Jesús Arrieta Polvón

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Jesús Arrieta Polvón
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Federal de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia de veintitrés de julio del presente año, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, y en atención al estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 456/2021-III-B, por auto de veinticuatro de julio del año en curso y tomando en cuenta que se recibió el oficio 8176/2021 y copia de la sentencia condenatoria que causó ejecutoria y que remitió el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad, consistente en la pronunciada en el procedimiento abreviado, por el licenciado Luís Benítez Alcántara, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad, en funciones de Juez de Control, dentro de la causa penal 407/2021, instruida al aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón, se provee. Mediante escrito presentado ante este Tribunal Federal el siete de junio de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Torres Zavala, defensor Público Federal promovió demanda de amparo en favor de su patrocinado y aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón (privado de su libertad), solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con incidente de suspensión, contra actos del JUEZ DE CONTROL ORAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL residente en la localidad y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, residentes en Ciudad de México, mismos que hicieron consistir en los siguientes: --- Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN (Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión); reclama la expedición, sanción del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. --- 2. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; reclama la promulgación, publicación y ejecución del Derecho mencionado. --- 3 Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; reclama, el refrendo, firma y publicación del DECRETO mencionado. --- Del DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; reclama, la publicación del DECRETO mencionado. --- Y de la autoridad Ejecutora, JUEZ DE DISTRITO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL, con domicilio conocido en esta Ciudad Juárez en el Centro de Justicia Penal Federal; reclama la emisión de la resolución de fecha 02 de marzo de 2021, en la que se determinó imponer la media cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, en razón de la entrada en vigor del decreto que se reclama, así como la afectación del aumento de la pena impuesta al delito por el cual se está investigando, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los aumentos de las penas de prisión de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con fecha quince de julio del ano en curso, se difirió la audiencia incidental por no obrar los informes previos de las autoridades responsables foráneas, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; DIRECTOR DE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, residentes en Ciudad de México; ni tampoco los acuses de recibo de los oficios petitorios de los informes solicitados, por ello, se estima pertinente diferir la celebración de la audiencia incidental hasta en tanto obren dichos informes de ley. Por tal motivo, se difirió la audiencia incidental señalada para las DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tuviera verificativo la audiencia de ley. Ahora, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó sobreseer en el juicio de amparo por operar un cambio de situación jurídica, al pronunciarse una resolución en el procedimiento abreviado, por el licenciado Luís Benítez Alcántara, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad, en funciones de Juez de Control, dentro de la causa penal 407/2021, instruida al aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón, en la que se determinó: "PRIMERO. Jesús Arrieta Polvón, es penalmente responsable en la comisión de los delitos de Portación de Arma dé Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como por el delito de Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación al artículo 11 inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Vigente a partir del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Se impone a Jesús Arrieta Polvón, la pena de tres años cinco meses de prisión y cincuenta unidades de medida v actualización, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Se absuelve al sentenciado del pago de la reparación del daño. CUARTO. Se concede al sentenciado Jesús Arrieta Polvón, cualquier beneficio sustitutivo de la pena de prisión establecido en el numeral 70, fracciones I, del Código Penal Federal, así como el beneficio de la condena condicional previsto por el artículo 90 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Se ordena la amonestación del sentenciado para efecto de prevenir su reincidencia delictiva, en los términos previstos en el artículo 42 del Código Penal Federal. SEXTO. Se suspenden los derechos civiles y políticos al sentenciado, por el mismo término de la pena de prisión impuesta. SÉPTIMO. Se ordena el decomiso de un arma corta, marca RUGER, modelo, EC9S, con número de serie 456- 61687, calibre 9mm, de fabricación USA y 02 cargadores marca RUGER, 01 abastecido con 07 cartuchos útiles calibre 9mm y el otro abastecido con 09 cartuchos útiles calibre 9mm. OCTAVO. La ejecución de esta sentencia quedará a cargo de la Juez de Ejecución adscrita a este Centro de Justicia Penal Federal. NOVENO. Se dispensa la lectura y explicación pública de la sentencia a que se refiere el numeral 206, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por así solicitarlo expresamente las partes; asimismo, toda vez que las partes renunciaron al plazo para apelar, se declara firme la presente sentencia y se ordena remitir copia de la sentencia a la Juez. DÉCIMO. Con fundamento en el numeral 42 del Código Penal Federal, se amonestó al sentenciado, sobre la conducta delictiva por la que se le condenó, haciéndole ver las consecuencias, exhortándolo a la enmienda y conminándole con que se le impondrá una sanción mayor si reincide, por lo que el sentenciado dijo que lo entendió perfectamente. DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes intervinientes en la audiencia quedaron legalmente". Lo que hace patente también que el quejoso y sus defensores eligieron una terminación anticipada del procedimiento, se dictara sentencia en procedimiento abreviado, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, se declara sin materia este incidente de suspensión, respecto a lo informado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la audiencia incidental señalada a las DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. A sus autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama de cuenta, sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante determinación del veintitrés de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/1448/2021, de siete de junio del dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan el oficio 8176/2021 y copia de la sentencia condenatoria que causó ejecutoria y que remite el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad, consistente en la pronunciada en el procedimiento abreviado, por el licenciado Luís Benítez Alcántara, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad, en funciones de Juez de Control, dentro de la causa penal 407/2021, instruida al aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón. Ahora, mediante escrito presentado ante este Tribunal Federal el siete de junio de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Torres Zavala, defensor Público Federal promovió demanda de amparo en favor de su patrocinado y aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón (privado de su libertad), solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con incidente de suspensión, contra actos del JUEZ DE CONTROL ORAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL residente en la localidad y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, residentes en Ciudad de México, mismos que hicieron consistir en los siguientes: --- --- Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN (Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión); reclama la expedición, sanción del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. --- 2. