Jesús Antonio Martinez Martinez

Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
862/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Jesús Antonio Martinez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua., a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 862/2021-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el día siguiente, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades siguientes: "a).- Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. b).- Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. c).- Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. d).- Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. e).- Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos f).- Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. g).- Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. h).- Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en extinción de dominio del Distrito Judicial Morelos. i).- Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. j).- Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. 1).- Juzgado Décimo Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Todas las anteriores con domicilio ampliamente conocido en la Capital el Estado de Chihuahua. 2.- Ejecutora del acto de autoridad: a).- Autoridad Ejecutora.- El señor licenciado *******, Notario Público Número ******* para el Distrito Morelos, con domicilio para ser vinculado al Juicio Constitucional, en calle Allende Numero 500, Centro Histórico, C.P. 31000 de la Ciudad de Chihuahua Capital." SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente 862/2021-III, se requirieron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercero interesada. CUARTO. En fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el quejoso amplió la demanda de amparo, señalando como autoridad ordenadora al señor licenciado *******, Notario Público Número ******* para el Distrito Morelos, del cual reclamó la tramitación extrajudicial de la sucesión de bienes a nombre de *******, se requirieron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. QUINTO. Mediante escrito de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, el quejoso, manifestó su voluntad de desistirse de la demanda de ampao por lo que hace a las autoridades a).- Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. b).- Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. c).- Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. d).- Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. e).- Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos f).- Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. g).- Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. h).- Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en extinción de dominio del Distrito Judicial Morelos. i).- Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. j).- Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. 1).- Juzgado Décimo Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, así mismo mediante comparecencia de fecha diecisiete de marzo del año en curso, el quejoso ratificó su escrito de desistimiento, motivo por el cual, en fecha dieciocho de marzo de misma data, se sobreseyó en el juicio por lo que hace las autoridades señaladas con antelación. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la ampliación de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la quejosa reclama, tanto en la demanda como en la posterior ampliación de la misma, de la autoridad y acto siguiente: " III.- AUTORIDAD RESPONSBALE. Al señor licenciado *******, Notario Público Número ******* para el Distrito Morelos, y/o El Notario Auxiliar de la Notaria Publica Número ******* del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, licenciado *******. IV.- Actos de autoridad reclamados.- Les reclamo que a mis espaldas se inició a petición del tercero interesado Faustino Rivera Herrera, la tramitación extrajudicial de la sucesión a bienes de la de cujus *******, con violación al derecho humano de audiencia previa y las garantías para su protección tuteladas en los articulo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 8, de las Garantías Judiciales; que en mi favor establece la Convención Americana de Derechos Humanos, pues de las constancias anexas al informe delatan que: 1.- En la tramitación extrajudicial de la sucesión, el 16 de julio de 2021, se resolvió declarar UNICO y UNIVERSAL HEREDERO de la sucesión a bienes de *******, al ahora tercero interesado *******. Acto consumado con violación a mi garantía hoy derecho humano de audiencia previa. 2.- Se constituye como ALBACEA de la referida sucesión. Acto consumado con violación a mi garantía hoy derecho humano de audiencia previa. 3.- Se practicó un aviso único notarial en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua el "07 (sic) DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO" donde el notario responsable hace saber en la Capital del Estado, que por medio de actas notariales levantadas por el fedatario responsable y/o auxiliares en la función notarial, que el tercero interesado inicio extrajudicialmente la testamentaria a bienes de la de cujus en mención, con el argumento de ser el único con interés legal con dicha sucesión, acto notarial que no me alcanza a la Ciudad de Juárez Chihuahua, además de que no tiene validez por contener dos fecha "CHIHUHUA, CHIH., (sic) 07 DOS DE JULIO DE 2021, lo que me imposibilita a acudir para hacer valer mis derechos hereditarios. Acto consumado con violación a mi garantía hoy derecho humano de audiencia previa. 4.- El tramite extrajudicial reclamado está hecho en forma fraudulenta, pues el tercero interesado, dijo al notario "bajo protesta de decir verdad", que no había descendencia, ni tenía hermanos, cuestión que ya le hice saber por escrito que le presente en su oficina, haciéndole patente mi intención de que concluyera dicha sucesión testamentaria en base a documentales públicas agregadas en forma de nueve actas de nacimiento de nueve hermanos de la autoría de la sucesión y desde luego mi acta de nacimiento, por lo que el Notario debió dimitir en el trámite conforme a lo establecido por el artículo 489 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chihuahua, sin que lo haya hecho, acto que ahora le reclamo." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable licenciado *******, Notario Público Número ******* para el Distrito Morelos, y/o El Notario Auxiliar de la Notaria Publica Número ******* del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, licenciado *******, puesto que así lo refirió este último al rendir su informe justificado, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora a dicho informe, consistente en copia certificada de las actas donde se hace constar la tramitación extrajudicial de la sucesión a bienes de la señora *******. