Jesús Cabrera Segura

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Jesús Cabrera Segura

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, dése aviso a las autoridades responsables, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido vía ordinaria y electrónica por la Encargada de la Dirección de la Unidad con Medicina Familiar número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y su anexo. En términos de los artículos 9 y 28, fracción I, del ordenamiento legal citado, se tienen como delegados a los profesionistas que menciona, y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. De igual manera, se le tiene indicando el correo electrónico que señala, a efecto de facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, lo cual resulta ser meramente informativo, no así procesal. Como lo solicita la parte promovente, dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "Roberto1989", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que se registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en lo subsecuente únicamente las notificaciones a la autoridad responsable de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, autorizando la clave de usuario "Roberto1989"; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. La omisión de acordar lo solicitado. Mediante escrito de fecha 10 de diciembre del 2020 (sic)." Debe precisarse que si bien en el apartado transcrito, la quejosa señaló como acto reclamado el escrito de diez de diciembre de dos mil veinte, lo cierto es que la fecha del escrito es de diez de marzo del año en curso, tal como se advierte de la imagen del mismo inserta en el cuerpo de la demanda. También, de los antecedentes descritos en dicha demanda, se aprecia lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad manifestamos que los hechos y abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, son los relativos a que mediante escrito, de 10 de marzo del 2021, presentado ante la dirección de la unidad médica familiar número 9, Delegación Guerrero, el día antes citado, en el cual solicito estudios medios integrales por una posible invalidez degenerativa y hasta la fecha de hoy no me ha informado, violando mis garantías individuales precisamente mi derecho de petición, que consagra el artículo 8° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS." De tal modo, considerando que la parte quejosa destaca como acto reclamado la omisión de atender su petición presentada ante la responsable el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, como se muestra en el acuse de recibo insertado en su demanda, por violentar lo establecido por el artículo 8° de la Constitución Federal, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V de Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuanto: ... V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior..." El análisis gramatical de tal normativo, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De manera que, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al concluir su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo vigente, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso debe recordarse que el acto del que principalmente se duele la parte inconforme, se hace consistir en la omisión de acordar lo solicitado mediante escrito de fecha diez de marzo del año en curso. Ahora bien, de las constancias que se reciben en el informe de cuenta, firmado por la Encargada de la Dirección de la Unidad con Medicina Familiar número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, se aprecia que fue atendida dicha petición en la data que presentó el quejoso su escrito, a través de la consulta externa de medicina familiar atendida por el Subdirector médico de esa Unidad, adjuntando la nota médica correspondiente; por lo que es evidente que han cesado los efectos de la conducta reclamada, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no surte efectos. Es aplicable al particular, la tesis 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Tesis número P. CL/97, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Cabe aclarar que, dado que en el presente asunto se reclamó la omisión de acordar su petición presentada mediante escrito de diez de marzo del año actual, ante la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, no es dable otorgar al quejoso la vista que marcar el artículo 111 de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio contenido en la tesis VI.1o.A.54 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 2601, Tomo III, Libro 74, Enero de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 2021484, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado." En este contexto, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, el presente juicio se sobresee fuera de audiencia, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la Tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, programada para las once horas con diez minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno. Por otra parte, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y atendiendo a lo determinado en la circular SECNO/13/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de febrero del presente año, en la que se dieron a conocer las medidas adoptadas para los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana... se reanuda el trámite del presente asunto, así como los términos y plazos legales relativos a la tramitación del mismo. Por tanto, a fin de dar a oportunidad a que las partes tengan conocimiento que en esta fecha se reanudan los plazos y términos en el presente juicio, la audiencia constitucional se programa para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. Notifíquese.

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