Jesús Armando Ferreyra Bautista

Expediente 388/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
388/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Jesús Armando Ferreyra Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, CERTIFICA lo siguiente: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. b) De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. c) Que no existen tomos de prueba para devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción con folio 19546, así como con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. El secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de septiembre del presente año, dentro de los autos del amparo en revisión administrativo 477/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia que sobreseyó el juicio en que se actúa. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró, las que deberán destruirse; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y estese a lo resuelto por la Superioridad en la ejecutoria que se comenta de la que se advierte, fue confirmada la sentencia recurrida. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que este juzgado considera que el presente asunto no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del referido punto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    El diez de octubre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez el oficio registrado bajo el folio 13499.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Jesús Armando Ferreyra Bautista, contra la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el siete de septiembre del año actual, quedando registrado como amparo en revisión administrativa 477/2017-2. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Ángeles

  3. Principal

    El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con un escrito y anexos registrado bajo el folio 12854.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jesús Armando Ferreyra Bautista, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el siete del mes y año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra de la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente a la Superioridad para la substanciación del aludido recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza.- DOY FE. Ángeles

  4. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Armando Ferreyra Bautista solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Oficina Recaudadora de Rentas adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Acto reclamado: Del Congreso del Estado de Zacatecas la discusión, aprobación y expedición de los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente en dos mil diez. Específicamente los artículos 29, fracción I, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas; artículo 52, en sus fracciones I, II, inciso b), VII, inciso k), XII, y XVII, así como artículo 57, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas la promulgación de los referidos decretos. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas el refrendo de los decretos de mérito. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas la publicación de los respectivos decretos que contienen respectivamente la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como las reformas y adiciones vigentes en el presente año (2017). De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, así como de la Oficina Recaudadora de Rentas dependiente de dicha secretaría la recaudación o recepción de pago de la cantidad de $11,256.00 (once mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) en términos del recibo oficial F 5550865, de veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis. Del Tesorero Municipal del Municipio de Guadalupe, Zacatecas la recaudación o recepción del pago de la cantidad de $24,869.00 (veinticuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (por traslado de dominio), en términos del artículo 28 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, según recibo de pago número 1249453, de seis de octubre de dos mil dieciséis. Actos que, a su parecer, resultan violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se desechó el libelo respecto de los actos atribuidos al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; y, se admitió respecto de los demás actos y autoridades, solicitando a las responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el siete de junio de dos mil diecisiete; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclaman normas generales que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de: Los artículos 29, fracción I, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, quer prevén el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles Los numerales, 21 al 27, 52, fracciones I, II, inciso b), inciso k), XII, XVII y 57 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta de diciembre de dos mil, que regulan, en general, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. De la Oficina Recaudadora de Rentas adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas: El cobro del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y de los derechos relativos a la inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles, inscripción de crédito hipotecario refaccionario de habilitación, cancelaciones de inscripción o anotación, calificación registral, existencia de gravamen, expedición de certificado de libertad de gravamen y títulos que consignen dos o más actos jurídicos, con fundamento en los preceptos reclamados de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas combatida, según consta en el recibo de pago F5550865. Del Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas: La recepción del pago de la cantidad de $24,128.00 (veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, según recibo de pago número 1249453. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados (fojas 45 a 52 y 54 a 74), consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artíuculos 29, fracción I, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y 21 al 27, 52, fracciones I, II, inciso b), inciso k), XII, XVII y 57 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por otro lado, es cierto el acto reclamado del Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, consistente en la recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles erogado por el quejoso, pues lo aceptó al rendir su informe justificado. Por su parte, la autoridad responsable la Oficina Recaudadora de Rentas adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, fue omisa en rendir su informe de ley, a pesar de que fue requerida para tal efecto (foja 38). Al respecto, el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de amparo establece: "Artículo 117. .Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley.". De lo anterior, se sigue cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe justificado, este se presumirá cierto. Luego, si la Oficina Recaudadora de Rentas adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas no rindió informe justificado, se presume cierto el acto reclamado consistente en el cobro del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y de los derechos relativos a la inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles. CUARTO. Sobreseimiento respecto de los actos de aplicación de las normas reclamadas. Establecida la existencia de los actos reclamados, debe analizarse la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, la autoridad responsable Congreso del Estado de Zacatecas, manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud a que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. La anterior causa de improcedencia resulta fundada por las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio, y puede reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada, y puede reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al del acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. En concordancia con lo anterior, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En particular, en tratándose de normas generales, se entenderán consentidas éstas cuando siendo impugnables en amparo desde el inicio de su vigencia, no se hubiera promovido dicho medio de impugnación constitucional tampoco contra el primer acto de aplicación. De tal manera que, en todo caso, el consentimiento del acto de aplicación de una norma general conlleva el de ésta, pues desde ese momento se actualizan las hipótesis normativas respectivas. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen en tres supuestos: I. En la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado. II. En la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo). III. En la actuación de un particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Al respecto sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra se lee: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Por tanto, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el pago realizado por los particulares, al tratarse de la obligación fiscal principal a su cargo, lo que implica la actualización del mecanismo tributario previsto en aquéllas. Ahora bien, en primer término el quejoso reclama los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, específicamente, los artículos 29, fracción I, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto sobre la adquisición de inmuebles; lo anterior, dice el quejoso, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el pago consignado en el recibo fiscal 1249453. Ahora bien, el quejoso no allegó al presente juicio de amparo el aludido recibo fiscal. Al respecto, para acreditar la existencia de dicho pago, el impetrante aduce en su demanda de amparo que el Notario Público número 37 en la escritura pública 32017 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis (que allegó conjuntamente con su escrito inicial), hizo constar la existencia del referido recibo fiscal, que contiene el pago el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. En efecto, en una parte de la escritura pública antedicha se observa que el notario público dio fe del documento consistente en: "RECIBO DE PAGO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO. RECIBO 1249453. TESORERIA MUNICIPAL. RECIBO DE INGRESOS. FECHA 06/12/2016. CONTRIBUYENTE JESUS ARMANDO FERREYRA BAUTISTA. CONCEPTO DE PAGO ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACIÓN DE PLANOS URBANOS. CUENTA SUB CTA. DESCRIPCIÓN 4105 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. IMPORTE $24,28.00. CUENTA SUB 4211. DESCRIPCIÓN CERT. PLANOS ADQUISICIÓN DE INMUE. IMPORTE $561.00. TOTAL $24,689.00 TOTAL CON LETRA (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100) MN. UN SELLO QUE DICE. MUNICIPIO DE ZACATECAS. 6 DIC 2016. PAGADO. IMPUESTO PREDIAL. UNA FIRMA ILEGIBLE". Con lo anterior es posible establecer la existencia del acto de aplicación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que aduce el quejoso, primero, pues el citado fedatario público hizo constar la existencia del recibo de pago respectivo y, además, porque el número de recibo descrito corresponde con el que refirió el impetrante en su demanda, esto es, el recibo número 1249453. Asimismo, en el recibo fedatado por el notario se estableció que el pago por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se realizó el seis de diciembre de dos mil dieciséis; entonces, si la fecha de pago del tributo en comento constituye su primer acto de aplicación, el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a contar a partir del día siguiente (siete de diciembre) y concluyó el veintisiete del mismo mes y año. En esos términos, si la demanda fue promovida el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, es inconcuso que se hizo fuera del plazo previsto por la ley. En otro aspecto, el quejoso también reclama los numerales, 21 al 27, 52, fracciones I, II, inciso b, VII inciso k, XII, XVII y 57 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta de diciembre de dos mil, que regulan, en general, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. El quejoso aduce en su demanda de amparo que reclama los anteriores preceptos con motivo de su primer acto de aplicación, lo cual ocurrió cuando se pagaron el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y los derechos relativos a la inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles, inscripción de crédito hipotecario refaccionario de habilitación, cancelaciones de inscripción o anotación, calificación registral, existencia de gravamen, expedición de certificado de libertad de gravamen y títulos que consignen dos o mas actos jurídicos; es decir, a través del recibo de pago F 5550865. Asimismo, en su demanda de amparo, el propio quejoso reconoce que el aludido recibo de pago cuenta con un sello de caja de la autoridad exactora de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, lo anterior se corrobora con la copia simple que aquél allegó conjuntamente con su demanda de amparo, de la cual se observa que, en efecto, le fueron cobrados el impuesto y los derechos que refiere y, además, un sello de recepción de pago, fechado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Entonces, si la fecha de pago de los tributos en comento constituye su primer acto de aplicación, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a contar a partir del veintidós de diciembre siguiente y concluyó el once de enero de dos mil diecisiete. Luego, si la demanda de amparo se promovió hasta el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo previsto por la ley de la materia. En suma, la demanda de amparo es extemporánea respecto de las normas atacadas por el quejoso, ya que sus actos de aplicación fueron combatidos fuera del plazo que establece la ley. