Jesus Caldera Mercado

Expediente 939/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
939/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Jesus Caldera Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. DESECHA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de cuenta, promovida por ***************************, contra actos del Juez Primero de lo Familiar Provisional con sede en Mexicali, Baja California. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 939/2019-7A que le corresponde e ingrésese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. "Artículo 113.-El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que éste motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el acto que en esta vía constitucional se reclama el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio sumario civil ******************** del índice del Juzgado Primero de lo Familiar Provisional con sede en Mexicali, Baja California, en el cual se impone a la parte quejosa una multa por diez veces el salario mínimo general vigente en la entidad, por el incumplimiento al diverso auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, al no haber depositado la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos. En la especie, se advierte que respecto del acto reclamado que aquí se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" La fracción transcrita contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter Constitucional, el quejoso debe acudir en primer lugar a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, pues precisamente, una de las finalidades de esta limitación es la de evitar los abusos en su promoción y con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por tal motivo, el legislador reservó la procedencia de esta instancia a las impugnaciones de las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, una vez que se haya agotado el recurso o medio de defensa, por virtud del cual aquéllas puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, por ello, toda vez que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados que lo promuevan, el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, tiene que concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso, lo que no ocurriría si el acto reclamado queda sin efectos. En ese sentido, frente al auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio sumario civil *******************, en el cual se impone a la parte quejosa una multa por diez días de salario mínimo general vigente en la entidad, previamente a incoar esta acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa, dictado en el juicio en comento, en el caso, el recurso de revocación. Se afirma lo anterior porque los elementos de actualización de la causa de improcedencia en estudio son: 1. Que el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; así como que esté previsto legalmente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, 3. Que por virtud de dicho medio, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Dichos requisitos se encuentran acreditados de la siguiente manera: 1. La determinación reclamada, proviene de un tribunal judicial, esto es, del Juzgado Primero de lo Familiar Provisional con sede en Mexicali, Baja California, derivada del juicio sumario civil ****************, instado en contra del aquí quejoso ******************, tal y como lo menciona en su demanda. 2. El acto impugnado, consistente en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, puede ser revocado, en términos de lo previsto por el artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que establece lo siguiente: "ARTICULO 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. ARTICULO 671.- La revocación debe pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, de la resolución que se impone, mismos que serán improrrogables, dándose vista a las demás partes por un tiempo igual y transcurrido dicho termino, el Juez deberá resolver pronunciándose dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de la responsabilidad." De lo expuesto, se concluye que ante la reclamación del impetrante procede previamente el medio ordinario de defensa previsto por el ordenamiento procesal civil para la Entidad Federativa. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 986, sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, página 678, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Igualmente cobra aplicación a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." También es de aplicarse al caso, la tesis de jurisprudencia establecida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR la demanda de garantías por notoriamente improcedente, pues no existe duda en que se pueda formar un criterio distinto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere en el mismo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. SE HACE LA ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE

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