Jesús Armando Orizabal Álvarez
Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora
- Jesús Armando Orizabal Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Valoración incidente. Provéase lo conducente en los acuerdos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en acuerdo de esta fecha dictado en el juicio principal, se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diez de abril del año en curso, se agregó el oficio del subdirector de la Estación Migratoria en Hermosillo, del Instituto Nacional de Migración en Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que al aquí quejoso ***, se le otorgó oficio de salida de la Estación Migratoria, el ocho de marzo de dos mil veintitrés. Sobreseimiento por actualizarse causal de improcedencia. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, y en concatenación a lo informado por la autoridad responsable, se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo1 , en razón de que han cesado los efectos de los actos reclamados. En relación con la causa de improcedencia aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que destruya la totalidad de sus efectos, de forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional2 . 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." 2 Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 En el caso, acorde al estudio integral del expediente3 , se advierte que el impetrante combate la incomunicación, detención, aseguramiento, retención, orden de deportación y retorno asistido, así como el traslado a otra estación migratoria del país o deportación. Por su parte, de las constancias que acompañó la aludida autoridad, se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintitrés, se emitió acuerdo de salida de la aludida estación migratoria a favor del aquí quejoso. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente asunto cesaron los efectos de los actos impugnados, pues se dictó acuerdo de salida de dicha Estación Migratoria, por lo que se puso en libertad al inconforme; por tanto, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó al quejoso en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del reclamo impugnado, debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo4 . Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con quince minutos del veintisiete de abril del año en curso). de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 3 Así como de la interpretación que se lleva a cabo a partir de la causa de pedir, en atención a la cuestión efectivamente planteada y con base en las directrices marcadas en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos números de identificación y rubros se precisan a continuación: P./J. 40/2000 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", 2a./J. 55/98 "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", y P. VI/2004. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 4 Sustenta la determinación tomada, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Notifíquese personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Abierta la audiencia. Se hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos sin que obre los informes previos de las autoridades responsables jefe de la Estación Migratoria; así como el jefe del Departamento Jurídico y de Atención a Migrantes, ambos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora, no obstante de estar debidamente notificadas para ello como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 4667/2023 y 4668/2023, que obran agregados en autos; sin que sea necesario diferir la audiencia incidental por los motivos que en líneas adelante se precisarán. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción; el juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 265/2023 AI; y I. Antecedentes Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, solicitado por ********************en contra de los actos atribuidos al subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; se pidió a las responsables su respectivo informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio conforme al acta que antecede; y, II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Fijación de los actos reclamados La parte quejosa reclama a las responsables en lo que interesa la incomunicación, detención, retención, así como la inminente ejecución de una orden de deportación y la emisión y ejecución de una orden de traslado a otra Estación Migratoria. IV. inexistencia del acto reclamado Las autoridades señaladas como responsables jefe de la Estación Migratoria; así como el jefe del Departamento Jurídico y de Atención a Migrantes, ambos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora, fueron omisas en rendir su respectivo informe previo, no obstante de haber quedado debidamente notificadas de su solicitud, según se advierte de los acuses de recibos de los oficios 4667/2023 y 4668/2023, que obran agregadas en autos; en tal razón, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, procede presumirles cierto el acto que se les reclama. V. Estudio de la medida cautelar solicitada. En ese orden de ideas, se concede la suspensión solicitada, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado y de la autoridad responsable únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo seguido en su contra, mismo que es de orden público y, por ende, insuspendible. En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por el numeral 102 de la Ley de Migración, cuya literalidad reza: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." La interpretación sistemática del precepto legal recién transcrito, relacionado con el diverso 101 de ese propio ordenamiento, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, que la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber al extranjero cuya situación migratoria sea irregular en este país y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso lo es la autoridad responsable Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa derivado de su calidad de extranjero indocumentado. Luego, tomando en cuenta, en lo conducente los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la ley de la materia, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable en comento de forma inmediata deberá proceder a la puesta en libertad de ********************siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que habrá de vigilar este juzgado federal y que son las siguientes: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá. La parte agraviada no podrá ausentarse sin previa autorización del suscrito, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa como obligación, la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como ante el juez de distrito los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil; bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. Respecto a la garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; con fundamento en los artículos 150, 164 y 168 de la Ley de Amparo, resulta procedente que este órgano jurisdiccional fije de forma discrecional una garantía asequible para que la parte solicitante de amparo garantice la continuidad del procedimiento aludido. En ese sentido, se impone el equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, esto es $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual deberá exhibir ante la autoridad responsable, en cualquiera de las formas legales. Todo lo anterior, en la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la parte agraviada cumpla a cabalidad con la determinación aquí asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver a la parte quejosa a la autoridad responsable. En el entendido de que una vez que la parte promovente dé cumplimiento a los requisitos señalados para la concesión de la custodia provisional prevista por el numeral 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional. Es aplicable en el caso particular, la tesis aislada I.1o.P.99 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se comparte con rubro y texto que dicen: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." Cabe señalar, que la citada tesis es aplicable, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. Asimismo, se encomienda al fedatario adscrito para que notifique a la parte impetrante la presente determinación. En el entendido de que si éste no habla el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento haya servido para comunicarse, haga del conocimiento a la parte quejosa. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma habla la parte quejosa; b) De qué manera se han comunicado con ella; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual provienen. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con la parte agraviada, y la requiera en los términos antes descritos, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efectos si la detención deriva de autoridades diversas o procedimiento distinto a los mencionados en la demanda de amparo, como pudiera ser que derive de la posible comisión de un delito. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 143 y 144 de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************contra los actos que reclama a las autoridades que se precisaron en el considerando V de esta resolución, por las razones y efectos precisados en el diverso apartado VI de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Jesús Armando Gastélum Gálvez797/2020
- Jesús Armando González Martínez1024/2021
- Jesus Armando Gracia Esquivel892/2017
- Jesús Armando Gutiérrez Pérez364/2022
- Jesús Armando Gutiérrez Pérez1102/2023
- Jesús Armando Muñoz Figueroa467/2020
- Jesús Armando Orozco Martínez1032/2019
- Jesús Armando Villalobos García1053/2008
- Jesús Armida Quintana908/2022
- Jesus Arnoldo Acuña Samaniego860/2018
- Jesús Arnulfo Montaño Casas319/2023
- Jesús Aureliano Gálvez Burgos187/2022