Jesús Antonio Rodríguez López y Otros.

Expediente 770/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
770/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Jesús Antonio Rodríguez López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    VI... Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales subsecuentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera destruible; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    IV... Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha no se encuentra emplazada a juicio la parte tercera interesada; en consecuencia, ... requiérase al Juez de Control.... para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe a este juzgado de Distrito el nombre y domicilio del agente del Ministerio Público que intervino en la carpetas ...., así como el nombre y domicilio a quien le recae el carácter de víctima u ofendido dentro de dicho proceso. Lo anterior, bajo el apercibimiento ... Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    I... Visto el escrito signado por el tercero interesado Jorge Eduardo... en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, también se acuerda favorable que ... recoja dichas constancias. Por lo que hace al segundo juego de copias solicitadas, no ha lugar a acordar de conformidad, ello en virtud de que no expone las razones por las cuales requiere de su expedición.

  4. Principal

    VI.... Vista la demanda de amparo promovida por Israel ..., a nombre de los quejosos Jesús Antonio .... y José ..., contra actos del Comisario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número 770/2023-VI. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama las privación de la libertad de los directos quejosos, así como su incomunicación; este último acto, prohibido por el artículo 22 Constitucional y previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en los numerales citados, con relación al 126, de la citada legislación, se decreta la suspensión de plano, para que la autoridades señaladas como responsables realicen lo siguiente: 1.- Ordenen de forma inmediata el cese de la incomunicación de la que están siendo objeto Jesús Antonio ... y José ..., o bien, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Resulta importante acotar que tratándose de la incomunicación reclamada, la medida cautelar se traduce en la posibilidad de tener comunicación con sus familiares, autorizados y sus defensores, siempre y cuando tenga relación con la adecuada defensa de los directos quejosos, y tomando las medidas necesarias para mantener el orden. 2.- Toda vez que la privación de la libertad (detención) se observa que se la atribuyen a autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para que cese de inmediato la detención, poniendo a los quejosos en libertad o a disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial según corresponda. De consistir la privación ilegal de la libertad en la detención de los directos agraviados ya efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede de plano, en términos del numeral 165 de la Ley de Amparo, así como en observancia a lo dispuesto por los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al reconocimiento de los derechos humanos de todo individuo; 7 y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 5 y 9, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, relativos al derecho humano de la libertad personal, que son de observancia obligatoria para toda autoridad, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en el plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En cualquier otro caso, y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los agraviados, la suspensión se concede para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso de que los quejosos se encuentren a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puestos a disposición. Se comisiona al fedatario judicial de la adscripción, para que se constituya en local de la Oficialía Calificadora del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lugar en el que se encuentran los directos quejosos, y una vez lograda su comparecencia, dé fe de las condiciones físicas que presentan en su persona y los requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días computado conforme a la ley, ratifiquen la demanda de amparo, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias que se han dictado en esta determinación, acorde con el ordinal 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.... De igual forma, en el acto de la diligencia se deberá requerirlo para que en ese momento o bien dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, indique si ratifica el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo así, deberá designar uno en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no realizarlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, deberán expresar si autorizan a los profesionistas indicados en la demanda y la consulta del expediente vía electrónica. Ahora, para el caso de que los quejosos no se encontraran en el lugar señalado y se obtenga información respecto de su paradero, se comisiona al Actuario adscrito para que se traslade a donde se encuentren los agraviados y proceda en los términos indicados, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. De igual forma, con sustento en los artículos 20, 126, segundo párrafo y 262, fracción III, de la citada legislación, deberán informar dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de plano concedida, agregando copia certificada de las constancias respectivas. Hágase saber a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que cualquier violación dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes. En otro orden de ideas, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, deberán recibir el oficio que con relación a esta comunicación se les dirija, en el entendido que de negarse bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación con sus consecuencias legales; pudiendo, en todo caso, hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación correcta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior el Actuario Judicial hará constar en autos el nombre de la autoridad o encargado con quien se entienda la diligencia y si se niega a firmarla o a recibir el oficio, de actualizarse tal evento; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. Finalmente, en términos de la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.

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