Jesús Armando Ochoa Ochoa
Expediente 459/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Armando Ochoa Ochoa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el quejoso Jesús Armando Ochoa Ochoa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que se exhibieron con la demanda de garantías; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de documentos que exhibió en este asunto, previa copia certificada y razón de recibo que de ello se deje en autos;. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL EL PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA JESÚS ARMANDO OCHOA OCHOA, MISMO QUE A LA LETRA DICE:EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL EL PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA JESÚS ARMANDO OCHOA OCHOA, MISMO QUE A LA LETRA DICE:Agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso ******, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la prevención de la demanda, realizada en veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, esto es, indica que: "A la primera he de precisar que las ordenes de verificación 0118 y 0427 son las mismas a las que hago mención en los antecedentes y conceptos de violación; mismas que señalo como acto reclamado. Segundo de las prevenciones, he de manifestar que dicho que dicho oficio 51 de ajuste 1100/2018, no lo señalo como acto reclamado, se anexa a la demanda, como prueba documental y, más aun, con la finalidad de acreditar que la visita a la que recayeron las ordenes de verificación 0118 y 0427 se realizaron de manera ilegal, pues como lo relata CFE Suministrador de Servicios Básicos en el oficio 51 de ajuste 1100/2018 ". AL momento de la inspección se encontró una derivación que se dirigía a un interruptor que se encontraba en la azotea del cual se introducía al domicilio.", entonces, coincide con lo narrado en susodichas ordenes, es decir, una intromisión a la azotea y como se precisan en ellas, no se encontraba nadie en el domicilio. Tercero de las prevenciones, preciso que no señalo como acto reclamado al recurso de inconformidad, sino que lo menciono como antecedente de los hechos que originan el corte de energía eléctrica, tal como se deriva de mi escrito inicial "*********modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 5º de la ley de la materia, prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de control constitucionalidad a través del juicio de amparo. Esta situación, que data desde la Ley de Amparo abrogada, originó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Carta Magna y de los demás ordenamientos de nuestro sistema jurídico, delimitara el concepto de autoridad. En un principio y hasta la Octava Época del Seminario Judicial de la Federación, el alto tribunal del país sostuvo que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública y que les revisten las características de imperatividad, unilateralidad******dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, respecto del carácter de autoridad Comisión Federal de Electricidad en algunos casos, la Corte ha sostenido el criterio de que se debe considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo, y en otros se decantaba por el criterio opuesto, es decir, que no era autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, este medio extraordinario de defensa resultaba improcedente contra los actos que emitía, incluso en el evento de que lo reclamado fuera la determinación, cobro y corte de la energía eléctrica. Así respecto de aquellos criterios en los cuales se consideró que dicho organismo no era autoridad para efectos del juicio de amparo, el Alto Tribunal del país emitió las jurisprudencias siguientes: ********* Sin embargo, en diverso criterio que sobre este tópico emitió el Máximo Tribunal interrumpió las jurisprudencias apuntadas, y consideró que la Comisión Federal de Electricidad sí era autoridad para efectos del juicio de amparo, al tratarse de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, es decir, por ser un ente del Estado encargado de la Planeación del Sistema Eléctrico Nacional. La tesis de referencia es del rubro y texto siguiente:*********(*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." Si bien parecería que con este último criterio la cuestión relativa al carácter de autoridad de la Comisión Federal de Electricidad quedó definida, lo cierto, es que no es así. En efecto, el veinte de diciembre de dos mil trece, el Ejecutivo Federal promulgó una serie de reformas constitucionales relacionadas con el tema energético, las cuales fueron publicadas al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Entre los artículos constitucionales reformados, se encuentran, en lo que interesa, el 25, en su párrafo cuarto, el 27, en su párrafo sexto, y el 28, en sus párrafos cuarto y quinto, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 25. [.] El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar." "Artículo 27. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. "Artículo 28. *******los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad pasarían a convertirse en empresas productivas del Estado, dentro de los plazos y en la forma que la ley fijara. Este dispositivo jurídico establece: "Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto." Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley de la Industria Eléctrica mediante la cual se abrogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establecía que la Comisión Federal de Electricidad tenía la naturaleza de un organismo público descentralizado. La nueva ley, en sus artículos primero y segundo, este último en sus dos primeros párrafos, de sus disposiciones transitorias, estableció lo siguiente: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los siguientes artículos. Segundo. Con la salvedad a que se refiere el párrafo siguiente, se abroga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 y se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. El Capítulo II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como todas aquellas disposiciones que tengan por objeto la organización, vigilancia y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, seguirán siendo aplicables hasta en tanto no entre en vigor la nueva Ley que tenga por objeto regular la organización de la Comisión Federal de Electricidad. [.]" Como se advierte, el legislador abrogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con excepción de su "Capítulo II Del organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica"; es decir, del capítulo que regulaba el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, el cual seguiría vigente hasta que se emitiera la nueva ley que regularía a este ente. El mismo día once de agosto del dos mil catorce, en su edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objeto, de acuerdo con el artículo 1º, es ".regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad.". Cabe mencionar que de la lectura de los artículos primero y segundo transitorios de la nueva ley que regula a la Comisión Federal de Electricidad, se conoce que la misma entraría en vigor el día siguiente a en que quedara designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (con excepción de lo dispuesto en los transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto), con lo cual quedarían derogadas todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se le opusieran. Los artículos transitorios de que se trata son del tenor siguiente: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la misma, excepto por lo dispuesto en los Transitorios Sexto y Décimo Cuarto siguientes." Mediante Acuerdo CA-001/20014, el propio Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad hizo constar, en sesión de instalación de trece de octubre de dos mil catorce, su instalación como órgano de gobierno, como se conoce de la página de internet http://www.cfe.gob.mx/consejo/Style%20Library/ assets/pdf/SesionInstalacion.pdf, la que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sustenta esta consideración la tesis XX.2o. J/24, cuyo rubro y texto es: ********** Conforme a las razones expuestas es indudable que desde el trece de octubre de dos mil catorce, entró en vigor la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que, como se dijo, tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de esta empresa productiva, de tal suerte, que ya no puede considerarse más un organismo público descentralizado de la Administración Federal. En este orden de ideas, en la actualidad no es posible considerar a la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de rubro: "********* 2a./J. 167/2011 (*********, como un criterio orientador en cuanto al carácter de autoridad responsable de la mencionada comisión, en tanto que esta se emitió considerando a ese organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal; por tanto, se hace necesario analizar si, conforme a su nueva naturaleza jurídica, es posible considerarla como autoridad para efectos del juicio de amparo . Para tal fin, a continuación se invocan los artículos 1°, 5° y 7° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de determinar si ésta puede considerarse como autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es decir, si las relaciones jurídicas que establece con los particulares con motivo del suministro de energía eléctrica son del tipo de supra a subordinación, o bien, si son de coordinación. Los preceptos legales en cuestión se ubican en su "Título Primero: De la Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado." "Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo Estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda. Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley." Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero." [.] Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. De acuerdo con estos preceptos, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, regida por su ley y reglamento y, en forma supletoria, por el derecho mercantil y civil. Asimismo, es de destacar que el legislador, al establecer la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad usó el término "empresa", el cual, tiene evidentemente una connotación de tipo económico, pues por empresa se entiende al conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado. En este sentido, las empresas públicas, o sea, aquellas que el Estado (federal, local y municipal) organiza y explota en forma exclusiva también deben considerarse como mercantiles, porque responden a la naturaleza, a la actividad y a la finalidad propias de ella de esta materia, que es ejercer una actividad comercial o industrial en forma habitual o profesional, para ofrecer bienes y servicios al mercado; y, en segundo lugar, porque los actos y la actividad que realicen se consideran como actos de comercio y de carácter lucrativo, tomando el concepto de lucro en sentido amplio, no sólo como beneficio del titular o del socio titular, sino como plusvalor del costo total de la producción de la mercancía o del servicio, que es el caso, a juicio de este juzgador de la empresa productiva denominada Comisión Federal de Electricidad. Es importante apuntar que los contratos y todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán, en términos del artículo 7° ya transcrito, incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común, debiendo cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Esto último es importante, pues, a juicio de quien suscribe, la aplicabilidad de la ley mercantil a los contratos que celebre y