Jesús Aragón Martínez

Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
620/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Aragón Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente..."

  2. Principal

    "... Visto el escrito de demanda de amparo promovidas por ****, contra actos del Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Tihuatlán, Veracruz y otra, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 620/2021-V DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. Ese principio encuentra justificación en el hecho de que este juicio constitucional, es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Para que se actualice la causa de improcedencia indicada, es necesario que procedan los siguientes requisitos: Que se trate de una resolución que provenga de un Tribunal Judicial, administrativo o de Trabajo. Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar, y; Que la parte quejosa no sea una persona extraña al procedimiento de origen. En el caso de estudio se reúnen los requisitos precisados en líneas supra para la actualización de la causa de improcedencia invocada. En ese orden, del contenido del escrito inicial de demanda cabe destacar que el acto reclamado emana del Fiscal Encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Tihuatlán, Veracruz y posteriormente del Fiscal Regional de la Zona Norte, Tuxpan, con sede en dicha ciudad, toda vez que la parte quejosa señala la omisión o dilación para integrar una carpeta de investigación; y, contra el acto reclamado procede la impugnación ante el juez de control. De la interpretación literal de ese numeral se obtiene que contra los actos consistentes en abstenciones del Ministerio Público de investigar, procede su impugnación a través del juez de control, quien en audiencia resolverá sobre el mismo. Entonces, si el acto reclamado se hizo consistir en la dilación de parte de las autoridades responsable, para integrar la carpeta de investigación 411/2019, existía el imperativo, de que previo a la instancia constitucional impugnara tal acto contra el Juez de control, resaltando que la parte quejosa manifiesta ser el denunciante, precisamente, por tratarse de una providencia cautelar que pudo ser modificada o revocada a través de ese medio de defensa ordinario, pues no hay que olvidar que así lo impone el principio de definitividad que rige la Ley de Amparo, aún el acto sea de imposible reparación por sus alcances de afectar derechos sustantivos. En efecto, en acatamiento a tal principio, la parte accionante, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió combatir el acto a través del juez de control, por virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. Ciertamente, de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica de la parte quejosa, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, si bien la orden de embargo precautorio reclamado constituye un acto en el juicio de imposible reparación, es necesario que el interesado cumpla tal principio, mediante la impugnación ante el Juez de Control. Sin que en el caso concreto se presenten los casos de excepción que estipula la hipótesis de improcedencia en cita, ya que el acto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; no se trata de algún acto que afecte la libertad personal; la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento; ni se necesita interpretación adicional para la procedencia del recurso o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. De modo que, al ser omisa las citadas autoridades al integrar la carpeta de investigación 411/2019, lo procedente es que la parte quejosa impugne dicho acto en la instancia y con la autoridad correspondiente, por lo que es necesario que agote el principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber cumplido el quejoso con dicho principio de definitividad, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 107, fracción III y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el ubicado en *****, de esta ciudad; asimismo, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a Alberto Salazar Martínez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito..."

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