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, que el quejoso adjuntara a su demanda un documento de veintinueve de marzo del año en curso, dirigido "A quien corresponda, Sensa Sofol", a través del cual solicitó la entrega del contrato de compra venta, contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria y constitución de garantía hipotecaria (contenidos en la referida escritura pública 32017 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis), así como de los respectivos pagos realizados por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, certificación de planos en el Departamento de Catastro del municipio de Zacatecas, pagos del avalúo catastral y derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; documento en cuya parte superior derecha frontal se observa una inscripción que reza: ".Entregamos escritura consistente en el 2do testimonio del acta 32,017, vol. 1440 de fecha 27 de octubre 2016, así como los recibos de pago correspondientes."; una rúbrica ilegible, así como la fecha en que se suscribió esa leyenda, esto es, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Se determina de esa forma, pues a través del referido documento el quejoso pretende demostrar que tuvo conocimiento de los pagos del impuesto sobre adjudicación de bienes inmuebles, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derechos relativos a la inscripción de documentos relacionados con bienes inmuebles, hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en que le fue entregado el instrumento notarial y los recibos de pago correspondientes, según la fecha indicada en el documento anexo en análisis; y, como consecuencia, que la demanda fue promovida dentro del plazo que establece la Ley de Amparo. Documento privado que tiene valor probatorio en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual, el documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa; de igual forma, el escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración, mas no de los hechos declarados. En ese tenor, se estima que las manifestaciones contenidas en el documento que el quejoso suscribió no prueban que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete realizó la solicitud de entrega de documentos que refirió, ya que, como se indicó, en términos del primer párrafo del precepto citado, los documentos privados solamente hacen prueba de los hechos mencionados en él cuando sean contrarios a los intereses de su autor; lo que en el caso no ocurre, pues, se reitera, su pretensión era acreditar, precisamente, que en esa fecha solicitó la entrega de la escritura pública y los diversos pagos que refirió. Por otro lado, la inscripción que aparece en el documento privado que se analiza, en la cual se indica que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, una persona, al parecer de nombre Lucía Susana G., entregó el segundo testimonio del acta 32,017, volumen 1440 de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, así como los recibos de pago al hoy quejoso, constituye una declaración de verdad, inserta en el documento privado en cuestión; por tanto, en términos del segundo párrafo citado artículo 202, solamente hace constar la manifestación hecha por quien suscribió ese documento, pero no prueba la veracidad de su contenido, es decir, no corrobora que la escritura pública y los recibos pago fueron entregadas al impetrante el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Resulta de esa forma, pues para que el documento anexo en análisis tuviera el valor probatorio que pretende el quejoso, era necesario que ofreciera diversos medios de prueba que corroboraran su contenido, lo que no ocurrió. De ahí que, se reitera, la fecha del conocimiento de las normas generales combatidas debe tenerse desde el momento en que ocurrió su pago en los términos precisados en el presente fallo, al ser su primer acto de aplicación, no como pretende el quejoso, es decir, que aquél ocurrió hasta el momento en que, afirma, le entregaron los documentos que solicitó. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis PC.XXII. 1 A (10a.) emitida por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, localizable en la página 1919 del libro 27, febrero de 2016, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO. Cuando en la demanda de amparo o, en su caso, en la ampliación respectiva, la quejosa sostenga haber conocido el primer acto de aplicación de las normas tributarias reclamadas que, por disposición legal, debe retener el notario público, en una fecha posterior a la que ostenta el recibo de pago correspondiente, resulta indispensable que acredite dicha afirmación, lo que podrá realizar durante el procedimiento de amparo. En ese sentido, cuando existe controversia en cuanto a la fecha de conocimiento del acto de aplicación de las normas tributarias reclamadas, se considera que la extemporaneidad de la demanda no resulta manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo para desecharla de plano, por lo que el juzgador debe admitirla, con la finalidad de otorgar oportunidad probatoria a la quejosa en torno al aspecto anotado." Máxime que en los recibos de pago correspondientes aparece como contribuyente el hoy quejoso Jesús Armando Ferreyra Bautista, sin que exista algún otro medio de prueba que corrobore que dichos pagos fueron realizados por conducto de diversa persona, lo que en su caso permitiría estimar que el conocimiento de dichos pagos se verificó en fecha posterior. En consecuencia, respecto de las normas reclamadas, así como sus respectivos actos de ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la referida legislación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 221 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo I, parte SCJN, página doscientos diez, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." De igual manera, cobra vigencia el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, página doscientos treinta y cinco, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En razón de lo anterior, considerando que se ha decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados, no es jurídicamente factible abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, pues una vez actualizada dicha figura, no es viable llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 388/2017, promovido por Jesús Armando Ferreyra Bautista, contra los actos que reclamó del Congreso y del Gobernador del Estado de Zacatecas, así como de la Oficina Recaudadora de Rentas adscrita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas y del Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe, hoy siete de septiembre de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional. /manuelcc EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, LICENCIADO HÉCTOR HUGO MEJORADA BEDOLLA, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA SENTENCIA DICTADA EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 388/2017. LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. - DOY FE. EL SECRETARIO LIC. HÉCTOR HUGO MEJORADA BEDOLLA

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