Jesús Armendariz Gómez

Expediente 608/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
608/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Jesús Armendariz Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    ".... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida por ******, el cual se le notificó el veintitrés de octubre de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ..."

  2. Principal

    MESA AMPARO ...Vista la demanda de amparo promovidas por ****, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 608/2020. Desechamiento Ahora, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En la especie, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: La reforma del artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que el quejoso acude a este juicio con un interés simple más no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que le atribuye al Congreso del Estado de Oaxaca. Lo anterior es así, pues acude como ciudadano a reclamar la reforma del artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Ahora bien, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, sin embargo, de la documental que exhibe la parte quejosa, no se advierte que efectivamente realice la venta de dichas bebidas o de alimentos envasados, ya que únicamente el permiso que anexó a su escrito de demanda, es la comercializar productos higiénicos y de limpieza, con lo cual no se advierte la posible afectación que le llegara a causar dicha reforma. Así también, no demuestra el promovente que efectivamente distribuya, venda, regale, exhiba y suministre a menores de edad, en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado, ya que únicamente señala que le causa un detrimento en su patrimonio, sin demostrar que efectivamente su ingreso principal sea la venta de dichos productos, ya que como se dijo, el permiso que exhibe es para la venta de productos de higiene y limpieza. Máxime, que no se advierte del escrito de demanda que produzca este tipo de alimentos, mucho menos que los distribuya a diversos comercios en el Estado. De lo anterior, no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para el quejoso, por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta de los gobernados por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no se advierte que el justiciable haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, concretamente al artículo 20 Bis, pues únicamente se aprecia que aduce que con motivo de dicha reforma la autoridad responsable pone en detrimento su patrimonio. Lo anterior permite constatar, que si bien la parte quejosa acude a esta instancia alegando un interés legítimo, sin embargo, únicamente acreditan un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano que tiene un interés simple en que se permita la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, el justiciable solamente acredita su interés en preservar el derecho de la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico; sin embargo, no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, pues en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle sus notificaciones, incluso, las de carácter personal, por lista que se fijará y publicara en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Asimismo, téngasele como autorizado, a la persona que nombra, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo...

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