JESÚS BALDERAS RODRÍGUEZ y Otros.
Expediente 342/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Balderas Rodríguez
- JESÚS BALDERAS RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico y por ende, destruible.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL AVISO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, del que se desprende que únicamente comparecieron ante este órgano jurisdiccional Jesús Balderas Rodríguez, Antonio Caldera Gutiérrez y Juan Francisco Díaz a efecto de ratificar el contenido del escrito de demanda recibido en este juzgado del uno de julio en curso; y, considerando que ha transcurrido el término de cinco días concedido al diverso quejoso Carlos Rodríguez Márquez para dar cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de cuatro de los cursantes, en consecuencia, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Rodríguez Márquez, en virtud que no acudió ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito de demanda que originó este expediente. Por otra parte, respecto de los diversos quejosos Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, se tiene por cumplido el requerimiento que se les hizo por auto de cuatro de julio de la presente anualidad. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como autoridades y acto reclamado: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene el carácter de ordenadora: La Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas. Tiene el carácter de ejecutora: La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. IV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Ordenadora: Se reclama la orden dada por escrito o en forma verbal a efecto de que se dejen de realizar los descuentos de nuestras nóminas de la cuota sindical y del seguro de vida. De la ejecutora: La ejecución que ha dado a la orden emitida por la autoridad ordenadora a efecto de que se dejen de realizar los descuentos de nuestras nóminas de la cuota sindical y del seguro de vida.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos son trabajadores de base de Gobierno del Estado de Zacatecas, adscritos a diversas dependencias y organismos paraestatales, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales. Que al ser sindicalizados, tienen la obligación de pagar su cuota sindical, así como la relativa al seguro de vida, lo que se hace por retención directa por parte de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, quien gira la orden correspondiente para que dichas cuotas sean retenidas por la Secretaría de Finanzas y ésta las remita al mencionado Sindicato. Refieren los quejosos que al pagar su cuota sindical, tienen derecho a recibir diversas prestaciones como son: seguro sindical, bono de útiles escolares, bono de aniversario, diecisiete días de salario, quinquenios, los días treinta y uno, bono de nueve días por no haberse disfrutado durante el año, becas, bono de lentes, reconocimiento por años de servicio, etcétera. Sin embargo, que el catorce de junio de la presente anualidad, se percataron que en su talón de cheque no venían realizados los descuentos respectivos a la cuota y seguro sindical; que ello trae como consecuencia, que no disfruten de los beneficios que se mencionan con antelación, sin que hayan recibido escrito o notificación alguna al respecto. De lo anterior se desprende, que el acto que los quejosos Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, reclaman de las autoridades responsables, Secretaría de Administración y Secretaría de Finanzas, ambas de Gobierno del Estado de Zacatecas, deriva de una relación laboral que tienen los trabajadores con diversas dependencias de Gobierno del Estado de Zacatecas, por lo que están sujetos al ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior no implica que las referidas dependencias, en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública; es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.6o.T.26 L, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 202602, del tenor: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Es importante establecer que órgano jurisdiccional, no desatiende el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), página 929, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, relativa a Julio de 2012, en la cual se establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, es transcendental destacar que la citada jurisprudencia no es aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente del acto que se reclame y de las autoridades que se señalen como responsables, sino que la misma se encuentra limitada a un caso en específico, en el que se trata de un autoridad carácter administrativo, verbi gracia, la Comisión Federal de Electricidad, en la que se reclama como acto la modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Lo que además, se advierte de la resolución de sustitución de jurisprudencia, en la que nuestro más alto tribunal determinó: Que no es verdad que la redacción de la referida jurisprudencia impida que los jueces de distrito determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Que la aplicación de la misma es, al determinar que cuando se reclame el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el juez federal, en el auto inicial de trámite que se dicte, no está en condiciones jurídicas y materiales para llevar a efecto el estudio de ese acto con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. E insiste, lo que dicha jurisprudencia establece está acotado a un caso particular partiendo de un premisa general, como lo es que cuando una causal de improcedencia requiere de un análisis exhaustivo para evidenciarla, no puede