Jesús Armando Ruíz Breceda

Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 42 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
595/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Jesús Armando Ruíz Breceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Escrito Téngase recibido el escrito de cuenta, signado por quejoso ********************, mediante el cual solicita copias certificadas, a que alude en el ocurso de que se trata; atento a su contenido, se acuerda: Atento a su contenido, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídansele a su costa las copias certificadas certificadas a que alude en su ocurso de cuenta, previa toma de razón y recibo que de ello se deje asentado en autos. En el entendido que la reproducción y entrega de dichas constancias se llevará a cabo una vez que la fotocopiadora del edificio sede del Poder Judicial de la Federación reanude la atención al público. Pues es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la misma no se encuentra operando con motivo de la contingencia sanitaria por el virus COVID- 19. No obstante lo anterior, se reitera al solicitante que queda a su disposición el servicio de citas en el sistema de "Agenda OJ", a efecto de que programe una cita donde podrá consultar el presente expediente, quedando a su disposición el mismo para la toma de fotografías o escaneo de las constancias respectivas con el uso de aparatos tecnológicos, tal como se autorizó en el acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte. De igual forma, se hace notar a la parte quejosa que queda a su alcance la continuación del trámite del presente asunto bajo el esquema del "Juicio en Línea", previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto señala el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de la videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los artículos 28, 29, 30 y 31, del citado Acuerdo General 21/2020, del propio ente administrativo; es decir, a efecto de llevar actuaciones "en línea" a través del Portal de Servicios en Línea, las partes deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y/o la práctica de notificaciones electrónicas de las determinaciones dictadas en el juicio en que se actúa, para lo cual deberán proporcionar el usuario respectivo a fin que este órgano jurisdiccional lleve a cabo la autorización correspondiente; en el entendido que la actuación por dicho medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Lo cual, le permitiría la consulta íntegra del expediente electrónico, así como obtener las reproducciones que estimara necesarias de las actuaciones que el mismo contiene. Notifíquese.

  2. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintidós de octubre al cinco de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que aún no obre en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la ciudad de México, pues atento a que en el presente juicio se negó el amparo por resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, es incuestionable que conforme con el artículo 87 de la Ley de Amparo, tal autoridad, en su caso, no tendría legitimación para recurrirla, ya que esa determinación no afecta el acto que de ella se reclamó. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se negó el amparo, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar y no existen documentos originales; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos de los puntos vigésimo, fracción III, y vigésimo primero fracción III, del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal e incidental son susceptibles de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Por último, devuélvanse las constancias que como justificación de sus actos, remitió la autoridad responsable, toda vez que su resguardo resulta innecesario. Notifíquese.

