Jesús Arango Sierra

Expediente 630/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
630/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Jesús Arango Sierra

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.630/2018-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de junio del año en curso (fojas 9 a 21), en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. 2.- Causa estado auto de desechamiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. 3.- Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.- Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2 Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 4.3 Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4.4 Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 630/2018 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional, el veintiséis de este mes y año, promovida por ****, contra actos del juez Sexto de lo Civil del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca y de otra autoridad; fórmese el expediente impreso y electrónico, mismo que deberá quedar registrado con el número 630/2018. 2. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, es decir, basta con el análisis de la demanda para advertirla sin necesidad de tener constancias del juicio generador. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo indirecto, se advierte que el acto reclamado principal se hace consistir en la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio mercantil 402/2018, del índice de Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha diez de abril del año en curso, en el que se desechó la excepción de la improcedencia de la vía. Acto acontecido dentro del juicio que no es de imposible reparación, cuando se resuelve un incidente de improcedencia de la vía por nexo causal. Luego, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como puede advertirse, la determinación reclamada constituye un acto de índole intraprocesal, dado que el juicio de origen no ha concluido ni se ha dictado una resolución que le ponga fin y el acto reclamado no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción que permitan establecer que se está ante un acto de ejecución irreparable, pues debe puntualizarse, que la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio mercantil 402/2018, del índice de Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha diez de abril del año en curso, en el que se desechó la excepción de la improcedencia de la vía, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Es así, pues no afecta directa e inmediatamente prerrogativa fundamental del gobernado (ningún derecho sustantivo, o propiedades, posesiones, vida, libertad, intimidad, etc.); sino que, en la especie, es un acto inminentemente procesal, por lo que, no se considera como acto de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ciertamente, ese acto ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, esa determinación reclamada puede ser combatida de darse los requisitos, como violación procesal mediante el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra la sentencia definitiva. Para lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 108/2005, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294 del Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época que dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.13o.C.26 C, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1643 del Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente: "VÍA, EXCEPCIÓN DE LA. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA DECLARÓ INFUNDADA. La resolución que confirma la interlocutoria que declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía (incluso en juicio ejecutivo mercantil) no irroga perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica sustantiva de la quejosa, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales (propiedades, posesiones o derechos), ya que los efectos de dicha resolución no son otros sino los de desestimar la excepción dilatoria procesal opuesta por la demandada a fin de que se siga con el procedimiento en la forma en que fue ordenado en el auto admisorio de la demanda, para que previo el trámite del juicio se dicte el fallo definitivo, pues el embargo no es decretado en aquella resolución (en la que se resolvió la excepción procesal de mérito), sino en el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil. De manera que no puede hacerse depender la subsistencia de tales determinaciones (mandamiento con efectos de ejecución y el correspondiente embargo) de la resolución que desestimó la excepción de improcedencia de la vía, pues de ese modo se desnaturalizaría no solamente el juicio de amparo en la vía indirecta, cuya procedencia se encuentra reservada para que, tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento, solamente pueda analizarse la constitucionalidad de aquellos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos del gobernado, sino también el sentido de la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "APELACIÓN MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE LA INTERPUESTA EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA EN UN JUICIO EJECUTIVO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.", al establecer que el referido auto admisorio es el que tiene como efecto que se requiera de pago a la demandada y, no haciéndolo, el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda amparada con el documento base de la acción, que trae aparejada ejecución, así como las costas respectivas, según lo previsto por el artículo 1392 del Código de Comercio, pues estimar lo contrario equivaldría a aceptar que basta con que mediante la interlocutoria correspondiente se declare injustificada cualquier otra excepción procesal o de previo y especial pronunciamiento en un juicio ejecutivo o que la parte demandada solicite el levantamiento del embargo trabado sobre sus bienes, para que contra las resoluciones desestimatorias, respectivamente, de la excepción o de la petición de liberarla de dicho gravamen, proceda el amparo indirecto bajo el argumento de que con ellas se está dejando subsistente el secuestro de su peculio." De ahí que el acto reclamado no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues lo cierto es que, en la especie, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, que no ha concluido; esto es, se encuentra substanciándose. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo define en forma concreta que los actos de imposible reparación como aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. En ese contexto, si los criterios que interpretaban los actos que debían ser considerados como de imposible reparación (definiéndolos como aquellos que transgredían derechos adjetivos en grado superior y predominante), se emitieron a la luz del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas el dos de abril de dos mil trece; y actualmente el artículo 107, fracción V, de la propia normatividad legal los define en forma limitativa como aquellos que transgreden derechos sustantivos, es claro que todas las tesis y criterios jurisprudenciales que van en contra de dicha disposición normativa no son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. Por tanto, no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues esa determinación no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que únicamente tiene efectos formales impugnables en vía de amparo directo una vez que concluya definitivamente ante la potestad común. De ahí que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación y además, no es una determinación que sea de autonomía destacada o caso de excepción como lo son los actos que pongan en peligro la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, por lo que a la luz de las constancias que lo conforman, es factible arribar a esta conclusión y evidenciar la actualización de la causal invocada. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, que es la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio mercantil 402/2018 del índice de Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha diez de abril del año en curso en el que se desechó la excepción de la improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de la parte quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En apoyo a lo considerado en el páragrafo antecedente, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/29, de registro 218725, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la foja 41, gaceta 56-agosto de 1992, materia común, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, pues basta con la lectura de la demanda para patentizar la actualización de la causal invocada, esto es, no es necesario, como ya se dijo, allegarse de constancia alguna del juicio de origen. Sustentan esta determinación, las tesis consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción.". Conviene precisar que la actualización de las hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia, prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que al estimarse que dicho juicio como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También se precisa que no es impedimento a lo ya determinado el hecho que este órgano de control constitucional en su caso pueda aplicar el principio pro persona. Lo afirmado es así, ya que si bien la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio; principio pro personae ahí contenido, que descansa en dos vertientes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. Razón por la cual, para aplicar dicho principio es menester evidenciar, mediante razonamientos, por qué se debe; empero, en la especie, la parte quejosa nada dice de la lectura integral de la demanda, cuál es la norma o normas que la responsable o este juzgador debe interpretar, preferir y aplicar a su favor, por ser la más favorable. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen, y que el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos (lo que en la especie no se advierte) y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, por lo que se requiere: a). Que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable; b). Señale cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende; c). Indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido; y, d). Se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, De manera que si no se señalan, en esencia, la aplicación el principio pro persona o del modelo de control constitucional, pero no se cumple con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de su aplicación, es de colegir que no se puede entrar a su estudio. Justifica lo anterior, la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página setecientos setenta y dos, Libro 6, Mayo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: «PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función». Así como, la tesis aislada CCCXXVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página seiscientos trece, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal siguiente: «PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento». Y, por las razones que las informan, la jurisprudencia y tesis que a continuación se transcriben con datos de localización: «Época: Décima Época. Registro: 2005717. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.). Página: 487. PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente». «Época: Décima Época. Registro: 2007063. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXCIII/2014 (10a.). Página: 535. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo». «Época: Décima Época. Registro: 2007064. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.). Página: 536. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados». 3. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Olmos número 115, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Oaxaca; y, por el momento, por autorizados para tales efectos a las personas que menciona; ello, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no refiere autorizarlos en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, limitándose a citar únicamente el diverso numeral 27 de la ley de la materia, el cual hace referencia a la forma en que deberán efectuarse las notificaciones personales en el juicio de amparo. 4. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.630/2018-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

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