Jesus Arduino Pantoja Vior

Expediente 1041/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1041/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Jesus Arduino Pantoja Vior

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintisiete de julio del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1041/2021-V-B, promovido por Jesús Arduino Pantoja Vior, contra el acto que reclama a la Jueza Séptima de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día catorce siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Jesús Arduino Pantoja Vior, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Jueza Séptima de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 1041/2021-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Jueza responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dar trámite a la demanda que dio origen al expediente 314/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Séptima de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aunque lo negó al rendir su informe justificado, hace manifestaciones que evidencian su existencia; lo que se corrobora en el contenido del mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, de las constancias que anexó la Jueza responsable a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que, previo cumplimiento a la prevención efectuada mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por auto de treinta de junio siguiente, la Jueza responsable dio trámite a la demanda relativa al juicio ordinario oral familiar promovida en contra de Brenda Berenice Herrera Rosado; el cual, le fue notificado a las partes el día seis de julio siguiente, mediante publicación efectuada en el número 34534 del Diario Oficial del Gobierno del Estado. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Arduino Pantoja Vior, en contra del acto que reclamó de la Jueza Séptima de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Jueza Séptima de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 492/2021-III-B, promovido por 1. Rocío Trinidad Borges Parrao, 2. José David Lara Borges, 3. José David Lara Montejo, 4. Wilma Francisca Durán Sánchez, 5. María del Pilar Berzunza Durán, 6. Gelsy Berenice Berzunza Durán, 7. Mario Alberto Moreno Alcocer, 8. Lizbeth Noemí Figueroa Cauich, 9. Jorge Serafín Figueroa Gamboa, 10. Jorge Asunción Figueroa Cauich, 11. Aylin Herrera Guerrero, 12. Blanca Lilia Novelo Díaz, 13. Arsenio Borges Canto, 14. Genny Rosario de Fátima Rodríguez García, 15. Guadalupe Elide Rodríguez García y 16. Daysi Concepción Rodríguez García, asimismo, los menores de iniciales 17. A.N.P.B. y 18. M.J.P.B., representados por su madre María del Pilar Berzunza Durán, y los menores 19. J.D.C.B. y 20. N.I.C.B., representados también por su madre Gelsy Berenice Berzunza Durán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, 1. Rocío Trinidad Borges Parrao, 2. José David Lara Borges, 3. José David Lara Montejo, 4. Wilma Francisca Durán Sánchez, 5. María del Pilar Berzunza Durán, 6. Gelsy Berenice Berzunza Durán, 7. Mario Alberto Moreno Alcocer, 8. Lizbeth Noemí Figueroa Cauich, 9. Jorge Serafín Figueroa Gamboa, 10. Jorge Asunción Figueroa Cauich, 11. Aylin Herrera Guerrero, 12. Blanca Lilia Novelo Díaz, 13. Arsenio Borges Canto, 14. Genny Rosario de Fátima Rodríguez García, 15. Guadalupe Elide Rodríguez García y 16. Daysi Concepción Rodríguez García, asimismo, los menores de iniciales 17. A.N.P.B. y 18. M.J.P.B., representados por su madre María del Pilar Berzunza Durán, y los menores 19. J.D.C.B. y 20. N.I.C.B., representados también por su madre Gelsy Berenice Berzunza Durán, solicitaron la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de las siguientes autoridades: 1. Ayuntamiento del Municipio de Mérida. 2. Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. 3. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. 4. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 6. Secretaría de Energía. 7. Comisión Reguladora de Energía. Las dos primeras con sede en esta ciudad y las restantes radicadas en la ciudad de México. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintidós de abril de este año, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. El once de mayo de la presente anualidad se celebró la audiencia incidental respecto a las responsables a) Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán y b) Dirección de Desarrollo Urbano del mismo ayuntamiento y se difirió en lo tocante a las diversas autoridades c) Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, d) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, f) Secretaría de Energía y g) Comisión Reguladora de Energía, con sede en la ciudad de México, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que precede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, los cuales hizo consistir, en el ámbito de su respectiva competencia, en: a) Las acciones llevadas a cabo para la construcción de un gasoducto para la distribución de gas natural, en diversas calles de la colonia San Damián, de esta ciudad, b) La emisión del permiso o licencia respectiva, y c) Las omisiones de verificar que la referida construcción se ejecute bajo las normas legales y regulaciones tendientes a proteger el derecho humano al medio ambiente. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 3. Secretaría de Energía, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes previos, sin que la parte quejosa haya no aportado alguna prueba para desvirtuar dicha negativa; por tanto, procede negar la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820, del IUS Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Por su parte, son ciertos los actos reclamados a las diversas responsables 1. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos y 2. Comisión Reguladora de Energía. Esto es así, ya que con relación a la primera autoridad, de su informe previo se aprecia que únicamente negó los actos que ahí transcribió con motivo de la precisión que este órgano federal realizó en auto de veintidós de abril de este año; sin embargo, nada señaló respecto a los restantes actos que la parte quejosa sentó en su demanda de amparo. Por ende, se deben presumir ciertos los actos que se le atribuyen. Si bien, este órgano federal, para efectos de proveer sobre la medida cautelar, determinó precautoriamente acotar los extremos sobre los cuales analizaría la concesión o no, de la suspensión provisional, lo cierto es que de ninguna manera se pueden circunscribir los actos tildados de inconstitucionales a los establecidos en el auto inicial (sea en el juicio principal o en el incidente que de él derive), por lo que se debe tomar en consideración, para emitir el informe correspondiente, todo lo vertido por el peticionario del amparo en su libelo inicial de demanda. Sustenta lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De ahí que, de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la legislación de amparo, la fijación del acto reclamado, en lo que corresponde al incidente de suspensión, debe realizarse en la determinación que resuelva la suspensión definitiva. Más aún, tal y como lo prevé la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en su artículo 5, fracciones III, VIII y XVIII, la autoridad de que se trata se encuentra facultada para expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental, a que hace alusión e diverso ordinal 7 de esa legislación, así como para verificar la debida observancia de ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia. Y, en lo que respecta a la segunda autoridad, también debe presumirse el acto que se le atribuye, pues realizó manifestaciones que evidencian su certeza, al indicar que cuenta con la facultad de otorgar permisos para desarrollar la actividad de distribución de gas natural. CUARTO. Así, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, deben analizarse los actos reclamados en primer término su naturaleza, la cual es de actos consumados con efectos positivos, ya que, por una parte ya se emitieron, sin embargo, por la otra, respecto a los efectos y consecuencias de dichos actos, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En el caso, no se reúne el primero de dichos requisitos, razón por la cual deberá negarse la suspensión definitiva que se solicita. Ello, toda vez que los quejosos, salvo Genny del Rosario de Fátima Rodríguez García, Arsenio Borges Canto y Blanca Lilia Novelo Díaz, quienes presentaron los recibos de pago del impuesto predial de diversos inmuebles ubicados en la colonia San Damián de esta ciudad, donde refieren se construye un gasoducto para la distribución de gas natural, no exhibieron prueba eficaz alguna que acredite el interés que tienen para que se suspendan los actos reclamados. Ya que si bien se exhibieron diversos documentos en copias fotostáticas simples, relativos a las credenciales para votar de algunos quejosos expedidas por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral de diversos domicilios ubicados en la colonia San Damián, un pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos y un testimonio de escritura pública correspondiente a un tablaje catastral ubicado en la colonia San Damián de esta ciudad. También lo es, que por sí solos dichos documentos, sin otro dato con el que puedan adminicularse, carecen de valor probatorio, toda vez que al ser las copias fotostáticas simples, reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances tecnológicos, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que pueda hablarse de la existencia de una copia y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda es necesario que la copia sea certificada y con ello pruebe la existencia de su original, de ahí que no puedan tomarse en consideración en cuanto a su contenido. Ahora bien, no obstante que los diversos quejosos Genny del Rosario de Fátima Rodríguez García, Arsenio Borges Canto y Blanca Lilia Novelo Díaz, acreditan indiciariamente que son propietarios, no posesionarios, de un inmueble en la colonia donde aseguran se lleva a cabo la construcción que les aqueja. Lo cierto es, que no aportaron elementos suficientes para sostener si la superficie de la obra del gasoducto que arguyen se construye en determinada zona, se realizó dentro del área que refieren, por lo que aún y cuando el suscrito resolutor federal, atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de los peticionarios de amparo, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, lo