Jesus Armando May Burgos

Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
231/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Jesus Armando May Burgos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia firmada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, y recepcionada en auto de tres de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, dado que no existe razón legal para que continúe en este juzgado el legajo de copias certificadas de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************, que la autoridad responsable Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida adjuntó a su informe justificado, devuélvase a su lugar de procedencia; sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 91/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 168/2023-II del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    I. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de 03 de 05 de 2023 y la sentencia de 28 de abril de 2023, dictada por el auxiliar, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 91/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 168/2023-II del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...] XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 231/2023-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, contra actos de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida y otras autoridades por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y [...]R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito depositado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes:[...] C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, y 107, fracciones I inciso b) y IV, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 03/2013, 27/2008 y 37/2008; así como el oficio SECNO/STCCNO/292/2023, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, es competente para resolver el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto que se encuentra en estado de sentencia y proviene de un juzgado auxiliado legalmente competente. [...] TERCERO. Son ciertos los actos reclamados. Lo anterior en virtud de que así lo aceptaron expresamente la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, al rendir sus respectivos informes con justificación. [...] Además, debe presumirse la existencia del acto reclamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo,1 en virtud de que dicha autoridad fue omisa en rendir informe con justificación.[...]Por tanto, si la demanda de amparo se exhibió el veintitrés de junio de dos mil veintidós, entonces su presentación fue oportuna. QUINTO. Las causas de improcedencia que pudieren presentarse en un juicio de amparo revisten el carácter de orden público y ameritan su estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido el representante del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, argumentó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, porque el quejoso no demostró el acto de aplicación de la norma impugnada. Dicho numeral dispone:La porción normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En primer término, tratándose de leyes, la afectación y/o perjuicio no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe probarse plenamente que la disposición legal reclamada (seaautoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por un acto de aplicación que lo actualice. Sin embargo, en el caso no se actualiza dicha hipótesis de improcedencia, en virtud de que se advierte demostrado el acto de aplicación de la norma impugnada, consistente en la interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 153/2021, en la que se advierte que el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sirvió de fundamento toral para declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso en contra del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, en el cual se negó la petición de dicho amparista de embargar el treinta por ciento del excedente del salario mínimo mensual de las percepciones, menos deducciones legales que percibe el ahora tercero interesado, como pensionista del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán. Lo que se estima faculta al quejoso para impugnar dicha normatividad, porque al momento en que le fue aplicada, constituyó un obstáculo para ejecutar la sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil que le resultó favorable. En otro aspecto, argumenta el representante del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los actos reclamados, debido a que el quejoso pretende impugnar el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que fue abrogado mediante decreto publicado el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación. Dicha porción normativa dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; lo que trae como consecuencia que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.En efecto, de la intepretación sistemática de los numerales transcritos se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente cuanto se tenga imposibilidad, regularmente material, para restituir al quejoso en el derecho fundamental que dice le fue violentado; sin embargo, esa causal no se actualiza en la especie, porque para restituir al impetrante ***, bastará con declarar la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hacerla extensiva al acto de aplicación y ordenar la inaplicabilidad de la misma en su perjuicio. SEXTO. Al no advertirse diversa causa de improcedencia hecha valer o que de oficio se estime actualizada, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que con este proceder no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa por cuanto hace a la alegada inconstitucionalidad del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los motivos a continuación se exponen. Debe señalarse que en principio se abordará el estudio de constitucionalidad de la norma reclamadas, pues al resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse en primer término la constitucionalidad de la disposición impugnada y, únicamente en el caso de que se niegue el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el análisis conducente respecto del acto de aplicación.