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Examinada la existencia del acto reclamado, se procede analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio advierta este órgano constitucional, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. Tales preceptos legales son del contenido literal que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el citado ordenamiento, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso numeral 5°, fracción II, del ordenamiento jurídico invocado en último lugar señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse contra particulares que tendrán la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, si el acto reclamado fue emitido por un ente particular que no realizó ningún acto equivalente al de una autoridad, dicho ente no tiene la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63 fracción V, en relación con el 61 fracción XXIII, en relación a su vez, con el artículo 5°, fracción II, ambos de la ley de la materia. Una interpretación armónica, sistemática y complementaria de estos preceptos, conduce a establecer que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que el ente a quien se imputa el acto reclamado, no se trate de una autoridad. Ilustra las consideraciones precedentes el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 41/2019, la cual emanó de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 364/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 2019, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Por otro lado, el numeral 5°, fracción II, de La Ley del Notariado del Estado de Chihuahua establece que, en materia de sucesiones extrajudiciales, el notario público hará constar los hechos y actos jurídicos que las partes interesadas deban o quieran dar autenticidad. En términos de lo expuesto, queda demostrado que en los procedimientos sucesorios extrajudiciales tramitados ante notario público, dicho funcionario actúa a petición de parte interesada y da fe de los hechos y actos jurídicos que ante él se celebren; es decir, no se ubica en la hipótesis del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no son actos unilaterales y obligatorios que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. En efecto, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto se hizo consistir en la falta de llamamiento a la "apertura" de la sucesión extrajudicial a bienes de *******, ante el Notario Auxiliar de la Notaría Pública Número ******* del Distrito Judicial Morelos. Ahora, acorde con el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, la autoridad responsable es la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; por tanto, en la especie, el mencionado en el párrafo precedente no posee la investidura de autoridad responsable con las características a que alude el citado precepto, ni tampoco se trata de particulares que realicen actos equivalentes de autoridad, en atención a que le falta la característica de obligatoriedad en su actuar, pues al tratarse de una actuación como fedatario público es reclamable como una acción ordinaria ante jueces del orden común, pero no una acción constitucional de amparo que pretende. Luego, esta juzgadora Federal estima que la intervención del notario público en la tramitación de la sucesión extrajudicial, son actos emitidos a petición de parte interesada y otorga fe pública de dichos actos, pero no cuentan la característica de unilateralidad y coercitividad indispensables para que se cataloguen como actos de autoridad. En ese sentido, el notario público no emite determinaciones unilaterales para privar de la propiedad o derecho sobre los posibles bienes que conforman la masa hereditaria, sino que tales actos derivan de la petición de particulares quienes acuden ante el notario público con el objeto de dar certeza a dichos actos; pues incluso, de la copia del Aviso Único Notarial de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se desprende que la intervención del notario público mencionado en la demanda de amparo es a petición de *******, con el objeto de iniciar el trámite extrajudicial intestamentario a bienes de la señora *******, pero no es una actuación similar a la practicada por una autoridad jurisdiccional, porque no son obligatorias ni coercitivas. En este contexto, es dable sostener que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, del numeral 5° de la citada legislación, pues el notario público se trata de un particular que no tiene la calidad de autoridad, ni realiza actos equivalentes de una autoridad; por tanto, lo procedente es En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto. Dado el sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento, en atención al criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable con registro 254008, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO.- SE SOBRESEE por las autoridades y actos señalados en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y argumentos precisados en el último.Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio que remite la Jefa del Archivo Central de la Dirección del Registro Civil, con sede en la ciudad de Chihuahua, en el cual se le tiene dando contestación al requerimiento que le fue formulado por este juzgado mediante oficio 10638/2022, en donde se le requirió para que informara si tiene registro de que: 1. *******, con fecha de nacimiento de *******, fue registrado extemporáneamente hasta el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y cinco; 2. si hubo una omisión, en esa acta, de asentar el nombre del padre; 3. si aparece registro de que la madre *******, se encontraba casada al *******; en cuyo caso deberá indicar el nombre del cónyuge que aparezca en esa fecha. No obstante, manifiesta que con el fin de poder cabal cumplimiento a lo antes mencionado, requiere de información adicional, ya que en los registros con los que cuenta dicha dependencia se encuentran registros de homónimos. Por ello y dado que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregados, tanto acta de nacimiento de *******, como acta de matrimonio de *******, las cuales, con el fin de que la autoridad oficiante, tenga mayores datos de ubicación de los registros de dichas personas, envíese copia de las mencionadas constancias. Al respecto, se indica al Registro Civil del Estado de Chihuahua, con domicilio en calle Libertad y Trece No. 5, en el edificio Melchor Ocampo, en Chihuahua, capital, que deberá rendir tal informe dentro del término de tres días, contado legalmente, o bien, indicar la imposibilidad jurídica que tenga para hacerlo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, de conformidad con la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el dieciocho de los actuales se requirió al Registro Civil del Estado de Chihuahua, con domicilio en *******, en Chihuahua, capital, para que, en el término de tres días legalmente computado, remita diversa información de *******, sin que a la fecha haya transcurrido dicho término. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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