Jesús Ariel Rodríguez Ramos
Expediente 1813/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1813/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Ariel Rodríguez Ramos
- Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
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Devolución de constancias. Visto el estado de autos, del que se desprende que la autoridad responsable, Juzgado Quinto Civil de Partido, de esta ciudad, remitió un tomo de pruebas al presente juicio de amparo y toda vez que es innecesario permanecer con el mismo, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez acontecido lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo, lugar de donde fue extraído. Cúmplase.
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VISTA CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LAS PARTES RECURRIERAN EL PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DETERMINA DEPURAR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. AUTORIDAD ACUSA RECIBO.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS MARÍA MAGDALENA DÍAZ INFANTE CERVANTES, OMAR JORGE PADILLA LÓPEZ Y LUZ MARÍA LÓPEZ GARCÍA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Se califica cumplimiento. Se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 204), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, realizara lo siguiente: ". 1) Dejar sin efectos la resolución reclamada, dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del toca de apelación 620/2016. 2) Emitir una nueva determinación en la que declare fundados pero inoperantes los conceptos de agravio esgrimidos por el recurrente Omar Jorge Padilla López, relacionados con la irregularidad de la diligencia de remate verificada de manera posterior al plazo de quince días, que dispone el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, con base en los argumentos expuestos en la presente sentencia de amparo. 3) Proceda al estudio de los restantes agravios formulados por los recurrentes Omar Jorge Padilla López y Jesús Ariel Rodríguez Ramos, por conducto de su mandatario judicial José Alberto Cardona Maldonado (aquí quejoso), y con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer el derecho fundamental del gobernado. Con relación a las autoridades ejecutoras, para el cumplimiento del presente fallo, deberán acatarlo materialmente..." Luego, mediante oficio 3368 y anexos (fojas 217 a 238), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento a la sentencia amparadora; así las cosas, por acuerdo de seis de noviembre del año actual, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran (foja 240). La parte quejosa no realizó manifestaciones con relación al cumplimiento que dio la responsable a la ejecutoria; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 219 a 228) la responsable dejó insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciséis y se notificó a las partes la nueva resolución del recurso de apelación en contra de la audiencia de remate celebrada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; posteriormente, mediante resolución de veinticuatro de octubre del año actual (fojas 219 a 228) con base en los lineamientos establecidos en la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundó y motivó la resolución del recurso de apelación determinando confirmar la audiencia de remate celebrada en fecha veintiséis de septiembre del año anterior, por la Juez Quinto Civil de Partido de León, Guanajuato, dentro del Juicio Especial civil Sumario Hipotecario número C866/2012, promovido por María Magdalena Díaz Infante Cervantes, en contra de Omar Jorge Padilla López, sobre pago de pesos y otras prestaciones (foja 228). Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la Ley de la Materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Se califica cumplimiento. Se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 204), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, realizara lo siguiente: ". 1) Dejar sin efectos la resolución reclamada, dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del toca de apelación 620/2016. 2) Emitir una nueva determinación en la que declare fundados pero inoperantes los conceptos de agravio esgrimidos por el recurrente Omar Jorge Padilla López, relacionados con la irregularidad de la diligencia de remate verificada de manera posterior al plazo de quince días, que dispone el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, con base en los argumentos expuestos en la presente sentencia de amparo. 3) Proceda al estudio de los restantes agravios formulados por los recurrentes Omar Jorge Padilla López y Jesús Ariel Rodríguez Ramos, por conducto de su mandatario judicial José Alberto Cardona Maldonado (aquí quejoso), y con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer el derecho fundamental del gobernado. Con relación a las autoridades ejecutoras, para el cumplimiento del presente fallo, deberán acatarlo materialmente..." Luego, mediante oficio 3368 y anexos (fojas 217 a 238), la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento a la sentencia amparadora; así las cosas, por acuerdo de seis de noviembre del año actual, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran (foja 240). La parte quejosa no realizó manifestaciones con relación al cumplimiento que dio la responsable a la ejecutoria; por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 219 a 228) la responsable dejó insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciséis y se notificó a las partes la nueva resolución del recurso de apelación en contra de la audiencia de remate celebrada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; posteriormente, mediante resolución de veinticuatro de octubre del año actual (fojas 219 a 228) con base en los lineamientos establecidos en la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundó y motivó la resolución del recurso de apelación determinando confirmar la audiencia de remate celebrada en fecha veintiséis de septiembre del año anterior, por la Juez Quinto Civil de Partido de León, Guanajuato, dentro del Juicio Especial civil Sumario Hipotecario número C866/2012, promovido por María Magdalena Díaz Infante Cervantes, en contra de Omar Jorge Padilla López, sobre pago de pesos y otras prestaciones (foja 228). Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la Ley de la Materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
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