Jesús Antonio Valero Delgado

Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
773/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita
  • Jesús Antonio Valero Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Archivo Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, que concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente Expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación....

  2. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a -------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada el veintinueve de septiembre del año en curso.En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa.....

  3. Principal

    MESA "3" En la Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por --------------------------------------------------------, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ----/2021-3 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Se reclaman actos prohibidos por el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no procede por las siguientes consideraciones La parte quejosa en su escrito de demanda señaló como actos reclamados intimidación, tortura y violencia física y moral mismos que de llegar a ejecutarse vulnerarían su esfera jurídica de derechos fundamentales. Sin embargo, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Asimismo, el artículo 126 de la Ley de Amparo, a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. ???????????? Consideración previa Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Prevención Con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, y 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, aclare lo siguiente: 1) Deberá precisar el acto que combate en esta vía, así como la naturaleza jurídica de la autoridad que lo emitió y la potestad que ejecutará el mandamiento que indica en la presente instancia constituciona Ello, en atención a que, de la manera en que se encuentra redactado el escrito que se atiende, genera incertidumbre y confusión a efecto de fijar la litis en el presente asunto, pues, por un lado en el capítulo relativo al acto reclamado señaló como tal: ".-------------------------------------------------------------------" De lo anterior, se advierte incongruencia entre los actos reclamados que el amparista señala y la naturaleza jurídica de los efectos que cada uno de ellos produce, pues las consecuencias jurídicas que cada uno de ellos genera no necesariamente son privativas de libertad personal; asimismo, los actos combatidos resultan incompatibles con la naturaleza de las autoridades que señaló como responsables. Efectivamente, los actos reclamados que el impetrante de derechos fundamentales señala, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que refiere como responsables, ello en virtud de que con base en nuestra Ley Fundamental y el Código Nacional de Procedimientos Penales las autoridades facultadas para dictarlos son de índole judicial y otras de carácter administrativo. Ello es así, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión, citatorio o comparecencia. Mientras que, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. En ese contexto, la figura de la orden de presentación, de acuerdo al citado dispositivo 141, no forma parte de los medios de conducción al imputado al proceso y tampoco se advierten datos que permitan establecer que fue emitida como medida cautelar en términos de la fracción I del artículo 155 de dicho ordenamiento, lo cual también es facultad exclusiva de la autoridad judicial. Ahora bien, por lo que hace a la orden de reaprehensión que señala como acto reclamado, cabe señalar que dicho acto constituye una medida de reconducción al procedimiento penal que se emite cuando el justiciable ha incumplido con alguna medida cautelar (distinta a prisión preventiva), decretada en su contra a efecto de garantizar su presencia y la continuación de un proceso penal que se esté llevando en su contra. Sin embargo, de los antecedentes plasmados en el escrito inicial, no se desprende que el quejoso se encuentre en algún proceso penal incoado en su contra. Luego, en torno a la orden de arraigo que pretende combatir en esta vía, es preciso destacar que el artículo 16 Constitucional establece que previa petición del Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, se podrá decretar el arraigo de una persona. En esa tesitura, cabe señalar que los delitos de delincuencia organizada son competencia exclusiva tanto de autoridades ministeriales como judiciales, del ámbito federal, por lo que el hecho de que el justiciable haya señalado como acto reclamado dicho acto, genera incertidumbre a este juzgado de distrito, pues de las autoridades que precisó como responsables, no se advierte que alguna de ellas pertenezca a dicho ámbito federal. Por ende, de insistir en señalar como acto reclamado para efectos del presente juicio una orden de arraigo, deberá indicar de manera precisa la autoridad federal que emitió dicha medida cautelar, así como el número de expediente del cual deriva, y la fecha en que le fue notificada, o bien, se hizo sabedor de la misma. Con base en lo anteriormente expuesto, deberá especificar de manera concreta cuál es el acto que les atribuye a las autoridades que señala como responsables, desde luego considerando sus facultades legales de acuerdo al instrumento legal invocado con antelación y observando todos y cada uno de los puntos delineados en párrafos que anteceden. Bajo dichas consideraciones, una vez precisado el acto que en concreto se pretende combatir en esta vía, el promovente del amparo deberá indicar de manera precisa qué autoridad se lo atribuye; ello, al tenor de lo expuesto en párrafos precedentes. En razón de lo anterior, se estima necesario que el quejoso especifique cuál es el acto que en concreto desea combatir en esta vía indirecta y exclusivamente a la autoridad que integra el expediente respectivo de donde emana el acto que en esta vía combate, atendiendo específicamente la naturaleza jurídica de los actos que reclama con las facultades legales con las que dichas potestades se encuentran investidas. Lo anterior es así, pues es obligación de la parte quejosa señalar con precisión las autoridades responsables a quien atribuye el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad que emitió el acto que reclama. Ello, en razón a que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señal a ni modificar el acto que pretende reclamar. Además, dichos datos se estiman necesarios para integrar la relación jurídica procesal, pues en la hipótesis de admitir la demanda de amparo, de esa manera se estará en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. Suma a lo expuesto, la circunstancia de que en el amparo indirecto no se tienen más datos que los formulados en la demanda, motivo por el que se requieren actos y autoridades precisas, para dar trámite al juicio de garantías y con ello propiciar una impartición de justicia pronta y expedita, evitando dilaciones innecesarias que afecten la tramitación del propio juicio. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.????????????En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y se le hace saber las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de la Materia3. Copias Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, así como de la demanda de amparo que nos ocupa, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Domicilio de la quejosa Ahora, como el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, notifíquensele por medio de lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -------------------------------------------------------, Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico -----------------------------------, así como el teléfono (55)----------, extensión 4325. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario "alinebecerril"; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales...Notifíquese.

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