Jesus Bacilio Flores
Expediente 1355/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesus Bacilio Flores
- Antonio Ramirez Paulino
- Esteban Morales Castro
Actuaciones
- Principal
************* Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (Fojas 49 a 53), mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. ***********
- Principal
Visto el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por el cual hizo efectiva la medida de apremio a la parte demandada, consistente en una multa de doscientos días de salario mínimo vigente, dentro del juicio laboral 12/2009; constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite en el oficio de cuenta, se advierte que el acto reclamado es inexistente, por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, [1] Quintil Pérez Luna, [2 ] Rufino Andraca Santos, [3] Francisco Padilla Ramírez, [4] Faviola Morales Carrillo, [5] Obdulia Vega Martínez, [6] Irma Domínguez Bobadilla, [7] Pedro Rosas Sánchez, [8] Alejandrina Apolinar Gutiérrez, [9] Severiano Salas Barrios, [10] Roberto Asunción Jiménez, [11] Juan Llano Trinidad, [12] Griselda Ramírez Octaviano, [13] Jesús Bacilio Flores, [14] Esteban Morales Castro, [15] Faustino Morales Hernández, [16] Antonio Ramírez Paulino, [17] Victoriano Sánchez Sánchez, [18] Refugio Tolentino Rivera, [19] David Maldonado Mancilla, [20] Eleocadio Domínguez Ortega, [21] Margarito Narciso Sánchez, [22] Miguel Ángel Eladio Cuevas, [23] Santiago Jacinto Gatica, [24] Emiliano Jiménez de Jesús, [25] José Alfredo Morales Jiménez, [26] Agustín Rosas de Jesús, [27] Gregorio de la Cruz Bernabé, [28] Juan Flores Antonio, [29] Juvenal Meza García, [30] Bonifacio Bernabé Olivan, [31] Filadelfo Rosas Linares y [32] Esteban Hermenegildo Abarca García, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que hicieron consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el trece de agosto del año en curso, a efecto de hacer efectiva la medida de apremio a la parte demandada, en el juicio laboral 12/2009. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que el presidente del tribunal laboral había sido omiso en acordar el escrito presentado trece de agosto de dos mil diecinueve, referente a la imposición de la medida de apremio a la parte demandada y el cumplimiento del laudo. En el caso, la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, envió copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, del que se advierte que hizo efectiva la medida de apremio a la parte demandada, consistente en una multa de doscientos días de salario mínimo vigente, en atención al escrito presentado por la parte actora el trece de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 12/2009. A lo anterior, se toman las consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por otro lado, de autos se advierte que los promoventes presentó su demanda de amparo el dos de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte de la boleta y sello de recibo que obran a foja uno de autos. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque al momento de presentar su demanda de amparo, la autoridad responsable en veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ya había acordado la omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Sin que sea óbice lo anterior, que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, lo siguiente: "LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO." (foja 2). Ahora, de las constancias que adjunta la responsable, las cuales como ya se dijo, merecen pleno valor probatorio, se advierte que el acto reclamado es inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Por tanto, en el capítulo de existencia, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al cumplimiento de laudo dictado en el juicio laboral 12/2009. De las constancias que adjunta la autoridad responsable al oficio de cuenta, se conoce que en veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, únicamente se impuso multa y se requirió a la demandada el cumplimiento del laudo. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda la autoridad responsable no está en condiciones de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 12/2009, dado que de autos se advierte que la parte actora no solicitó que se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo condenatorio. En esas condiciones, dado que en dos de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso presentó la demanda de amparo; sin embargo, en veintitrés de agosto del año en curso, dictó auto de requerimiento e imposición de multa dentro del juicio laboral 12/2009, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. Sin que pase desapercibido el criterio de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."; no obstante, en este asunto, es indudable que al momento de presentar la demanda, la autoridad laboral ya había acordado lo solicitado por la parte actora en el juicio de origen, lo que no puede desvirtuarse por diversa prueba. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las catorce horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 16). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
******** Visto el escrito de cuenta presentado por *********, en su carácter de Sindica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero, personalidad que acredita con la documental que anexa; por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida dicha personalidad. En ese sentido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele apersonada al presente juicio en su carácter de representante del tercero interesado. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcelo Quintana Barrera, toda vez que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Sin embargo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que señala, toda vez que no cuentan con su cedula profesional registrada en el sistema aludido. Finalmente, se tiene al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero, desahogando el requerimiento de tres de octubre de dos mil diecinueve y para tal efecto informa que el catorce de octubre del año en curso, recibió el oficio 27053/2019 por el cual se ordena emplazar a juicio; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales correspondientes. *
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por [1] Quintil Pérez Luna, [2 ] Rufino Andraca Santos, [3] Francisco Padilla Ramírez, [4] Faviola Morales Carrillo, [5] Obdulia Vega Martínez, [6] Irma Domínguez Bobadilla, [7] Pedro Rosas Sánchez, [8] Alejandrina Apolinar Gutiérrez, [9] Severiano Salas Barrios, [10] Roberto Asunción Jiménez, [11] Juan Llano Trinidad, [12] Griselda Ramírez Octaviano, [13] Jesús Bacilio Flores, [14] Esteban Morales Castro, [15] Faustino Morales Hernández, [16] Antonio Ramírez Paulino, [17] Victoriano Sánchez Sánchez, [18] Refugio Tolentino Rivera, [19] David Maldonado Mancilla, [20] Eleocadio Domínguez Ortega, [21] Margarito Narciso Sánchez, [22] Miguel Ángel Eladio Cuevas, [23] Santiago Jacinto Gatica, [24] Emiliano Jiménez de Jesús, [25] José Alfredo Morales Jiménez, [26] Agustín Rosas de Jesús, [27] Gregorio de la Cruz Bernabé, [28] Juan Flores Antonio, [29] Juvenal Meza García, [30] Bonifacio Bernabé Olivan, [31] Filadelfo Rosas Linares y [32] Esteban Hermenegildo Abarca García, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, personalidad que se le reconoce con la copia certificada del auto de trece de enero de dos mil nueve que anexa; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número que legalmente le corresponde 1355/2019 y fórmese expediente. ADMISIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. No es obstáculo que la parte quejosa, señale como autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 13, fracción VII del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Se hace saber a las partes que deberán manifestar cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando se actualicen causas notorias de sobreseimiento; de igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero); por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. Asimismo, se requiere al citado tercero interesado, para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta pesos con 60/100 moneda nacional). NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica.
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