Jesús Antonio Salazar Meléndez
Expediente 267/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Antonio Salazar Meléndez
- Jesús Antonio Salazar Meléndez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintiséis de febrero de este año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Antonio Salazar Meléndez se hizo correctamente al promovente por medio de lista el cuatro del mes en curso, notificación que surtió efectos el cinco siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del seis al doce del actual, descontándose los días siete y ocho de marzo de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ya que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, en el mismo se reclamó la abstención injustificada para rendir estudios socioeconómicos de la actora Alma Victoria Rodríguez Ríos y demandado Jesús Antonio Salazar Meléndez, en el juicio de pensión alimenticia que se tramita en el expediente número 761/2013, primera secretaría, en el Juzgado Primero Familiar del distrito judicial del Centro. Por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de Jesús Antonio Salazar Meléndez, por medio del cual solicita que sin mayor trámite y sin necesidad de notificar, correr traslado y solicitar su informe justificado a la autoridad responsable se sobresea en el juicio por inexistencia del acto reclamado, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintiséis del mes en curso se desechó su demanda de amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho proveído. NOTIFÍQUESE...
- Principal
" . . . Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil quince. Vista la demanda de garantías que promueve Jesús Antonio Salazar Meléndez, contra actos de la trabajadora social adscrita al Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, que hace consistir en la abstención injustificada para rendir los estudios socioeconómicos de la actora Alma Victoria Rodríguez Ríos y demandado Jesús Antonio Salazar Meléndez, en el juicio de pensión alimenticia que se tramita en el expediente número 761/2013, primera secretaría, en el Juzgado Primero Familiar del distrito del Centro. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 267/2015, que le correspondió. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, a contrario sentido, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego, es notorio y manifiesto. Del contexto integral de la demanda de garantías, analizada como un todo, se advierte que el agraviado reclama de la trabajadora social adscrita al Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, la abstención injustificada para rendir los estudios socioeconómicos de la actora Alma Victoria Rodríguez Ríos y demandado Jesús Antonio Salazar Meléndez, en el juicio de pensión alimenticia que se tramita en el expediente número 761/2013, primera secretaría, en el Juzgado Primero Familiar del distrito del Centro. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Siendo entonces que por acto de autoridad, se entiende aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, en el caso el quejoso señaló como autoridad responsable a la trabajadora social adscrita al Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, quien funge con el carácter de auxiliar en la impartición de justicia, del Juez Primero de lo Familiar del distrito del Centro, para la tramitación del expediente civil 761/2013; toda vez que de los antecedentes del acto reclamado narrados por el quejoso en su demanda, se aprecia que el titular de dicho juzgado le solicitó realizara los estudios socioeconómicos de las partes actora y demandada en ese juicio; por tanto, dicha trabajadora social únicamente se encarga de realizar lo que el juzgador familiar le indica, actuando bajo su dirección y potestad. En efecto, la trabajadora social señalada como responsable carece de las características de autoridad para efectos de este juicio, pues su actuación no está regida por ley alguna, tampoco crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, toda vez que no sostiene una relación de supra a subordinación con el aquí quejoso, no actúa un plano superior al impetrante. Tampoco goza de la característica de unilateralidad, esto es, carece de potestad alguna para imponer su voluntad sobre los particulares, sin necesidad de acudir a los tribunales,; por el contrario, su actuar dentro del proceso está sujeto a la potestad del juez instructor, quien, en su caso, está en aptitud de obligarlo a actuar de una u otra manera. Ciertamente, es precisamente la naturaleza de auxiliar de impartición de justicia lo que le otorga al juez instructor la potestad para tomar las medidas necesarias a fin de que dicho auxiliar actúe conforme a los requerimientos del procedimiento y los términos previstos en la ley; por ende, el quejoso está en aptitud de comparecer ante el juez Primero de lo Familiar del distrito del Centro, a fin de solicitarle que tome las medidas necesarias, incluso los medios de apremio que estime conducentes a fin de obligar a la trabajadora social designada para que actúe dentro de los plazos previstos en la ley. En tal orden de ideas, no se satisface la hipótesis jurídica contemplada en el artículo 5°, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y resulta notoriamente improcedente en términos del artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, ya que este juzgador considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizada para tal efecto a la persona que señala. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tienen derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx Una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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