Jesus Antonio Tallabs Ortega

Expediente 1561/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 63 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1561/2018
Año
2018
Actuaciones
63
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Jesus Antonio Tallabs Ortega
  • Poder Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada desahogó dicha vista, en términos de su escrito presentado en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jesús Antonio Tallabs Ortega, para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión del amparo. Las autoridades responsables Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial, Magistrados Integrantes de la Comisión nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia todos del Estado de Morelos, deberán realizar lo siguiente: 1). Realicen las gestiones correspondientes para que se notifique al quejoso Jesús Antonio Tallabs Ortega la respuesta recaída a su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho." Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector, en reiteradas ocasiones. En acatamiento a lo anterior, el Delegado de las autoridades responsables del Poder Judicial del Estado de Morelos, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias que acreditan que realizó la notificación al quejoso del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en respuesta a su escrito de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber notificado al quejoso la respuesta que recayó a su escrito de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por el quejoso en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, argumentando que no se dio respuesta a todas y cada una de sus peticiones formuladas en su escrito correspondiente; aunado a que, la notificación que se le realizó de tales respuestas, fue en su domicilio particular y no en el procesal señalado ante la responsable; esto, puesto que, como ya se dijo, la autoridad cumple con los lineamientos a los que fue constreñida, en virtud de que los efectos de la sentencia concesoria fueron únicamente para que se notificara la respuesta emitida a su escrito, no así el sentido y contenido de la misma; no obstante, queda a salvo de hacer valer su derecho por la vía que considere oportuna, incluso respecto de la ilegalidad que refiere de la notificación que se le hizo por parte de la responsable. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente juicio de amparo se considera depurable, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional; además, de que no es de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el expediente en cita, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión definitiva; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuente, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículos 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales presentados por las partes, que obren glosados en autos. Una vez que se remita el expediente al archivo, la Secretaria deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, por medio del cual realiza diversas manifestaciones; en atención a ello, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden. Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "CUMPLIMIENTO, SE ORDENA ARCHIVO".

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE CITA. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada desahogó dicha vista, en términos de su escrito presentado en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jesús Antonio Tallabs Ortega, para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión del amparo. Las autoridades responsables Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial, Magistrados Integrantes de la Comisión nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia todos del Estado de Morelos, deberán realizar lo siguiente: 1). Realicen las gestiones correspondientes para que se notifique al quejoso Jesús Antonio Tallabs Ortega la respuesta recaída a su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho." Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector, en reiteradas ocasiones. En acatamiento a lo anterior, el Delegado de las autoridades responsables del Poder Judicial del Estado de Morelos, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias que acreditan que realizó la notificación al quejoso del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en respuesta a su escrito de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber notificado al quejoso la respuesta que recayó a su escrito de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por el quejoso en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, argumentando que no se dio respuesta a todas y cada una de sus peticiones formuladas en su escrito correspondiente; aunado a que, la notificación que se le realizó de tales respuestas, fue en su domicilio particular y no en el procesal señalado ante la responsable; esto, puesto que, como ya se dijo, la autoridad cumple con los lineamientos a los que fue constreñida, en virtud de que los efectos de la sentencia concesoria fueron únicamente para que se notificara la respuesta emitida a su escrito, no así el sentido y contenido de la misma; no obstante, queda a salvo de hacer valer su derecho por la vía que considere oportuna, incluso respecto de la ilegalidad que refiere de la notificación que se le hizo por parte de la responsable. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente juicio de amparo se considera depurable, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional; además, de que no es de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el expediente en cita, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión definitiva; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuente, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículos 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales presentados por las partes, que obren glosados en autos. Una vez que se remita el expediente al archivo, la Secretaria deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, por medio del cual realiza diversas manifestaciones; en atención a ello, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden. Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "CUMPLIMIENTO, SE ORDENA ARCHIVO".

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito remitido por la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia. En atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista ordenada por este juzgado, manifestaciones que serán tomadas en consideración en el momento en que se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. *

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como legalmente la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós; lo que se toma del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

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