  3. Principal

    Caso concreto Del análisis de las actuaciones realizadas el diecisiete de octubre de dos mil once (fojas 52 a 55 y 62 a 65), se observa que el actuario, previo citatorio, se constituyó en el domicilio indicado (calle Santa Fe, número 50-26, Conjunto Habitacional Villas del Parque, de esta ciudad,), y se cercioró de su existencia con medios de convicción que tuvo a su alcance, a saber, nomenclatura de la calle y número oficial del inmueble, además porque así lo manifestó la persona que atendió la diligencia. Elementos que son determinantes para tener certeza de la existencia fáctica del domicilio, porque la placa de la calle y número del inmueble son datos oficiales que proporciona la administración pública municipal, además porque el testimonio de la persona que atendió la diligencia, fue manifestación espontánea sobre ese hecho. También realizó cercioramiento de que el demandado viviera en tal domicilio; lo anterior porque, en una primera visita, así lo refirió Axel Rodríguez (quien refirió vivir en el domicilio de que se trata, y ser sobrino de los demandados, entre ellos el aquí quejoso), y en la fecha y hora de citación, así lo expresó Ricardo (quien refirió ser empleado de los demandados, sin querer proporcionar su nombre completo, ni identificarse con documento alguno, motivo por el cual el diligenciario en el momento asentó media filiación de la referida persona, a saber: complexión regular, sesenta años de edad aproximadamente, estatura un metro setenta y cinco centímetros, cabello lacio y entrecano), mismos que convinieron en que se trataba del domicilio de los demandados, así como donde reciben su documentación. Circunstancia que es contundente para arribar a la conclusión de que efectivamente en tal domicilio vivía el demandado, aquí quejoso y que ahí podía recibir la documentación de que se trataba, pues, primero, de manera espontánea e inmediata, las personas así lo manifestaron. En otro de sus conceptos de violación, el quejoso refiere que la persona que atendió al actuario y con quien entendió la diligencia de emplazamiento no cuenta con la calidad a que se refiere el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en tanto que, la persona de nombre "Ricardo" no es pariente ni domestico ni vive en ese domicilio, por lo que eso impedía que se llevara a cabo la diligencia. Concepto de violación que resulta infundado, en tanto que, contrario a lo que expone el quejoso, la persona de nombre "Ricardo" si expresó que era empleado de la persona buscada, aquí quejoso, pues quedó asentado lo siguiente: "manifiesta que este es su patrón que él le ayuda en los quehaceres domésticos."; por tanto, sí cumple el requisito de que dicha persona con quien se entendió la diligencia tenga el carácter para poder atender la diligencia de emplazamiento. El quejoso en su último concepto de violación refiere que dicho emplazamiento es ilegal debido a que se llevó a cabo en domicilio distinto, pues en la fecha en que se llevó a cabo (diecisiete de octubre de dos mil once) tenía su domicilio en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, durante el periodo del mes de septiembre de dos mil nueve hasta diciembre de dos mil once; y para tal efecto, en sede constitucional, aportó diversos medios probatorios, a saber, copias certificadas de: a) Constancia de empleo, extendida el quince de enero de dos mil catorce, por la empresa Alde Construcciones, S.A. de C.V., en la que se hace constar que el quejoso laboró en dicha empresa en el periodo comprendido del día 25 de Septiembre del año 2009 al día 31 de octubre del año 2011. b) Contrato de arrendamiento de fecha 8 de octubre de 2009, respecto de una casa habitación ubicada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. c) Movimiento afiliatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador, con registro patronal de Alde Construcciones, S.A. de C.V. d) Tarjeta de presentación a nombre del quejoso y expedida por Grupo Alde, con descripción de actividades en la ciudad de Irapuato. Los referidos documentos son ineficaces para desvirtuar el emplazamiento efectuado al quejoso dentro del juicio de origen, en tanto que, dichos documentos al momento del emplazamiento, e incluso al momento de su emisión, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son de fecha incierta, dado que, respectivamente, lo único que se demuestra es su expedición, más no la certeza de lo ahí asentado, ni mucho menos que el aquí quejoso no tuviera su domicilio en el lugar en donde se llevó a cabo el emplazamiento, en tanto que, para desacreditar dicha diligencia, se requiere de otros medios, como lo es la certeza de fecha el acto, y se reitera, los documentos a que se refiere, sólo prueban que le fue expedida la constancia de trabajo, que celebró un contrato de arrendamiento en la ciudad de Irapuato, que fue afiliado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador de empresa con sede en Irapuato, y la expedición de una tarjeta de presentación laboral; pero no que no fuera su domicilio ni viviera en el lugar en donde se le emplazó al juicio de origen. En todo caso, la certeza de dichos documentos se adquirió hasta el once y diecisiete de julio de dos mil dos mil diecinueve, que fueron certificados, respectivamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, y ante el notario público número 21, con ejercicio en esta ciudad de San Luis Potosí. En concepto de esta juzgadora, las referidas pruebas documentales resultan insuficientes para desvirtuar la legalidad de la diligencia de emplazamiento de diecisiete de octubre de dos mil once; máxime que dicho domicilio fue el que la parte quejosa, señaló como el convencional al momento que celebró el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pues en la cláusula Vigésima Quinta, denominada "Domicilios" el aquí quejoso en su calidad de "acreditado" aceptó que "Todo lo relacionado al cumplimiento de las obligadas pactadas en este instrumento, así como para el caso de emplazamiento o notificaciones las partes convienen en señalar los siguientes domicilios "EL ACREDITADO" Inmueble ubicado en la calle Santa Fe número 50-26 (cincuenta guion veintiséis), del Fraccionamiento Villas del Parque. Por tanto, al no advertir deficiencia en el emplazamiento realizado al aquí quejoso, era dable que el Juez responsable lo convalidara, y ante la falta de contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas y señalamiento de domicilio, hiciera efectivos apercibimientos y continuar el juicio en todas sus etapas. Negativa de amparo Ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Armando Ruiz Breceda. