Jesús Arturo Che Cih

Expediente 966/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
966/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Jesús Arturo Che Cih
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de once de noviembre de dos mil veinte que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, once de noviembre de dos mil veinte. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes el escrito firmado por el quejoso *********, por el cual cumple con la prevención ordenada en autos de veintiocho de octubre de dos mil veinte, y manifiesta que la resolución interlocutoria de once de septiembre de dos mil veinte, emitida en el expediente 640/15.2016/2F-I, le fue notificada el dieciocho de septiembre del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: " "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es "motivo manifiesto el desachamiento de la demanda. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el ju De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: "La resolución interlocutoria de once de septiembre de dos mil veinte, emitida en el expediente *****, la cual le fue notificada el dieciocho de septiembre siguiente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte inconforme manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, fecha en que le fue notificada la resolución interlocutoria que tilda de inconstitucional. En ese sentido, de lo relatado y transcrito con anterioridad, interpretado en concordancia, se actualiza en forma manifiesta e indudable, acorde con el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la propia legislación, relativa al consentimiento tácito del acto, dado que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, o bien la parte quejosa haya tenido conocimiento, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o impuesto de su contenido. En la especie, como se dijo, de la lectura integral de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio de la misma, se desprende que la parte quejosa indicó que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte; fecha en que le fue notificada la resolución interlocutoria dictada por la autoridad judicial responsable, aseveración a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2, párrafo segundo. En consecuencia, al haber manifestado la parte quejosa que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, tal circunstancia entraña una confesión expresa y espontánea, que tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la demanda de mérito resulta extemporánea. Lo anterior, porque el ocurso de referencia no fue presentado dentro del término de quince días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, pues si el impetrante conoció el acto reclamado desde el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el plazo transcurrió de promoción del veintidós de septiembre al trece de octubre de este año, por lo que si la demanda de amparo la presentó hasta el diecinueve de octubre del año que transcurre, tal como se advierte de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, en esta ciudad, que obra en autos, es incuestionable que excedió el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo, y ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Por tanto, si el promovente no ejerció en el término legal, la acción de amparo, consintió tácitamente el acto reclamado y sus consecuencias, y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DEL ACUERDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos los oficios suscritos por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector y para tal efecto remite copia certificada de la constancia de notificación del oficio 91/20-2021/1M-II, dirigido a la Gerencia Jurídica Regional Región Sureste, Subgerencia Jurídica Ciudad del Carmen de Pemex Exploración y Producción, así como de la copia certificada del oficio DJ-GJRS-SJCC-BPM-2122-2020 de fecha veintitrés de octubre de los corrientes, suscrito por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos en la cual informa que se dejó sin efecto el embargo trabado sobre el contrato +++++++ y ordenó que la cantidad de dinero retenida con motivo del referido embargo, sea puesta a disposición de su titular. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los oficios de cuenta y sus anexos, así como con el diverso S.A.-2732/2020, de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copia simple de los citados oficios y anexos. Con el apercibimiento que, en caso de ser omisos, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, toda vez que mediante Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió diversas disposiciones para regular la suspensión total de labores y la reanudación parcial de éstas en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el periodo comprendido del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y en virtud de que en el diverso 21/2020, ordenó el levantamiento de la referida suspensión de plazos y términos procesales, a partir del tres de agosto del año en curso; por tanto, de conformidad con los artículos 2, fracción I y 20 del mencionado Acuerdo General, se ordena levantar dicha suspensión, reanudar los plazos y términos procesales en el punto en que quedaron pausados. En ese sentido, vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron la resolución de veintiocho de febrero del año en curso, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído, el cual carece de relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Ata y listado de destrucción relativa al abaja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Debiendo hacerse constar en la carátula del expediente principal, su valoración, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", acorde a lo dispuesto por el artículo 35, del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Incidente de susensión depurable. Por otro lado, términos de lo dispuesto en el numeral 18, fracción I, inciso a), del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, toda vez que la suspensión provisional fue concedida y la definitiva negada por una parte y concedida por otro, se precisa que el incidente de suspensión es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; las resoluciones recurridas; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, acorde a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 18 en mención. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, remítase a la Junta responsable el anexo relativo a la copia certificada del expediente laboral de su índice, por no tener razón su permanencia en este juzgado. Notifíquese.

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