[...]Del numeral en cita, en lo que aquí interesa, se obtiene que las pensiones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son inembargables y que solamente podrán afectarse para hacer efectivas obligaciones alimentarias por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el propio instituto, con motivo de la aplicación de la misma ley. Para combatir dicha porción normativa, el quejoso argumentó básicamente que ese numeral viola el principio de igualdad puesto que permite que las pensiones puedan ser embargadas para el cobro de adeudos propios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero no para el cobro de adeudos de terceros, lo que considera constituye una violación a la igualdad existente entre los gobernados y los entes públicos. El principio que la parte quejosa considera violentado, se encuentra contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal,3 a través de la prohibición de discriminación. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues la distinción y la discriminación son términos jurídicamente diferentes: la primera, constituye una diferencia razonable y objetiva; mientras que la segunda, una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Así, un trato será discriminatorio siempre que la distinción se encuentre injustificada, es decir, si carece de una razón válida desde el punto de vista constitucional.Ahora bien, se advierte que el artículo impugnado contempla una distinción, pues permite que las pensiones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean afectadas para el pago de alimentos decretados por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con dicho instituto; por lo que con ello excluye no solamente a los particulares que no tengan el carácter de deudoresalimentarios, sino también a cualquier ente público, distinto a esa institución, de poder gravar tales ingresos. Sin embargo, se estima que esa distinción no es arbitraria, debido a que encuentra su justificación en que el pago de alimentos es una cuestión de orden público y de interés social, que tiene por objeto garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado, lo cual no se encuentran en el mismo plano que una deuda de carácter civil o mercantil. [...] Aunado a que tampoco se advierte violación al citado principio, por el hecho de que la norma impugnada permita que las pensiones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean afectadas para exigir el pago de adeudos con dicho instituto y excluya los particulares, debido a que se advierte que el patrimonio de estos últimos únicamente beneficia a una persona física o moral, a diferencia del patrimonio de las personas morales oficiales, entre las que figura el citado instituto, que[...] tienden a beneficiar a la colectividad, en sus respectivos ámbitos competenciales. Máxime que se advierte que el numeral invocado no permite que las pensiones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean afectadas para solventar adeudos con cualquier ente público del país, incluso, tampoco para solventar cualquier tipo de adeudo que se tenga con ese instituto, sino únicamente para exigir el pago de adeudos con dicha institución, contraídos con motivo de la aplicación de la propia ley; de modo que se advierte que esa distinción tiende a proteger el patrimonio del instituto en comento, con la intención de garantizar el cumplimiento de su objeto, que consiste en satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, Pensionados, Jubilados y Familiares derechohabientes. Lo que evidencia que la distinción establecida en el artículo reclamado, encuentra justificación en la protección del pago de alimentos es una cuestión de orden público y de interés social y en garantizar el objeto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por tal motivo, no es violatoria del principio de establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación planteados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado precisado con el inciso A), en el considerando segundo de esta sentencia. OCTAVO. Son infundados los conceptos hechos valer contra el acto de aplicación reclamado, consistente en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 153/2021. [...] La resolución que antecede constituye el acto reclamado que se analizará en el presente considerando. Ahora bien, la parte quejosa, a manera de conceptos de violación expresó, en resumen, que la autoridad responsable interpretó indebidamente y de manera incompleta los agravios expresados en el recurso de revocación, porque consideró que se encontraban encaminados a argumentar que se le impedía cobrar su crédito, incentivando que el deudor incumpliera con sus obligaciones, pero ignoró que la fuente toral de tales motivos de inconformidad consistió en que la inembargabilidad de la pensión jubilatoria no debe ser genérica ni universal, sino que debe estudiarse en cada caso concreto para saber si está debidamente protegida o esa protección es desmedida. Empero, se estima que dicho motivo de inconformidad es infundado, pues no se advierte que la autoridad responsable haya interpretado de manera indebida ni incompleta los agravios expresados por el quejoso, sino que todos sus argumentos fueron resumidos y contestados bajo los argumentos torales siguientes: ? Que el demandado es pensionado por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que dicha pensión es otorgada con la finalidad de que le trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, la cual resulta inembargable por así establecerlo el artículo 51 de la ley de dicho instituto. Que las pensiones devengadas resultan inembargables por contar con protección especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 435 del Código Federal de Procedimientos Civiles4 de aplicación supletoria. Argumentos que se advierte contestan en sentido negativo el argumento del quejoso, pues se entiende que la inembargabilidad de la pensión jubilatoria es genérica o universal y que no existe posibilidad de valorar su inaplicabilidad o protección desmedida. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado precisado con el inciso B), en el considerando segundo de esta sentencia. Finalmente, cabe precisar que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ***, en el juicio de amparo 231/2023-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, contra los actos reclamados y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos séptimo y octavo de la misma. [...]

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