Jesús Arturo Ortiz Medina y Otros.
Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Arturo Ortiz Medina y Otros.
- Alonso Lozano Urrea y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad al artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución en la cual se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
I. Relación de constancias. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el estado procesal de autos. II. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, ofreció pruebas documentales, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Alegatos. La secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos; de igual manera, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento; por lo que al no existir escrito en ese sentido, se declara cerrado este período. Así, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la resolución siguiente: V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 313/2019, promovido por Jesús Arturo Ortiz Medina y Alonso Lozano Urrea, contra actos de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coordinador de los Jueces del Tribunal de Barandilla, Juez en turno del Tribunal de Barandilla, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, todos con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a este juzgado, Jesús Arturo Ortiz Medina y Alonso Lozano Urrea, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad. Director de la Policía Municipal de los Jueces del Tribunal de Barandilla, cuya denominación correcta es Coordinador de los Jueces del Tribunal de Barandilla, con sede en esta ciudad. Juez en turno del Tribunal de Barandilla, con asiento en esta ciudad. Juez Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, cuya denominación correcta es Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de aprehensión y/o detención librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 313/2019, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y/o detención librada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Coordinador de los Jueces del Tribunal de Barandilla, Juez en turno del Tribunal de Barandilla y Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Aunado a ello, el peticionario de amparo no aportó pruebas que desvirtuaran dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia de los actos reclamados. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública Municipal y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contexto de sus informes y de la documental anexada al informe de la autoridad mencionada en primer término, se advierte la existencia del acto consistente en la privación de la libertad de la parte quejosa, dado que a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de mayo de dos mil diecinueve, elementos de la Policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, presentaron a los quejosos hasta las instalaciones de dicha Secretaría, por la comisión de delito de robo mediante uso de arma de fuego, siendo puestos a disposición inmediatamente de la Fiscalía del Agente del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Delitos Patrimoniales del Fuero Común de esta ciudad. QUINTO. Causas de sobreseimiento. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la citada ley, al preceptuar: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como ya se dijo, de los informes rendidos por las citadas autoridades responsables y de la prueba documental que se anexó al mismo, se advierte que a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de mayo de dos mil diecinueve, elementos de la Policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, presentaron a los quejosos hasta las instalaciones de dicha Secretaría, por la comisión de delito de robo mediante uso de arma de fuego, siendo puestos a disposición de la Fiscalía del Agente del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Delitos Patrimoniales del Fuero Común de esta ciudad. A su vez, el representante social puso a la parte quejosa a disposición del Juez en turno de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con residencia en esta ciudad, asignándole la causa penal 217/2019 y el siete de mayo del año en curso, en audiencia inicial celebrada calificó de legal la detención de la quejosa, se le formuló imputación, vinculó a proceso y se impuso prisión preventiva como medida cautelar. Documentales que tienen pleno valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En esa virtud, como la peticionaria de la protección constitucional reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, al haberse calificado de legal la detención de los quejosos e impuesto prisión preventiva como medida cautelar, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por virtud del cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, esto es, que con motivo del cambio de situación jurídica aludido no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, toda vez que ya fue calificada de legal la detención de los quejosos e impuesto prisión preventiva como medida cautelar. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, respecto de acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, atribuido a las autoridades Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coordinador de los Jueces del Tribunal de Barandilla, Juez en turno del Tribunal de Barandilla, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, todos con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." (Novena Época, Registro: 171841, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial, de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Página: 50) Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Arturo Ortiz Medina y Alonso Lozano Urrea, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de junio de dos mil diecinueve. Informe suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, rindiendo informe de suspensión de plano; con lo anterior, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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