Jesus Aurelio Ramirez Muñoa

Expediente 1220/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1220/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Jesus Aurelio Ramirez Muñoa

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega en autos la copia de conocimiento y el oficio con firma electrónica y autógrafa del Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" y del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 4, ambos del Servicio de Administración Tributaria, por medio de los cuales, el primero, informa que remitió a la Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3, copia certificada de los oficios 38390/2022 de dos de septiembre y 39694/2022 de doce de septiembre del año en curso, a efecto de que proceda a hacer efectiva la sanción pecuniaria a Nicolás Blancas Lima, Subdelegado de Prestaciones de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el segundo, informa que una vez replique en los sistemas institucionales respectivos, se procederá a la emisión de la línea de captura y será remitida a la central del citado instituto, a efecto de que se cubra el interés fiscal, derivado de la sanción aludida; tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    *** Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios de la delegada del Director General y de la delegada del Fondo de la Vivienda, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Estado, por medio de los cuales, el primero informa que mediante oficio 600.602/JS/ASR/31016/2022, solicitó al Vocal ejecutivo del citado Fondo, el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; y, el segundo en cumplimiento al proveído de veintitrés de agosto del presente año, manifiesta que para estar en posibilidad de girar la carta instrucción para la liberación de la garantía hipotecaria, con la finalidad de que se protocolice el acto es necesario que sea designado el notario de su preferencia; que no es un documento que se solicite a capricho de esa autoridad, sino que es un requisito indispensable con el cual el notario debe contar para encontrarse en condiciones de expedir el instrumento notarial que avale la cancelación. Asimismo, manifiesta que la cancelación de hipoteca no es un acto que pueda realizar de forma unilateral, ya que no es posible que la referida designación la realice a su arbitrio; y, que al realizar cualquier trámite de tal índole se deben realizar pagos de derechos, impuestos e inclusive los honorarios del notario que realiza la expedición del instrumento notarial, los que dice no corren a cargo del Fondo de la Vivienda y debe realizarlos la quejosa. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, cabe precisar a la responsable que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto de que las autoridades están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, sin que pueda discutirse en forma alguna los alcances de esta, por tanto, dichas autoridad, se encuentra constreñida indefectiblemente a la realización de los trámites necesarios, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, a fin de evitar que se le apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional; esto es, su obligación de cumplir con la sentencia amparadora, no es oponible excusa, pretexto o dilación alguna, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, considerando que en la sentencia que concedió el amparo y protección concedidos a la quejosa, se fijaron como efectos, los siguientes: Esto, es que las cantidades indebidamente descontadas a la quejosa deben pagarse actualizadas, se decrete el cumplimiento por pago total del contrato aludido y se proceda a la liberación o cancelación de la hipoteca en el Registro Público de la Propiedad, sin imponer a la quejosa el cumplimiento de requisitos adicionales, incluso el pago de suma alguna con motivo de los trámites relativos, pues precisamente el amparo concedido obedeció a la imposibilidad de la misma para obtener recursos monetarios derivado de su condición de invalidez. Asimismo, deberá acreditar ante este juzgado el pago de la suma actualizada que importan los descuentos indebidamente realizados a su pensión, máxime que la documental que exhibe para demostrar que no tiene adeudo con la quejosa, por dicho concepto, no muestra el cálculo realizado para determinar debidamente la cantidad que procede pagarle. Por tanto, con fundamento en el referido artículo 192, párrafo primero, se REQUIERE al Titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En adición a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, se REQUIERE al Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá realizar la liberación de la hipoteca, para lo cual deberá amortizar los gastos que en dinero se generen. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir el presente requerimiento, sin causa justificada, se realizará lo siguiente. a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193, de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258, de la citada Ley, y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197, de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del citado artículo 193, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintidós, el Secretario Juan de Dios García Munguía, da cuenta con el oficio con número de correspondencia 20380 y anexos que se acompañan, consistentes en un testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión R.A. 238/2022, tres copias del mismo y el expediente original 103/2021 en un tomo.- Conste. Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contiene el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de once de agosto del año en curso, en el toca R.A. 238/2022, al cual se adjuntan tres copias del mismo y el expediente original del juicio 103/2021 en un tomo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos tomando conocimiento de su contenido, y glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MA. TERESA TEJEDA VIVAS contra la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte por el Titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el expediente CEAV/CIE/005/2018." Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que, por un lado se sobreseyó y por otro se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, uno de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, solicita una prórroga para cumplir con el fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. Como lo solicita la autoridad oficiante con apoyo en el artículo 297 fracción I, del código aludido, SE LE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de doce de julio de dos mil veintidós. Notifíquese

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