los actos jurídicos que llegue a realizar, robustece aún más la idea de la naturaleza mercantil de las relaciones jurídicas que actualmente existen entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios del suministro de energía eléctrica. En efecto, debe entenderse que, conforme a su actual regulación, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los individuos como usuarios, deben reputarse como actos mercantiles y, por ende, propios de las relaciones de coordinación, en términos del artículo 75, fracción V, del Código de Comercio, que dice: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [.] V. Las empresas de abastecimiento y suministros;" En esas condiciones, resulta inconcuso que el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, por ende, las controversias que se susciten entre ésta y los gobernados con motivo del cobro indebido en el suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, siendo la vía mercantil la procedente en la que deben reclamarse tales cuestiones. Sustenta esta consideración, en lo conducente, la tesis I.4o.C.61 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: **********En esas condiciones, resulta inconcuso que el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo Luz y Fuerza del Centro, es un acto de comercio, por ende, las controversias que se susciten entre ésta y los gobernados por el cobro indebido en el suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, por lo que la vía ordinaria mercantil es la procedente." Luego, a juicio de quien suscribe, conforme a la nueva regulación que rige a la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de empresa productiva del Estado Mexicano, se arriba a la conclusión de que no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la relación que establece con los particulares es de coordinación propias del ámbito mercantil, y no de supra a subordinación que harían posible su impugnación en sede administrativa, y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, deben decidirse en la vía mercantil que proceda. De esa guisa, se advierte que la Comisión Federal de Electricidad, Distribución Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Sahuayo, Michoacán, no puede ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aunque se les reclame la determinación en la cual le fue impuesta una cantidad a pagar derivada de una orden de verificación y consecuencias que se deriven de esta, ya que cualquier controversia que se les reclame derivadas de los derechos y obligaciones respecto al suministro de energía eléctrica, deberán impugnarse en la vía ordinaria mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de rubro y texto siguiente: ******** La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Nota: (*) La presente tesis interrumpe el criterio contenido en la diversa 2a. CVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "******** de la Ley de Amparo. De la intelección de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo y, como ya se demostró, no le reviste el carácter de autoridad a la Comisión Federal de Electricidad. No pasa inadvertido el contenido del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se advierte de estas porciones normativas, los particulares pueden ser considerados como autoridades, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de éstas; es decir, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto que cree, modifique o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sin embargo, en el caso se estima que la suspensión y corte de energía eléctrica realizada al quejoso, no constituyen actos asimilables a los de una autoridad, porque tales actos no modifican o extinguen, en forma unilateral y obligatoria, la relación jurídica que existe entre el usuario consumidor de energía eléctrica y Comisión Federal de Electricidad, sino que se dan en el marco de la relación contractual mercantil que existe entre ambos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Jesús Armando Ochoa Ochoa. En otra tesitura, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el peticionario del amparo debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro catorce, noviembre de dos mil doce, tomo dos, página mil quinientos ochenta y siete, que dice: "******. *****, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), que establece: ********* Sin pasar por alto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2a./J. 54/2012 de rubro: *******en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, con la precisión de que en uno de los asuntos se reclamó, exclusivamente, la complementaria, así como la fórmula para determinar o calcular en kilowatts la demanda facturable y, como autoridad responsable, al secretario de Hacienda y Crédito Público. Mientras que en el presente, únicamente, se atribuye los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, respecto de la orden de verificación y suspensión del servicio, temas diversos a los que fueron tema en la contradicción de tesis en comento. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de garantías promovida por******, con fundamento en el artículo 113, con relación a la XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ****Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del exhorto 2002/2018, derivado del acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, enviado para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado notificara a *******, el citado acuerdo, lo requiriera y apercibiera en los términos ahí expuestos. Mismo que quedó registrado con el número III-330/2018 (número de origen 338/2018); además, se advierte que se procedió a su diligenciación. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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