Jesús Antonio Miranda Moroyoqui

Expediente 1658/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Antonio Miranda Moroyoqui
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y por el director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, y dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en sus respectivos informes. Pruebas (folio 17603). Se tiene a la responsable en cita ofreciendo las pruebas documentales que anexa, confesional expresa, instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto -legal, lógica y humana-, sin perjuicio de desahogarlas y hacer relación de ellas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia incidental de modificación a la suspensión definitiva. En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa a la modificación a la suspensión definitiva en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 14/2023, promovido por Onésimo Méndez Covarrubias, contra actos de la directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera, de esta ciudad, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Acto continuo, el secretario procede a relatar las constancias que obran en el presente incidente, entre las que se encuentran: copia de la demanda de amparo; el auto de suspensión provisional de seis de enero de dos mil veintidós, informe previo de las autoridades señaladas como responsables, resolución interlocutoria de dieciséis de febrero del presente año, auto de veintiocho de marzo pasado por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria antes mencionada, y escrito por el que se promueve la modificación a la suspensión definitiva, estas dos últimas actuaciones, impulsadas por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su carácter de autoridad responsable. Visto los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 14/2023; para resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva, promovido por la autoridad responsable; y Antecedentes y trámite del incidente de modificación a la suspensión definitiva. Por acuerdo de seis de enero del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente 14/2023, y en el expediente en que se actúa se concedió la suspensión provisional del acto reclamado. Por resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. Mediante oficio recibido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable promovió incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente; y mediante proveído de veinticuatro del mismo mes y año, se admitió a trámite la incidencia, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, y posteriormente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental correspondiente, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 242, publicada en la página 198, Tomo VI, apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." Análisis de la procedencia del incidente de modificación a la suspensión definitiva. Inicialmente, el artículo 154 de la ley de la materia, con motivo de supuestos hechos supervenientes, dispone: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Del numeral citado, se desprende que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiéndose tramitar tal cuestión de igual forma que el incidente de suspensión. Así, para determinar si resulta o no procedente la solicitud de la modificación a la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto por el precepto transcrito, es necesario que se satisfagan los requisitos siguientes: Que ocurra un hecho superveniente que lo motive. No se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un hecho superveniente es aquel que tiene verificativo con posterioridad o anterioridad a la determinación por la cual se haya concedido la suspensión, desconocido por el juez y las partes, que cambie la situación jurídica de los elementos que el juzgador tomó en consideración para conceder o negar la medida cautelar solicitada. De tal suerte que un hecho superveniente es aquel ocurrido en relación con el propio acto reclamado y que por sus consecuencias permite al juzgador resolver sobre la cuestión planteada con base en nuevos elementos. En apoyo a lo anterior se cita la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1422, del Tomo LXXXV, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 804670, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Uno de los requisitos esenciales para que pueda producirse la modificación o revocación del auto en que se concede o niega la suspensión, en los términos que establece el artículo 140 de la Ley de Amparo, es la existencia de un hecho superveniente que amerite esa modificación o revocación; y por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión." (Énfasis propio) Después, la autoridad responsable, mediante escrito recibido en este juzgado el veintiuno de abril del presente año, solicitó la apertura del incidente de modificación a la suspensión, en el que argumentó, que la medida otorgada debía modificarse al actualizarse un cambio de situación jurídica, ya que el impetrante de amparo promovió juicio contencioso administrativo, en contra de la resolución dictada en el procedimiento de origen, a saber, la garantía de audiencia 326/2019. El juicio contencioso administrativo al que se refiere, es el expediente 26670/22-17-06-8, del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe mencionar que para explicar lo anterior, la responsable hace valer la tesis 2a. CXI/96, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, REGLA GENERAL", la cual, en lo que interesa, orienta al exponer las formas en las que se actualiza dicha situación, a saber: I. