no sólo alegó violaciones directas a la constitución, sino que también hizo valer tópicos de legalidad, toda vez que el quejoso se duele de que se dio inicio al procedimiento administrativo de separación de cargo con base en la falta cometida a su encomienda y/o trabajo, al considerar su probable incumplimiento a los deberes de disciplina que tiene como integrante de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Que no obran pruebas en el expediente que demuestren la supuesta irregularidad que se le pretende atribuir; que el acuerdo de inicio de procedimiento no se encuentra redactado de manera congruente; que el acuerdo de inicio de procedimiento no se encuentra debidamente fundado y motivado; y, que la responsable al determinar el inicio de procedimiento lo sustenta con un medio probatorio en copia simple. De donde claramente se desprende que el quejoso no sostuvo de manera única violaciones directas a la Constitución, sino que también señaló argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad del acto reclamado; cuestiones que por regla general deben ser dilucidadas precisamente por los tribunales de legalidad. De ello, se sigue que el accionante pretendió hacer valer violaciones indirectas a la Constitución, contra las cuales no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para los afectados obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estiman violatorio de derechos fundamentales, a través de los recursos ordinarios, dado que al interponerlos, los agraviados pueden alegar los vicios de legalidad que ostenta ese acto, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso o juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, los argumentos que sostienen la jurisprudencia P./J. 136/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, página 917, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." III. NO SE TRATA DE UN AMPARO CONTRA LEYES. Además, resulta importante destacar que del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa tampoco reclamó alguna norma jurídica en específico. En consecuencia, el quejoso, antes de promover el juicio de amparo contra los actos reclamados, debió agotar el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad responsable o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, como lo dispone el artículo 186, en relación con los diversos 187 y 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello, en razón que, si bien la exigencia de seguridad jurídica se apoya en la debida fundamentación y motivación de los actos, lo cierto es que el análisis de esos requisitos forma parte de la competencia de los tribunales ordinarios, los que están facultados para revisar y, en su caso, declarar la nulidad de los actos sometidos a su jurisdicción, por falta de dichos requisitos o su indebido cumplimiento. IV. EL QUEJOSO NO ES TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO. En cuanto a este punto, cabe decir que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sea promovido por terceros extraños al procedimiento. Al respecto, se tiene presente que el Máximo Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños a éste, pues en relación a ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del amparo, por lo que cuando se reclama un acto dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio", el tercero extraño a ese procedimiento, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 1a./J. 18/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, página 170, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." Empero, en el caso no se actualiza el supuesto aludido, pues el acto que reclama se dirigió a él, e incluso compareció al procedimiento administrativo, de ahí que no le reviste el carácter de tercero extraño, que justifique la promoción del medio constitucional sin observar el principio de definitividad. V. NO SE RECLAMAN ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Tampoco se surten las demás excepciones al principio de definitividad enunciadas previamente, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. VI. El AGRAVIADO NO SE QUEJA DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS CAREZCAN TOTALMENTE DE FUNDAMENTACIÓN. El quejoso no se duele de que los actos reclamados carezcan de fundamentación, pues se duele de la indebida fundamentación y motivación, pero no así a la ausencia total de las mismas. En efecto, la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes contra los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, excepto cuando el acto reclamado carece de fundamentación, lo que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto y esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo, como en el caso en concreto acontece, toda vez que el quejoso aduce que el inicio del procedimiento carece de la debida fundamentación y motivación y no así la ausencia total de dicho requisito; máxime que al observar el acto reclamado sin abordar su legalidad se evidencia la existencia de fundamentación y motivación, sin prejuzgar sobre si es o no debida. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, de modo que habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia. VII. El MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ESTÁ PREVISTO EN LEY. Además, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México se encuentra previsto en una ley formal y materialmente hablando, como lo es el código de procedimientos administrativos de la mencionada entidad federativa. VIII. LA IRREPARABILIDAD DE LOS ACTOS NO ES UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Ello es así, pues dentro de las excepciones al principio de definitividad no se encuentra la irreparabilidad del acto, pues si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 constitucional prevé la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. También es verdad que, como se puede observar, la procedencia en esos casos se encuentra sujeta a que no sean reparables mediante algún medio de defensa legal y, en esa medida, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que contempla para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) hizo patente el criterio de que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. Para llegar a tal conclusión, la superioridad mencionada advirtió que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, sostuvo que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Luego, explicó que el primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. En tanto que la regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, para lo que al presente asunto interesa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, en los juicios, el hecho de que se reclamen actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. La jurisprudencia a que se hace alusión es la identificada con el número 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónque es de observancia obligatoria tanto para los juzgados de Distrito y para los tribunales colegiados de circuitos, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En este contexto, tal como se anticipó, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, página 1329 de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Empero en el caso no se actualiza el criterio antes mencionado, pues se refiere a la procedibilidad del juicio de amparo respecto de aquellos actos que impliquen el inicio de un procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, sin tener que esperar el dictado de la resolución definitiva que lo concluya en el sentido de decretar tal separación. Circunstancia que es completamente distinta a la de agotar los medios de defensa ordinarios previamente a promover el juicio de amparo indirecto -los que efectivamente pueden resolverse desfavorablemente para el quejoso, y éste, promover válidamente el juicio de amparo en la vía directa-, pues se insiste en lo referido previamente, en el sentido de que la irreparabilidad de los actos reclamados, no constituye una excepción del principio de definitividad del juicio de amparo, según las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente invocadas. Por ende el criterio jurisprudencial al que se hace referencia, si bien señala que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva. Motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Como puede verse, todo ello alude a la causa de improcedencia del juicio constitucional, apoyada en la aplicación a contrario sensu, del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que contra los actos u omisiones acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deviene improcedente la acción de amparo. Sin embargo, dicha causal de improcedencia es obviamente distinta a la prevista en el diverso 61, fracción XX, de la ley en cita; por lo que no es lo mismo promover el juicio constitucional contra los actos u omisiones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sí sean de imposible reparación, a tener que agotar los medios ordinarios de defensa contra los actos reclamados en el juicio de amparo. Tanto es así que, en la ejecutoria origen de la jurisprudencia en cita, en ningún momento se analizó lo relativo al acatamiento del principio de definitividad, ni mucho menos se invocó la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con similares consideraciones a las antes asentadas en cuanto a la inaplicabilidad al caso, de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió el recurso de queja 135/2016 de su índice, en sesión de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado toda vez que lo pudo consultar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de tal manera se invoca, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, y de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 27/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 198220, consultable en la página 117, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época; de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.". En conclusión, en la especie, el quejoso no acredita haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra de los referidos actos, el juicio contencioso contemplado en la ley estatal de la materia resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por la parte promovente del amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió. Pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo de que se trata, con relación al acto previamente precisado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Téngase a la Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjunta a su informe. De conformidad con los numeral 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señala y el domicilio procesal que indica; se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta de este expediente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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