considerarse manifiesta e indudable, y por ende, lo que procede es admitir la demanda de amparo y no desecharla. Que en ese sentido, si a lo largo de la ejecutoria quedó evidenciado que las consideraciones que sustentan el criterio que se sostiene, en relación a la imposibilidad del juez de distrito de que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, analice si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por no ser tal actuación procesal la oportuna para ello, acotado a un caso en particular, esto es, cuando lo que se reclama es el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de la tarifas de suministro y venta de energía eléctrica, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", lo que así quedó fielmente reflejado en el cuerpo de la tesis de jurisprudencia de marras; entonces, el rubro de la tesis cuya sustitución se solicita, en el que se sostiene precisamente que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe analizarse en conjunción con el propio contenido de la jurisprudencia de mérito y no aisladamente. Que no obstante, aun cuando como se evidenció, está expresamente señalado en el cuerpo de la propia jurisprudencia el elemento relevante del caso del que derivó el criterio jurisprudencial correspondiente; en aras de brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar con ello su localización; esta Segunda Sala estima procedente aclarar dicho rubro para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." En consecuencia, para su debida difusión, comuníquese la anterior determinación a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, a fin de que proceda a la publicación del rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), con la adición propuesta, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, del que se desprende que únicamente comparecieron ante este órgano jurisdiccional Jesús Balderas Rodríguez, Antonio Caldera Gutiérrez y Juan Francisco Díaz a efecto de ratificar el contenido del escrito de demanda recibido en este juzgado del uno de julio en curso; y, considerando que ha transcurrido el término de cinco días concedido al diverso quejoso Carlos Rodríguez Márquez para dar cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de cuatro de los cursantes, en consecuencia, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Rodríguez Márquez, en virtud que no acudió ante este órgano jurisdiccional a ratificar el escrito de demanda que originó este expediente. Por otra parte, respecto de los diversos quejosos Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, se tiene por cumplido el requerimiento que se les hizo por auto de cuatro de julio de la presente anualidad. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como autoridades y acto reclamado: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene el carácter de ordenadora: La Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas. Tiene el carácter de ejecutora: La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. IV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la Ordenadora: Se reclama la orden dada por escrito o en forma verbal a efecto de que se dejen de realizar los descuentos de nuestras nóminas de la cuota sindical y del seguro de vida. De la ejecutora: La ejecución que ha dado a la orden emitida por la autoridad ordenadora a efecto de que se dejen de realizar los descuentos de nuestras nóminas de la cuota sindical y del seguro de vida.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejosos son trabajadores de base de Gobierno del Estado de Zacatecas, adscritos a diversas dependencias y organismos paraestatales, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales. Que al ser sindicalizados, tienen la obligación de pagar su cuota sindical, así como la relativa al seguro de vida, lo que se hace por retención directa por parte de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, quien gira la orden correspondiente para que dichas cuotas sean retenidas por la Secretaría de Finanzas y ésta las remita al mencionado Sindicato. Refieren los quejosos que al pagar su cuota sindical, tienen derecho a recibir diversas prestaciones como son: seguro sindical, bono de útiles escolares, bono de aniversario, diecisiete días de salario, quinquenios, los días treinta y uno, bono de nueve días por no haberse disfrutado durante el año, becas, bono de lentes, reconocimiento por años de servicio, etcétera. Sin embargo, que el catorce de junio de la presente anualidad, se percataron que en su talón de cheque no venían realizados los descuentos respectivos a la cuota y seguro sindical; que ello trae como consecuencia, que no disfruten de los beneficios que se mencionan con antelación, sin que hayan recibido escrito o notificación alguna al respecto. De lo anterior se desprende, que el acto que los quejosos Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, reclaman de las autoridades responsables, Secretaría de Administración y Secretaría de Finanzas, ambas de Gobierno del Estado de Zacatecas, deriva de una relación laboral que tienen los trabajadores con diversas dependencias de Gobierno del Estado de Zacatecas, por lo que están sujetos al ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior no implica que las referidas dependencias, en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública; es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.6o.T.26 L, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 202602, del tenor: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Es importante establecer que órgano jurisdiccional, no desatiende el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), página 929, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, relativa a Julio de 2012, en la cual se establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, es transcendental destacar que la citada jurisprudencia no es aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente del acto que se reclame y de las autoridades que se señalen como responsables, sino que la misma se encuentra limitada a un caso en específico, en el que se trata de un autoridad carácter administrativo, verbi gracia, la Comisión Federal de Electricidad, en la que se reclama como acto la modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Lo que además, se advierte de la resolución de sustitución de jurisprudencia, en la que nuestro más alto tribunal determinó: Que no es verdad que la redacción de la referida jurisprudencia impida que los jueces de distrito determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Que la aplicación de la misma es, al determinar que cuando se reclame el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el juez federal, en el auto inicial de trámite que se dicte, no está en condiciones jurídicas y materiales para llevar a efecto el estudio de ese acto con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. E insiste, lo que dicha jurisprudencia establece está acotado a un caso particular partiendo de un premisa general, como lo es que cuando una causal de improcedencia requiere de un análisis exhaustivo para evidenciarla, no puede considerarse manifiesta e indudable, y por ende, lo que procede es admitir la demanda de amparo y no desecharla. Que en ese sentido, si a lo largo de la ejecutoria quedó evidenciado que las consideraciones que sustentan el criterio que se sostiene, en relación a la imposibilidad del juez de distrito de que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, analice si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por no ser tal actuación procesal la oportuna para ello, acotado a un caso en particular, esto es, cuando lo que se reclama es el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de la tarifas de suministro y venta de energía eléctrica, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", lo que así quedó fielmente reflejado en el cuerpo de la tesis de jurisprudencia de marras; entonces, el rubro de la tesis cuya sustitución se solicita, en el que se sostiene precisamente que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe analizarse en conjunción con el propio contenido de la jurisprudencia de mérito y no aisladamente. Que no obstante, aun cuando como se evidenció, está expresamente señalado en el cuerpo de la propia jurisprudencia el elemento relevante del caso del que derivó el criterio jurisprudencial correspondiente; en aras de brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar con ello su localización; esta Segunda Sala estima procedente aclarar dicho rubro para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." En consecuencia, para su debida difusión, comuníquese la anterior determinación a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, a fin de que proceda a la publicación del rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), con la adición propuesta, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz y Antonio Caldera Gutiérrez, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz, Antonio Caldera Gutiérrez y Carlos Rodríguez Márquez, contra actos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 342/2016-II. Ahora bien, toda vez que de la demanda de cuenta, se advierte que son cuatro los promoventes del amparo, a saber: Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz, Antonio Caldera Gutiérrez y Carlos Rodríguez Márquez; sin embargo, al calce de la mencionada demanda, obran únicamente tres rúbricas ilegibles, sin que se advierta a quien corresponda cada firma, por lo que se concluye, uno de los mencionados quejosos omitió asentar su firma correspondiente; sin que se advierta que el Oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas ni el Oficial de la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, al recibir la demanda de amparo de cuenta, hayan anotado en la razón o acuse correspondiente que se presentó sin firma autógrafa respecto de alguno de dichos promoventes; en consecuencia, dicha omisión genera la presunción en el sentido que la demanda de referencia se presentó en original y con las referidas firmas. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), publicada en la página tres mil seiscientos treinta y dos, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000130, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente a la admisión o no de la demanda de amparo respecto de los quejosos Jesús Balderas Rodríguez, Juan Francisco Díaz, Antonio Caldera Gutiérrez y Carlos Rodríguez Márquez, con fundamento en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de cinco días legalmente computados, acudan a este órgano jurisdiccional a efecto de manifestar si ratifican el contenido de la demanda de cuenta o bien, si no es su deseo se lleve a cabo el trámite de la misma; apercibidos que de no comparecer dentro del término concedido al efecto, la demanda de amparo de cuenta se tendrá por no presentada, ante la imposibilidad de establecer a quién o quienes corresponden las tres firmas que obran al calce de la demanda de cuenta. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Angélica Jara Mendoza; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle Tacuba número ciento cincuenta y dos, interior cuarenta y cuatro "A" (152-44 "A"), zona centro en la ciudad de Zacatecas.
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