que confirmó la autoridad responsable al rendir su informe previo; sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, aunque sea indiciariamente que tales actos efectivamente la agravian, es decir, que efectivamente les causan perjuicio en sus derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, cabe señalar que aunque la construcción de dicha obra se encuentre en proceso, tampoco existe evidencia de qué manera se ocasionan perjuicios o se genere un riesgo para los quejosos habitantes de los predios colindantes en sus derechos fundamentales, o bien, que los actos reclamados causen daños irreparables al medio ambiente o equilibrio ecológico en el que se desarrollan, en atención a los principios de prevención y precautorio que rigen en materia ambiental, que conlleven a considerar justificada la concesión de la medida suspensional. Así pues, si bien es verdad que la finalidad del juicio de amparo, conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es vigilar que se respeten los derechos humanos del gobernado, y una medida efectiva que la propia Norma Suprema y la Ley de Amparo conceden para ello, es la de la suspensión de los actos reclamados; también lo es, que ésta se supeditó por el Constituyente y el legislador ordinario al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, la ponderación entre el orden público, el interés social y la apariencia del buen derecho. Por tanto, al no acreditar la parte quejosa su interés indiciario que haga procedente la medida solicitada, en términos de la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercero Circuito, publicada el pasado cuatro de enero de dos mil diecinueve, en la página 1780, del Libro 62, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018920, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA "CONSTRUCCIÓN VERTICAL". EXTREMOS QUE DEBEN JUSTIFICAR LOS VECINOS DEL LUGAR EN QUE ÉSTA SE EFECTÚA, PARA COMPROBAR EL INTERÉS LEGÍTIMO PARA EL OTORGAMIENTO DE AQUELLA MEDIDA CAUTELAR. La suspensión contra los efectos y consecuencias de la licencia, permiso y/o autorización para realizar una "construcción vertical", generalmente procede por las mismas razones que informan las tesis de jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.) y 2a./J. 148/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelamente, su otorgamiento requiere la justificación del "interés legítimo", conforme a la conceptualización que respecto de esa figura jurídica hizo el Pleno de la propia Suprema Corte, en su tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a). En ese contexto, si el quejoso aduce que los actos de ejecución de la licencia, permiso y/o autorización que impugna destacadamente, le producen una afectación a la esfera de sus derechos fundamentales por ser "vecino" del lugar en el que se realiza la edificación vertical, y en tales condiciones solicita la suspensión, entonces, debe acreditar esa "vecindad" -indiciariamente para la provisional, y con mayor objetividad para la definitiva-, proporcionando elementos fácticos sobre la distancia aproximada entre el inmueble que dice ocupar y la construcción a la que se opone, así como las dimensiones o entidad de ésta, en correlación con las afectaciones que deberá identificar. Sólo a partir de ello, el juzgador de amparo podrá normar su arbitrio judicial y definir si a propósito de la vecindad alegada (entendida como sinónimo de cercano, próximo o inmediato, y no lato sensu), el inmueble del quejoso se ubica o no dentro del entorno de afectación producido por la edificación vertical reclamada y, en su caso, las posibles consecuencias directas e inmediatas en su esfera de derechos fundamentales. Conceptualizar de otra manera la "vecindad" (verbigracia: habitantes de una localidad municipal, colonia o sector de una ciudad), implicaría admitir que basta alegar la "vecindad" para obtener, sin mayores condiciones, la suspensión de la obra, lo cual es inaceptable. En tales condiciones, quedará a la prudente valoración del Juez de amparo determinar en qué casos y con qué probanzas el quejoso acredita de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión conforme al segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que no puede concebirse de otra manera, sino la que dispone el propio numeral, es decir, se trata de una hipótesis prevista en favor del quejoso que solicita la medida cautelar, aduciendo contar con un interés legítimo, y que en el evento de resultar procedente su concesión, en ningún caso "podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda"; no así en relación con un tercero que pudiera verse afectado con ese otorgamiento." Asimismo, por identidad jurídica, la tesis del rubro y tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07). Y la jurisprudencia 3a./J. 1/89 de la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 379, del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 207,434, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva en contra de los actos que atribuye a las autoridades y motivos precisados en la segundo y última de las consideraciones de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

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