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; reclama la promulgación, publicación y ejecución del Derecho mencionado. --- 3 Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; reclama, el refrendo, firma y publicación del DECRETO mencionado. --- Del DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; reclama, la publicación del DECRETO mencionado. --- Y de la autoridad Ejecutora, JUEZ DE DISTRITO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL, con domicilio conocido en esta Ciudad Juárez en el Centro de Justicia Penal Federal; reclama la emisión de la resolución de fecha 02 de marzo de 2021, en la que se determinó imponer la media cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, en razón de la entrada en vigor del decreto que se reclama, así como la afectación del aumento de la pena impuesta al delito por el cual se está investigando, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los aumentos de las penas de prisión de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así, cabe decir que el suscrito Secretario de este Juzgado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, está facultado para resolver este asunto, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 14/20101 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 164525, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Tesis: 1a./J. 14/2010, Página 716, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." Puntualizado lo anterior y a criterio del suscrito Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en el caso que nos ocupa, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, como se verá. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, se estima que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica, en virtud de que con la información allegada a este controvertido constitucional, se evidencia que, existe una resolución pronunciada en el procedimiento abreviado, por el licenciado Luís Benítez Alcántara, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad, en funciones de Juez de Control, dentro de la causa penal 407/2021, instruida al aquí quejoso Jesús Arrieta Polvón, en la que se determinó: "PRIMERO. Jesús Arrieta Polvón, es penalmente responsable en la comisión de los delitos de Portación de Arma dé Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como por el delito de Posesión de Cartuchos para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación al artículo 11 inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Vigente a partir del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Se impone a Jesús Arrieta Polvón, la pena de tres años cinco meses de prisión y cincuenta unidades de medida v actualización, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Se absuelve al sentenciado del pago de la reparación del daño. CUARTO. Se concede al sentenciado Jesús Arrieta Polvón, cualquier beneficio sustitutivo de la pena de prisión establecido en el numeral 70, fracciones I, del Código Penal Federal, así como el beneficio de la condena condicional previsto por el artículo 90 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Se ordena la amonestación del sentenciado para efecto de prevenir su reincidencia delictiva, en los términos previstos en el artículo 42 del Código Penal Federal. SEXTO. Se suspenden los derechos civiles y políticos al sentenciado, por el mismo término de la pena de prisión impuesta. SÉPTIMO. Se ordena el decomiso de un arma corta, marca RUGER, modelo, EC9S, con número de serie 456- 61687, calibre 9mm, de fabricación USA y 02 cargadores marca RUGER, 01 abastecido con 07 cartuchos útiles calibre 9mm y el otro abastecido con 09 cartuchos útiles calibre 9mm. OCTAVO. La ejecución de esta sentencia quedará a cargo de la Juez de Ejecución adscrita a este Centro de Justicia Penal Federal. NOVENO. Se dispensa la lectura y explicación pública de la sentencia a que se refiere el numeral 206, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por así solicitarlo expresamente las partes; asimismo, toda vez que las partes renunciaron al plazo para apelar, se declara firme la presente sentencia y se ordena remitir copia de la sentencia a la Juez. DÉCIMO. Con fundamento en el numeral 42 del Código Penal Federal, se amonestó al sentenciado, sobre la conducta delictiva por la que se le condenó, haciéndole ver las consecuencias, exhortándolo a la enmienda y conminándole con que se le impondrá una sanción mayor si reincide, por lo que el sentenciado dijo que lo entendió perfectamente. DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes intervinientes en la audiencia quedaron legalmente". Luego, puntualizado lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa, invariablemente ha operado un cambio de situación jurídica, dado que el acto de aplicación que en su momento sirvió de base para la promoción de este juicio de garantías, ha culminado en sentencia condenatoria, en la que inclusive, las partes renunciaron a la interposición de recursos, al haberse pronunciado la sentencia que culminó con los resolutivos precisados con antelación. Lo que hace patente también que el quejoso y sus defensores eligieron una terminación anticipada del procedimiento, se dictara sentencia en procedimiento abreviado, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.2o.P.150 P (10a.), Registro digital 2019590, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Décima Época, Materia Común, Penal, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla". Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada I.11o.C.28 K (10a.), de la Décima Época, Registro 2018570, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Materia Constitucional, Común, consultable en la página 1065, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, al cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia, por haber operado un cambio de situación jurídica respecto al acto de aplicación. Lo mismo debe decirse respecto de las autoridades responsables, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, residentes en Ciudad de México, a quienes se les reclamó el decreto, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Sobreseimiento el antes decretado que debe comprender también a la ley reclamada, sin que tenga que examinarse su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Informa esto dicho, el contenido de la jurisprudencia de séptima época, que emitió la Sala Auxiliar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 19, del Tomo 70 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por qué examinarse la constitucionalidad de ésta." En consecuencia, se decreta el sobreseimiento también respecto al decreto reclamado a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Consecuentemente, se dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para las catorce horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/1448/2021, de siete de junio del dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.

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