Jesús Antonio Romero López y Otros.
Expediente 944/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/04/2019
Partes del expediente
- Jesús Antonio Romero López y Otros.
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 1356/2019 y anexo que remite el auxiliar de trámite en funciones de presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 2781, con el que este tribunal colegiado le remitió tanto la copia certificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
SOBRESEE RESPECTO DE UNOS QUEJOSOS. NIEGA AMPARO EN CUANTO AL RESTO.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado que guarda este expediente se advierte que los diversos quejosos ******, no hicieron manifestación alguna en relación a la vista que se les otorgó en acuerdo de veinte del presente mes, dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "A" del suscrito magistrado que firma al calce del presente proveído, a fin de formular el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen formulado por el suscrito magistrado que firma al calce del presente proveído, en el amparo directo 944/2017, en el que expongo lo siguiente: "Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable, el quince de junio de dos mil diecisiete, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, el diez de noviembre del propio año, y turnado el trece siguiente a este tribunal, ************, a través de su apoderado legal Antonio Ramírez Calderón, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que enseguida se indican: "C) AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTITRÉS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE HERMOSILLO, SONORA. Con domicilio en calle BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALZADA DE LOS ÁNGELES, EDIFICIO SELAFE DE HERMOSILLO, SONORA." "D) ACTO RECLAMADO.- LAUDO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017." En auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la presidencia de este tribunal admitió la demanda de garantías y la registró con el número 944/2017. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, notificado en términos de ley, formuló pedimento en el que solicita se conceda a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal. En auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se turnó el expediente al magistrado Mario Pedroza Carbajal, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Previo al estudio del concepto de violación hecho valer, cabe hacer notar, que la presente demanda de amparo fue promovida por ********. Los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República, 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos transcritos se infiere con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías es que este se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; por tanto, una persona puede promover el juicio de amparo cuando la norma general o el acto que reclame produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo que debe entenderse, tanto por interés jurídico en sentido estricto, como por interés legítimo, para que a la persona que se ubique dentro de ellos tenga legitimación para instar la acción de amparo; como se observa de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 50/2014 (10a.), visible en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página 60, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". (Lo subrayado es nuestro). Conceptos que se reafirman de igual manera, con los criterios fijados en las tesis 1a. CLXXXIII/2015 (10a.) y 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, respectivamente, publicadas, la citada en primer orden, en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, página 444, y la diversa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 1854, las cuales a la letra dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes que ordena al poder judicial". "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En la especie, tanto en el proemio de la demanda laboral, como en su parte final, específicamente del apartado que se dispuso para las firmas, aparecen inscritos los nombres de los ahora peticionarios de garantías; sin embargo, respecto de *******, se observa que no firmaron dicha demanda de origen; tampoco aparece que la hubieren promovido por conducto de representante o apoderado legal debidamente constituido. Por otro lado, de las constancias que integran el juicio natural se advierte, que los diversos quejosos ********, en comparecencias de treinta de noviembre de dos mil diez y veintiuno de enero de dos mil once (fojas 77 y 104, respectivamente), ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, en su carácter de autoridad exhortada, manifestaron haber recibido el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en dicho juicio y que no se reservaban ninguna acción o derecho que ejercitar en un futuro en contra de los demandados ******. Con las citadas comparecencias la junta exhortada dio vista a la exhortante Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, aquí autoridad responsable, quien en autos de veintisiete de enero y once de julio, ambos de dos mil once (fojas 79 y 104, respectivamente), tuvo a *******, desistiendo de la demanda y acciones intentadas en el juicio laboral, ordenando el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, por lo que hace a dichos actores. De igual forma, del expediente de instancia natural, se observa que la hoy quejosa M******* y la demandada *******, quien asumió en el juicio de origen, el carácter de patrón, presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, actuando como autoridad exhortada, convenio de terminación voluntaria de relación de trabajo (visible a foja 191 del sumario), en el que dicha actora le otorgó a la patronal, finiquito liberatorio de obligaciones laborales. Asimismo, en diligencia de veintiocho de octubre de dos mil once (foja 193 ibíd.), la citada junta tuvo a M******* y a la empresa *******, terminando de manera voluntaria el contrato individual de trabajo que los unía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, fracción I de la Ley Federal de Trabajo y dio fe de la entrega a la trabajadora de la cantidad de ciento catorce mil ochocientos un pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional, en cheque a su favor. Además, en diversa diligencia de la misma data (foja 194), la junta exhortada hizo constar las manifestaciones de la trabajadora ******, en el sentido de que se daba por pagada de todas y cada una de las prestaciones que reclamó en el escrito inicial de demanda y que no se reservaba ninguna acción ni derecho que ejercitar en lo futuro en contra de todos y cada uno de los demandados, solicitando el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido; con lo que dio vista a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, quien en auto de seis de julio de dos mil doce (foja 370), tuvo a ******* por desistida de la acción y demanda instauradas en contra de ******* y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, por lo que hace a la referida persona, como asunto total y definitivamente concluido. En el contexto apuntado, es inconcuso que ********, carecen de interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de garantías. Lo anterior es así, ante la falta de prueba que corrobore el dicho de los quejosos ******, de ser parte en el procedimiento del cual deriva el laudo reclamado; lo que lleva a determinar su falta de interés jurídico o legítimo, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia y actualiza la causa de improcedencia consignada en la fracción XII del artículo 61 de la propia ley. Al respecto resulta orientadora, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 23/2014 (10a.) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, página 206, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". (El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, corresponde al artículo 61, fracción XII, de la actual ley). Lo mismo ocurre en relación ******, pues también carecen de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional, ya que el laudo reclamado no se ocupó de la acción que inicialmente habían planteado; ello, ante el desistimiento que formularon en la instancia de origen, de ahí que dicho laudo no afecte los intereses jurídicos de los mencionados solicitantes de amparo, lo que sin lugar a dudas actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a los reclamantes ******, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley invocada. En tal contexto, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente amparo directo laboral, estimo que debe darse vista a los recurrentes para que manifiesten lo que en su derecho convenga". En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a los diversos quejosos *******, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de que expongan lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a los referidos quejosos, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a los quejosos con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si la quejosa puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI AN6613ALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Finalmente, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "A" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión. Notifíquese y por lista a los diversos quejosos *****.
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