Jesus Antonio Villa Bautista
Expediente 1070/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesus Antonio Villa Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Acorde en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales a que se refiere el artículo 3, fracción XVIII, del referido Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que no se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón del actuario llevador de este expediente, toda vez que informa las causas que le impidieron notificar el proveído de tres de noviembre de este año al quejoso Jesús Antonio Villa Bautista; con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha determinación por lista de acuerdos que se publica en la entrada del edificio sede del Poder Judicial de la Federación (ubicado en Privada de Aldama número ciento seis, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca), así como las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio para recibir notificaciones. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Inserción de auto......San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado; con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al mismo, que se desahogan en razón de su propia naturaleza. Estado de los autos Del estado de los autos se advierte que el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado mediante oficio 7846/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de los autos de cuatro y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como del oficio 7844/2021, de siete de octubre pasado, dictados y girado en el expediente laboral 797/2019 (2), de su índice, en los cuales se acordó lo procedente a las solicitudes realizadas por la parte quejosa Jesús Antonio Villa Bautista, en sus escritos presentados el cinco de julio de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia Al efecto, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos transcritos, se advierte que debe sobreseerse en el juicio cuando los efectos del acto reclamado han cesado, esto es, que hayan quedado insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se tornaría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que ha dejado de surtir efectos, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya y que no deje huella en la esfera jurídica del particular; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone al quejoso en el goce de su derecho violado; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De ahí que, la omisión reclamada se ubica en la hipótesis descrita en el inciso b). Lo anterior es así, toda vez que, en este juicio, el aquí quejoso Jesús Antonio Villa Bautista, reclamó de la Junta responsable: La omisión de acordar los escritos presentados el cinco de julio de dos mil veintiuno, en los cuales interpone incidente de liquidación en el juicio 797/2017 (2), de su índice, y solicita se requiera al perito oficial emita un dictamen que se encuentra pendiente en dicho juicio. Luego, toda vez que la responsable ya hizo pronunciamiento al respecto como se advierte de las constancias relatadas en párrafos que preceden, se pone de relieve que las omisiones reclamadas han cesado en sus efectos, es decir, si bien con anterioridad a la presentación de la demanda, la Junta responsable probablemente pudo haber incurrido en una omisión, tal pasividad ha sido destruida en todos sus efectos en forma total e incondicional con posterioridad a esa data, con motivo de los autos de cuatro y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como del oficio 7844/2021, de siete de octubre pasado, dictados y girado en el expediente laboral 797/2019 (2), del índice de la responsable. Ello, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, puesto que la omisión reclamada ya no está produciendo sus efectos y, por ende, no se ha dejado huella en su esfera jurídica. En otras palabras, el quejoso fue restituido en el goce de su derecho violado; por ende, al menos hasta el momento, se ha respetado su derecho fundamental de justicia pronta tutelado en el artículo 17 Constitucional que, en dado caso, sería el efecto de la concesión del amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la Tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, intitulada: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado; con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al mismo, que se desahogan en razón de su propia naturaleza. Estado de los autos Del estado de los autos se advierte que el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado mediante oficio 7846/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de los autos de cuatro y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como del oficio 7844/2021, de siete de octubre pasado, dictados y girado en el expediente laboral 797/2019 (2), de su índice, en los cuales se acordó lo procedente a las solicitudes realizadas por la parte quejosa Jesús Antonio Villa Bautista, en sus escritos presentados el cinco de julio de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia Al efecto, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos transcritos, se advierte que debe sobreseerse en el juicio cuando los efectos del acto reclamado han cesado, esto es, que hayan quedado insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se tornaría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que ha dejado de surtir efectos, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya y que no deje huella en la esfera jurídica del particular; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone al quejoso en el goce de su derecho violado; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De ahí que, la omisión reclamada se ubica en la hipótesis descrita en el inciso b). Lo anterior es así, toda vez que, en este juicio, el aquí quejoso Jesús Antonio Villa Bautista, reclamó de la Junta responsable: La omisión de acordar los escritos presentados el cinco de julio de dos mil veintiuno, en los cuales interpone incidente de liquidación en el juicio 797/2017 (2), de su índice, y solicita se requiera al perito oficial emita un dictamen que se encuentra pendiente en dicho juicio. Luego, toda vez que la responsable ya hizo pronunciamiento al respecto como se advierte de las constancias relatadas en párrafos que preceden, se pone de relieve que las omisiones reclamadas han cesado en sus efectos, es decir, si bien con anterioridad a la presentación de la demanda, la Junta responsable probablemente pudo haber incurrido en una omisión, tal pasividad ha sido destruida en todos sus efectos en forma total e incondicional con posterioridad a esa data, con motivo de los autos de cuatro y siete de octubre de dos mil veintiuno, así como del oficio 7844/2021, de siete de octubre pasado, dictados y girado en el expediente laboral 797/2019 (2), del índice de la responsable. Ello, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, puesto que la omisión reclamada ya no está produciendo sus efectos y, por ende, no se ha dejado huella en su esfera jurídica. En otras palabras, el quejoso fue restituido en el goce de su derecho violado; por ende, al menos hasta el momento, se ha respetado su derecho fundamental de justicia pronta tutelado en el artículo 17 Constitucional que, en dado caso, sería el efecto de la concesión del amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la Tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, intitulada: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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