Jesús Caballero Velázquez

Expediente 385/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
385/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Jesús Caballero Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los autos la razón del auxiliar de actuario, por medio del cual, manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 15266/2020, de trece de agosto del año en curso, dirigido a la autoridad responsable Subdirectora Jurídica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, toda vez que, al constituirse en el domicilio de dicha dependencia, el oficial que se encuentra en la entrada del inmueble no le permitió la entrada informando que no se encuentra nadie que pueda recibir el oficio, con motivo del "COVID-19", y que probablemente reanudarían labores hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, del estado procesal de autos, se advierte que los proveídos de cuatro de septiembre y cinco de octubre del año en curso, en los que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio en que se actúa y que el mismo causó estado, ordenando su archivo, sí fueron hechos del conocimiento de la citada dependencia, pues en las constancias de notificación respectivos, obra su sello de recepción, como se advierte a continuación: En consecuencia, y dado que con el oficio 15266/2020 de trece de agosto del año en curso, se pretendía notificar a la Subdirectora Jurídica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la reanudación del procedimiento del juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, dado que ya se encuentra concluido, este juzgado estima que ya no es necesaria su reexpedición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintiséis de agosto del año en curso, se reservó la reexpedición del oficio 15266/2020-VIII, de trece de los corrientes, dirigido a la autoridad responsable Subdirectora Jurídica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, hasta en tanto se reanuden labores en la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y toda vez que, de las constancias de notificación de los proveídos de cuatro de septiembre y cinco de octubre, se advierte que la citada dependencia ya se encuentra laborando, pues de las referidas constancias obra el sello de recepción de la dependencia en cita. En consecuencia, se ordena reexpedir el oficio 15266/2020-VIII, de trece de los corrientes, dirigido a la autoridad responsable Subdirectora Jurídica de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el entendido de que será destruido una vez que haya transcurrido el término de seis meses. Además no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto referido, a saber: No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. En el entendido que una vez que haya transcurrido el término de tres años, que establece el punto Décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto aludido, remítanse los presentes autos al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado al quejoso en proveído de trece de agosto del año que transcurre, sin que la quejosa realizara manifestación alguna respecto de las constancias remitidas por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a acordar lo conducente. En ese orden de ideas, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. (Registro: 188643, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. En ese orden de ideas, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa señaló como autoridad y actos reclamados, los siguientes: Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos se actualiza la causa de improcedencia, la cual reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. (Registro: 173878, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991) Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Registro: 193758, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38) En razón de que, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte lo siguiente: El acto reclamado consiste en la omisión de emitir resolución administrativa en el recurso de inconformidad R.I. 071/2018. Mediante oficio recibido en éste juzgado el once de agosto de dos mil veinte, la apoderada legal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución administrativa dictada el dos de marzo de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad R.I./071/2018 (ACUMULADOS: R.I. /077/2018, R.I./078/2018, R.I./079/2018 y R.I./080/2018), en los siguientes términos: El trece de agosto de dos mil veinte, y dado que se advertía la probable actualización de una causa de improcedencia, se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, el cual le fue notificado el diecinueve siguiente, sin que hubiera realizado manifestación alguna. En tales condiciones, con independencia del sentido de la resolución emitida, lo objetivamente cierto es que el dos de marzo de dos mil veinte, se emitió la resolución administrativa en el recurso de inconformidad R.I./071/2018 (ACUMULADOS: R.I. /077/2018, R.I./078/2018, R.I./079/2018 y R.I./080/2018), y la misma le fue dada a conocer al quejoso, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada a la Subdirectora Jurídica de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Por lo anterior, es que se estima que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que ya no existe la violación a las garantías alegadas por el demandante, pues la omisión reclamada dejó de existir. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por virtud de la emisión de la resolución administrativa dictada el dos de marzo de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad R.I./071/2018 (ACUMULADOS: R.I. /077/2018, R.I./078/2018, R.I./079/2018 y R.I./080/2018), y conocimiento que de la misma se advierte tuvo la quejosa, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que obra agregada la razón de veintiuno de agosto del año en curso, signada por el auxiliar de actuario, por la cual, informó que la Procuraduría Social de la Ciudad de México, reanudará labores hasta el uno de octubre de dos mil veinte, en razón de lo cual, se reserva el envío del oficio 18595/2020, relativo al presente acuerdo hasta en tanto se reanuden labores en la citada dependencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a los tercero interesados y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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