Jesus Arzave Castañeda
Expediente 758/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jesus Arzave Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, y el duplicado es susceptible de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante oficio presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Jesús Arzave Castañeda, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV. ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Responsable reclamo la falta de acceso a la justicia, en virtud de que desde el día 03 de mayo del año en curso y hasta la presente fecha el suscrito compareciente he acudido en múltiples ocasiones al Juzgado Civil de San Pedro Coahuila, a efectos de que me faciliten la consulta de mi expediente 251/2021, situación que hasta la presente fecha no acontece, ya que me dicen los encargados del archivo que no se encuentra disponible porque está ocupado, por lo que ese me está negando el acceso a la justicia violentando los artículos 14 y 16 constitucionales.". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 5 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el original de la demanda de amparo promovida por Jesús Arzave Castañeda, al haber declarado carecer de competencia para conocer de la misma, la fue admitida en esa fecha, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 758/2021-VA, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, carecen de ejecución por ser de carácter omisivos y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La parte quejosa reclama la negativa por parte de la autoridad responsable a facilitarle el expediente 251/2020 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en San Pedro de las Colonias Coahuila de Zaragoza, respecto del cual aduce que es parte demandada. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en San Pedro de las Colonias Coahuila de Zaragoza, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuye el quejoso, consistente en la negativa a facilitarle el expediente 251/2020, respecto del cual le asiste el carácter de demandado, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la mencionada autoridad responsable al rendir su informe justificado, en torno al acto reclamado que se le atribuye, le corresponde a la parte quejosa demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si la autoridad negó la certeza de los actos de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, es inexistente el acto que le atribuye a dicha autoridad. No se soslaya que dicho acto reviste el carácter de negativo, sin embargo, en el caso la carga de la prueba le correspondía a la parte quejosa, atendiendo a lo siguiente: Primeramente, conviene indicar que dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros, implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad. Sirve de apoyo la tesis sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1755, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 316826 de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo". Ahora, tratándose de un acto positivo, su existencia debe demostrarla quien afirma que existe, es así, que si el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico, pero si la autoridad responsable lo niega, ello implica que el quejoso tendría la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplegó la acción. En cambio, no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo (por omisión o abstención), ya que no sería factible acreditar que las autoridades no han hecho o se han abstenido de hacer algo. Es importante destacar que se considera que la carga probatoria respecto a la existencia de un acto negativo, tiene reglas especiales, propias de cada caso, que atienden a que aun cuando ese acto se reclame como tal puede tener naturaleza positiva. Así, cuando el acto reclamado envuelve hechos positivos, implica que el quejoso afirma que las autoridades responsables desplegaron una acción, como en el caso sucede, al reclamar el amparista, que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en San Pedro de las Colonias Coahuila de Zaragoza, se niega a facilitarle el expediente 251/2020, respecto del cual le asiste el carácter de demandado, lo cual se materializó en el mundo fáctico y jurídico, por lo que si la autoridad responsable niega esto último (haberse negado a facilitarle el expediente al quejoso para consulta); en ese supuesto, la parte quejosa tiene la carga de acreditar su afirmación, esto es, que la autoridad responsable desplegó la acción que le atribuye, pues evidentemente no puede advertirse de sus afirmaciones y menos aún demostró que la autoridad a la que se lo atribuye, se hayan negado a facilitarle el procedimiento judicial respecto del cual tiene la calidad de demandado. Por ese motivo, la jurisprudencia ha coincidido en señalar que la negativa simple del acto reclamado libera a quien la emite del deber de probarla, ya que lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en la parte contraria, quien debe demostrar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad, cuya existencia debe ser demostrada por quien la afirma. Sin embargo, no ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino calificada, porque dicho supuesto importa una afirmación, entonces quien la produce sí tiene la carga de justificarla. Lo anterior tiene su origen en la regla prevista en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Resulta ilustrativo, en lo conducente, la jurisprudencia I.3o.A. J/21 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 226432, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA." Con base en lo anterior, se debe sostener que la negativa de la autoridad responsable de facilitar para consulta un expediente respecto del cual tiene el carácter de parte, constituye un actuar de la responsable, es decir, un acto de naturaleza positiva, respecto del cual el impetrante del amparo tendría la carga de probar su existencia, pues en torno a dicho acto implícitamente sostiene una afirmación, que intentó presentarse en el local del órgano jurisdiccional responsable y que no le fue facilitado por parte del personal del órgano jurisdiccional, el juicio de origen para su consulta en las ocasiones que menciona en su escrito de demanda. Así, no obstante que el acto reclamado tiene el carácter de negativo, correspondía a la parte quejosa la carga de probarlo. Sin que de autos se advierta que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna, menos aún aportado elemento de convicción alguno para desvirtuar dicha negativa. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3a./J. 35/90, sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 186, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Se agregan únicamente para los efectos legales a que haya lugar, los oficios signados por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, en los cuales remite los diversos oficios del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza, en los que aclara diverso informe justificado, vía amparo directo. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Jesus Antonio Vela Ramirez161/2015
- Jesús Armando Escobedo Chávez253/2019
- Jesus Armijo Aguilera757/2020
- Jesús Arnoldo Maldonado Valdivia1448/2019
- Jesús Arturo Miramontes Marrero598/2020
- Jesus Arturo Reyes Rodriguez184/2021
- Jesús Ayala Favela1472/2019
- Jesús Betancourt Alvarado324/2018
- Jesús Bravo Mendieta1604/2022
- Jesus Castañeda García181/2021
- Jesús Castillo Barbosa71/2020
- Jesus Castillo Jasso1169/2023