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento que suscitó el cambio de situación jurídica. Sin que pase inadvertido por este juzgador que dicha situación se encuentra prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Luego, para sustentar lo anterior, la promovente del incidente en cuestión, remitió copia de la resolución interlocutoria dictada por dicha Sala el diez de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó la suspensión solicitada por la parte actora, aquí quejosa. En el entendido de que, la responsable asevera que la aludida suspensión fue solicitada para el efecto siguiente: ".solicito la liberación de mis fondos bancarios y especialmente mi cuenta débito BBVA número 0469282580 y de mi cuenta pagaré fondo de inversión BBVA número 1372432943 toda vez que desde 2019 está bloqueado mi dinero." Ante ello, la responsable aduce que se evidencia, que el aquí quejoso promovió diverso medio de defensa, que puede modificar, revocar o nulificar su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas y, por ende, el "desbloqueo" de sus cuentas bancarias, lo que resulta ser la misma pretensión en el presente incidente. Actualizando así, según la promovente del incidente, la existencia de un hecho superveniente, pues al momento que el Juzgado de origen concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, esto es la resolución incidental que se pretende modificar, no tenía conocimiento del diverso medio de defensa presentado por el aquí quejoso, así como tampoco de la resolución interlocutoria que se resolvió dentro de ese mismo. Igualmente, es necesario mencionar que, no se ha dictado sentencia ejecutoria en el juicio principal del que deriva este incidente. En este punto, resulta oportuno destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la liberación y cualquier restricción bancaria respecto de la cuenta de débito 0469282580 y la diversa cuenta pagaré fondo de inversión 1372432943, abiertas a su nombre en la institución bancaria BBVA Bancomer. También, es menester precisar que en la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la parte que interesa se le concedió la suspensión de la referida restricción, es decir, para se le otorgue el libre manejo de dichas cuentas. En el entendido de que la aludida medida suspensional, se concedió también con los siguientes condicionamientos: 1) Que la orden de inmovilización de la cuenta bancaria, no haya sido emitida por una autoridad distinta o actos distintos a los aquí señalados. 2) Que no exista un crédito fiscal líquido y exigible en contra del quejoso Onésimo Méndez Covarrubias; o bien, si se emitió dentro de un embargo o aseguramiento precautorio. 3) Si la restricción derivaba de la integración de una carpeta de investigación, o que se hubiese emitido conforme a las facultades de investigación o persecución de delitos. 4) Que tuviere por objeto el garantizar la reparación del daño, dentro de un proceso penal. 5) Que sea en cumplimiento de una obligación contraída con el gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. También, cabe mencionar que este juzgador resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada, con base en el análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, de manera indiciaria y provisional, se advirtió que el actuar de la responsable no se ajustaba a la ley aplicable, pues del análisis preliminar del acto reclamado, se desprendía que en relación con el fondo del asunto pudiera asistirle un derecho a la solicitante de la protección constitucional, que hiciera posible anticipar, con cierto grado de acierto, el resultado del fallo, sin perjuicio de que lo anterior pudiera ser modificado con posterioridad, derivado de la certeza del acto reclamado y pertinencia del derecho, por ser estos aspectos propios de la resolución final del juicio. Además, se consideraron satisfechos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, no se advierte la actualización de hecho superveniente que sea determinante para modificar la medida cautelar definitiva. En efecto, lo argumentado por la autoridad responsable es factible, sin embargo, como se expuso en la resolución reclamada de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, del análisis preliminar del acto reclamado, se desprendía que en relación con el fondo del asunto podía asistirle un derecho al solicitante de la protección constitucional, que hacía posible anticipar, con cierto grado de acierto, el resultado del fallo, sin perjuicio de que lo anterior pudiera ser modificado con posterioridad, derivado de la certeza del acto reclamado y pertinencia del derecho, por ser estos aspectos propios de la resolución final del juicio Por ende, se concedió la suspensión definitiva que solicitó para los efectos incrustados en líneas anteriores, así como con sus respectivas limitaciones. Con independencia de lo anterior, como se hizo patente con la transcripción de la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la figura del cambio de situación jurídica, en todo caso podría originar el sobreseimiento del juicio, más no así la modificación de la medida cautelar. Por tanto, es incuestionable que la situación hecha valer por la autoridad responsable es materia del fondo del presente asunto en el juicio principal y no en este incidente, por lo que no se actualiza la modificación a la suspensión. En consecuencia, es improcedente el incidente de modificación en trato. Decisión. Con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, deviene improcedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente promovido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia con número 1a./J. 109/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 354, del Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro, 2005043 de rubro: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único. Se declara improcedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente, promovido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. I. Oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de septiembre anterior, en consecuencia, se acuerda lo siguiente: II. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. III. Relación de constancias. Consta en autos que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables: "1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de once de julio de dos mil veintidós. 2. Dicte otra resolución, en la que considere los argumentos y valore las pruebas aportadas por el instituto quejoso en el escrito de contestación de la planilla de liquidación, y realice el cálculo de los pagos efectuados por los trabajadores respecto del crédito de vivienda, conforme a lo establecido en el laudo de veinte de enero de dos mil veinte." No obstante, inconformes con dicha determinación, los terceros interesados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto de su autorizada legal, interpusieron recurso de revisión, teniéndose por interpuesto mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós. IV. Recepción de ejecutoria. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de esta ciudad, en la cual se confirmó la sentencia dictada por este juzgado y, se ordenó requerir a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. V. Cumplimiento de ejecutoria. Posteriormente, mediante proveído de treinta agosto de dos mil veintitrés, se agregó el oficio con número de registro 13164, del control de este juzgado, y sus respectivos anexos presentados por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a través de los cuales se denotan las actuaciones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Esto es así, toda vez que allegó a este juzgador, una actuación de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que se dejó sin efecto la interlocutoria reclamada de once de julio de dos mil veintidós, y se dictó diversa resolución incidental de liquidación de laudo en la que consideró los argumentos y valoró las pruebas aportadas por el instituto quejoso en el escrito de contestación de la planilla de liquidación; y realizó el cálculo de los pagos efectuados por los trabajadores respecto del crédito de vivienda, conforme a lo establecido en el laudo de veinte de enero de dos mil veinte. Lo anterior, en apego a los efectos del fallo protector. VI. Vista de cumplimiento. Con lo anterior se ordenó dar vista a la parte quejosa, en el citado proveído de treinta de agosto, quien fue notificada el trece de septiembre siguiente. Luego, a través del escrito registrado con folio ***, presentado por la autorizada legal de la parte quejosa, realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento, aseveraciones que este juzgador se reservó proveer hasta el presente pronunciamiento. VII. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Es así, pues la autoridad responsable, se reitera, se dejó sin efecto la interlocutoria reclamada de once de julio de dos mil veintidós, y se dictó otra resolución incidental de liquidación de laudo atendiendo las directrices que le fueron impuestas en el biinstancial en el que se actúa. VIII. Manifestaciones de la parte quejosa. Por último, no se soslayan las manifestaciones vertidas por la autorizada legal de la parte quejosa, en el sentido de que su representada acreditó diversas cuestiones que deberían tener como consecuencia el absolverla de cualquier pago que le fue condenado en la resolución incidental cumplimentadora. Sin embargo, dígasele que los efectos del fallo protector se constriñeron a que la Junta responsable, se pronunciara para que considerará los argumentos y valorará las pruebas aportadas por el instituto quejoso en el escrito de contestación de la planilla de liquidación, y realizará el cálculo de los pagos efectuados por los trabajadores respecto del crédito de vivienda, conforme a lo establecido en el laudo de veinte de enero de dos mil veinte, cuestión que se efectuó, tal como se precisó en líneas anteriores. Con independencia de lo anterior, se hace la acotación que lo determinado en la multireferida resolución del incidente de liquidación de laudo constituye un nuevo acto reclamado que ha de analizarse en diverso juicio de amparo, situación que ya se materializó en el juicio de derechos ***, de la estadística de este juzgado, mismo que promovió la aquí quejosa. IX. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido, consérvese en su totalidad y transfiérase, una vez transcurridos tres años al dictado del presente acuerdo. X. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. XI. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en cuanto al archivo y valoración del incidente de suspensión que deriva del presente expediente. XII. Devolución de tomos. Por último, devuélvanse los autos originales del juicio de origen remitidos por la autoridad oficiante, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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