Jesús Bernardo Barba Castillo
Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jesús Bernardo Barba Castillo
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***, defensor particular del directamente quejoso **, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 02 Especializada en Homicidio y Lesiones Dolosas Juárez, con Residencia en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en tal virtud; fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 163/2021-V. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo, se estima notoria e indudablemente improcedente contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 02 Especializada en Homicidio y Lesiones Dolosas Juárez, con Residencia en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, consistente en la integración de la Carpeta de Investigación **; por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo; esto es así, atendiendo a que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107 fracción II, y 113, todos de la Ley de Amparo, así como, el artículo 21 de la carta magna, que establecen lo siguiente: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo...". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente que no excederá en ningún caso de 36 horas.". De las disposiciones legales trascritas, se desprende que la improcedencia del juicio de amparo, podrá resultar de alguna disposición de la constitución, ley o criterio jurisprudencial, sin que para ello sea necesario que exista una causa concreta de improcedencia, sino que, operará cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del artículo 61 de la ley de la materia o de algún criterio jurisprudencial emanado del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, para la aplicación de la fracción XXIII, debe relacionársele con otro precepto legal o constitucional, que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto, o con la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se tiene que el acto que se reclama es de los considerados procedimentales, que no causa ningún daño irreparable, pues la integración de una carpeta de investigación, con independencia de la forma en que ésta se realice, no implica algún pronunciamiento en torno a derechos sustantivos, ni hace nugatorio derechos de ninguna índole a quienes en ella intervienen o deben intervenir. Por tanto, en el supuesto de que se esté incurriendo en violaciones de orden procesal en el trámite de la indagatoria, dicha circunstancia no les impide ni hace nugatorio en perjuicio de la quejosa su derecho de hacer valer esas cuestiones ante la propia autoridad, por lo que dichos actos no se ubican en la hipótesis que prevé la fracción II, del artículo 107 de la ley de la materia, para que puedan combatirse en esta instancia extraordinaria. No pasa inadvertido que el artículo 21 constitucional, ha conferido a la institución del Ministerio Público la facultad exclusiva de iniciar la preparación de la acción penal, con la obligación de acreditar dentro de la fase de investigación los elementos del delito y la probable responsabilidad de los imputados; consecuentemente, a dicha institución, por mandato constitucional, se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos, debiendo para ello, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad del inculpado, es decir, debe aportar elementos demostrativos que acrediten la existencia del delito. Resulta oportuno puntualizar, que los inculpados gozan del derecho de defensa a fin de acreditar la inexistencia del ilícito, destruyendo las pruebas aportadas por el agente de indagación, pero a diferencia de la obligación de éste, para los indiciado representa una simple facultad potestativa, ya que, en todo momento subsiste la carga de aquél, de probar la actualización de los antisociales. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia por reiteración número I.2o.P. J/11, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 689, Tomo: V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso.". Igualmente, sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, Materia Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX Diciembre de 2004, página 351, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o, fracción I, 107, fracciones II y V, y 113 de la Ley de Amparo, así como el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo presentada a favor de ***, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. Ténganse al quejoso señalando para oír y recibir notificaciones de manera electrónica; asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos Jurisdiccionales, donde se encontró el registro único 72719, perteneciente a **; por tanto, téngase al impetrante autorizando al profesionista en mención, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y respecto a la personas que refiere únicamente ténganse autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otra parte, solicita la autorización para tener acceso al expediente mediante el portal de Servicios de Línea del Poder Judicial de la Federación así como las notificaciones que se generen, con la cuenta **; por tanto, se autoriza la consulta electrónica vía internet del presente expediente y las notificaciones que se generen en el presente asunto con el referido usuario, para que pueda acceder al citado por tal, en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico; asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico que refiere, para los efectos legales conducentes. Por tanto, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a dar de alta al referido usuario, con efectos de autorización en el sistema mencionado. Se faculta al Actuario adscrito a este juzgado, para que esté en posibilidad de practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede al promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar por el principio de máxima publicidad, acorde a lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando sea realizada una petición de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, serán proporcionadas, previa clasificación de la información reservada y confidencial. En la inteligencia que, en lo referente a los datos confidenciales, acorde a lo previsto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo podrán tener acceso los titulares de esa información, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; salvo que las partes en este procedimiento judicial expresen su consentimiento para la divulgación; por ello, desde este momento se les apercibe que en caso de no hacer manifestación al respecto, acorde a lo dispuesto por el punto cuadragésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se entenderá que no es su deseo se haga pública la información confidencial. En el entendido que acorde a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuadragésimo, de los referidos lineamientos, no será suficiente para considerar la información como confidencial, que con ese carácter sea entregada por las partes, ni se requerirá su consentimiento para hacer esa información pública, cuando: a) se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; b) tenga el carácter de pública; c) exista orden judicial; d) por razones de seguridad nacional y de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o, e) cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
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