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a Jesús Armando Ruiz Breceda, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que se precisaron JUICIO DE AMPARO 595/2019-3 en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos asentados en el último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    Caso concreto Del análisis de las actuaciones realizadas el diecisiete de octubre de dos mil once (fojas 52 a 55 y 62 a 65), se observa que el actuario, previo citatorio, se constituyó en el domicilio indicado (calle Santa Fe, número 50-26, Conjunto Habitacional Villas del Parque, de esta ciudad,), y se cercioró de su existencia con medios de convicción que tuvo a su alcance, a saber, nomenclatura de la calle y número oficial del inmueble, además porque así lo manifestó la persona que atendió la diligencia. Elementos que son determinantes para tener certeza de la existencia fáctica del domicilio, porque la placa de la calle y número del inmueble son datos oficiales que proporciona la administración pública municipal, además porque el testimonio de la persona que atendió la diligencia, fue manifestación espontánea sobre ese hecho. También realizó cercioramiento de que el demandado viviera en tal domicilio; lo anterior porque, en una primera visita, así lo refirió Axel Rodríguez (quien refirió vivir en el domicilio de que se trata, y ser sobrino de los demandados, entre ellos el aquí quejoso), y en la fecha y hora de citación, así lo expresó Ricardo (quien refirió ser empleado de los demandados, sin querer proporcionar su nombre completo, ni identificarse con documento alguno, motivo por el cual el diligenciario en el momento asentó media filiación de la referida persona, a saber: complexión regular, sesenta años de edad aproximadamente, estatura un metro setenta y cinco centímetros, cabello lacio y entrecano), mismos que convinieron en que se trataba del domicilio de los demandados, así como donde reciben su documentación. Circunstancia que es contundente para arribar a la conclusión de que efectivamente en tal domicilio vivía el demandado, aquí quejoso y que ahí podía recibir la documentación de que se trataba, pues, primero, de manera espontánea e inmediata, las personas así lo manifestaron. En otro de sus conceptos de violación, el quejoso refiere que la persona que atendió al actuario y con quien entendió la diligencia de emplazamiento no cuenta con la calidad a que se refiere el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en tanto que, la persona de nombre "Ricardo" no es pariente ni domestico ni vive en ese domicilio, por lo que eso impedía que se llevara a cabo la diligencia. Concepto de violación que resulta infundado, en tanto que, contrario a lo que expone el quejoso, la persona de nombre "Ricardo" si expresó que era empleado de la persona buscada, aquí quejoso, pues quedó asentado lo siguiente: "manifiesta que este es su patrón que él le ayuda en los quehaceres domésticos."; por tanto, sí cumple el requisito de que dicha persona con quien se entendió la diligencia tenga el carácter para poder atender la diligencia de emplazamiento. El quejoso en su último concepto de violación refiere que dicho emplazamiento es ilegal debido a que se llevó a cabo en domicilio distinto, pues en la fecha en que se llevó a cabo (diecisiete de octubre de dos mil once) tenía su domicilio en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, durante el periodo del mes de septiembre de dos mil nueve hasta diciembre de dos mil once; y para tal efecto, en sede constitucional, aportó diversos medios probatorios, a saber, copias certificadas de: a) Constancia de empleo, extendida el quince de enero de dos mil catorce, por la empresa Alde Construcciones, S.A. de C.V., en la que se hace constar que el quejoso laboró en dicha empresa en el periodo comprendido del día 25 de Septiembre del año 2009 al día 31 de octubre del año 2011. b) Contrato de arrendamiento de fecha 8 de octubre de 2009, respecto de una casa habitación ubicada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. c) Movimiento afiliatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador, con registro patronal de Alde Construcciones, S.A. de C.V. d) Tarjeta de presentación a nombre del quejoso y expedida por Grupo Alde, con descripción de actividades en la ciudad de Irapuato. Los referidos documentos son ineficaces para desvirtuar el emplazamiento efectuado al quejoso dentro del juicio de origen, en tanto que, dichos documentos al momento del emplazamiento, e incluso al momento de su emisión, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son de fecha incierta, dado que, respectivamente, lo único que se demuestra es su expedición, más no la certeza de lo ahí asentado, ni mucho menos que el aquí quejoso no tuviera su domicilio en el lugar en donde se llevó a cabo el emplazamiento, en tanto que, para desacreditar dicha diligencia, se requiere de otros medios, como lo es la certeza de fecha el acto, y se reitera, los documentos a que se refiere, sólo prueban que le fue expedida la constancia de trabajo, que celebró un contrato de arrendamiento en la ciudad de Irapuato, que fue afiliado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador de empresa con sede en Irapuato, y la expedición de una tarjeta de presentación laboral; pero no que no fuera su domicilio ni viviera en el lugar en donde se le emplazó al juicio de origen. En todo caso, la certeza de dichos documentos se adquirió hasta el once y diecisiete de julio de dos mil dos mil diecinueve, que fueron certificados, respectivamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, y ante el notario público número 21, con ejercicio en esta ciudad de San Luis Potosí. En concepto de esta juzgadora, las referidas pruebas documentales resultan insuficientes para desvirtuar la legalidad de la diligencia de emplazamiento de diecisiete de octubre de dos mil once; máxime que dicho domicilio fue el que la parte quejosa, señaló como el convencional al momento que celebró el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pues en la cláusula Vigésima Quinta, denominada "Domicilios" el aquí quejoso en su calidad de "acreditado" aceptó que "Todo lo relacionado al cumplimiento de las obligadas pactadas en este instrumento, así como para el caso de emplazamiento o notificaciones las partes convienen en señalar los siguientes domicilios "EL ACREDITADO" Inmueble ubicado en la calle Santa Fe número 50-26 (cincuenta guion veintiséis), del Fraccionamiento Villas del Parque. Por tanto, al no advertir deficiencia en el emplazamiento realizado al aquí quejoso, era dable que el Juez responsable lo convalidara, y ante la falta de contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas y señalamiento de domicilio, hiciera efectivos apercibimientos y continuar el juicio en todas sus etapas. Negativa de amparo Ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Armando Ruiz Breceda. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a Jesús Armando Ruiz Breceda, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que se precisaron JUICIO DE AMPARO 595/2019-3 en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos asentados en el último considerando. Notifíquese.

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