Jesús Avecedo Ramírez
Expediente 473/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Avecedo Ramírez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de referencia para los efectos legales procedentes Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la carátula del expediente y archívese el presente asunto como concluido. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, en el que no existen documentos originales y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en autos; por lo tanto, se provee en los siguientes términos: PROPUESTA DEMOSTRATIVA Analizado el escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: La falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso. La orden de detención y/o aprehensión emitida por las autoridades responsables ordenadoras, en su contra. SEPARACIÓN Atento a lo anterior, se advierte que los actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, por lo que el suscrito considera que se actualiza la hipótesis de separación de juicios, acorde con las consideraciones que a continuación se exponen. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 13. (.) Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda (.)" Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado los criterios de rubros siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." De los criterios invocados se advierte que si bien la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, es incorporada a través de la jurisprudencia, deduciéndola a contrario sensu de lo que establece el artículo 13 de la Ley de Amparo. En efecto, la separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; luego, al decretarse la separación el Juez proveerá la formación de los expedientes que en derecho resulten y dará el trámite correspondiente, ello en aras de una mejor administración de justicia. HECHOS En el caso, el quejoso reclama diversos actos reclamados, los cuales han quedado precisados con anterioridad, advirtiéndose que los mismos están desvinculados entre sí. CONCLUSIÓN Por lo tanto, en aras de una adecuada impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE ORDENA LA SEPARACIÓN DE JUICIOS, en el entendido que este expediente se seguirá respecto del acto que reclama el quejoso **********************, consistente en: La falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso. En congruencia con lo anterior, obténganse copia de la demanda y escrito aclaratorio, que dio origen al presente juicio para formar el legajo relativo que se remitirá a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a fin que se le dé el turno correspondiente y se forme nuevo juicio de amparo por el acto consistente en: ? La orden de detención y/o aprehensión emitida por las autoridades responsables ordenadoras, en su contra Lo anterior es así, en razón que en el caso a estudio, es evidente y manifiesta la causa de separación de juicios, por lo que en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DECRETA DE PLANO. 1. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO MATERIA DE ESTE JUICIO Antes de entrar al estudio del acto que corresponde conocer a este juzgado, en primer lugar resulta pertinente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, por tener relación con el tema conviene destacar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo lo siguiente: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: a) Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. b) Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". c) Que el Alto Tribunal de Justicia en el País ya ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; d) Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y e) Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar y/o notificar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De las anteriores consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones válidamente pueden trasladarse al caso en estudio, en el que se reclama la falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso, pues el precepto constitucional analizado por el Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no contemplaba la citación del indiciado y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, disponen expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificar al indiciado la integración o existencia de alguna carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma o informarle sobre su existencia, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, acorde con los artículos aquí invocados se colige que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso, ya que dicha fase procedimental no irroga a la persona contra quien se inicia perjuicio alguno, en razón que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto reclamado en esta vía no causa al quejoso un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intentan. En efecto, la revisión de los actos acaecidos durante la investigación en su etapa inicial a través del juicio de amparo indirecto es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función investigadora del Ministerio Público, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al órgano investigador de acreditar determinados eventos, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que existe la probabilidad que el indiciado participó en su comisión, por lo que lejos de estimarse un despropósito, se trata del cumplimiento al mandato constitucional dispuesto en el artículo 21 de la Norma Fundamental. Bajo esa óptica, la falta de citación y/ notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso, es decir la omisión que relama, son actos que no le irrogan perjuicio alguno, estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Además, la propia Constitución en el artículo 20, inciso B, fracción VI dispone que uno de los derechos del imputado es el relativo a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, condicionando el acceso a los registros de investigación, por parte del imputado y su defensor, cuando acontezcan dos supuestos: a) el imputado se encuentre detenido; y, b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo, lo que en el caso en estudio no acontece; de ahí que los actos que nos ocupan no irrogan hasta este momento procesal perjuicio alguno al quejoso, resultando por lo tanto improcedente el amparo contra ellos intentado. Tiene aplicación al caso la tesis de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja número ********************** de su índice. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por cuanto al acto en estudio.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Analizada la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio ********** que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que haya lugar a decretar la suspensión de plano en este asunto, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, debido a que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no esta detenido ni incomunicado, puesto que es él quien signa la demanda, además que reclama la falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso; por lo que los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que menciona son de carácter futuro e incierto, de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en ese artículo. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.)." De los artículos y fracciones transcritas, se advierte la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. HECHOS En el caso, de la lectura integral al escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables lo siguiente: La falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en contra del quejoso. Sin embargo, de la lectura integral a su demanda de amparo, se observa que en su segundo concepto de violación menciona "ya que las responsables tratan de detenerme y privarme de mi libertad". CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que la demanda de amparo es irregular en cuanto a los actos reclamados por la parte quejosa, siendo que tal dato resulta necesario para fijar la litis. REQUERIMIENTO En consecuencia, para permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, conforme con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, computado legalmente, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. Precise si señala como acto reclamado destacado, la falta de citación y/o notificación del inicio de uno o varios procedimientos de carácter penal en su contra, o si además señala la orden de detención. 2. En caso de reclamar una orden de detención, precise la fecha en que tuvo conocimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se proveerá lo conducente únicamente respecto de los actos precisados en el capitulo respectivo, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. Se hace del conocimiento del promovente del delito en que pudiera incurrir quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales por lista de acuerdos. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como su autorizado en términos restringidos a **********, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Notifíquese.
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