Jesús Antonio Legideño Molina

Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
312/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
24/06/2016

Partes del expediente

  • Jesús Antonio Legideño Molina
  • Procurador de Justicia En el Estado, Mexicali, Baja California.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO..... ARCHÍVENSE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES, SE INDICA QUE TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, LOS CUADERNOS INCIDENTALES SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL, EL ORIGINAL DEBE CONSERVARSE EN EL ARCHIVO RECIENTE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL TRES AÑOS, AL TÉRMINO DE LOS CUALES DEBERÁ SEGUIRSE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EL PUNTO DÉCIMO TERCERO DEL PROPIO ACUERDO, Y EL DUPLICADO, DEBERÁ DESTRUIRSE TRANSCURRIDO SEIS MESES DEL DICTADO DE LA INTERLOCUTORIA EMITIDA EN ESTE ASUNTO. EN TAL VIRTUD, HÁGASE SABER A LAS PARTES QUE UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS DE ARCHIVADO EL INCIDENTE, SE DESINTEGRARÁN MATERIALMENTE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL CUADERNO ORIGINAL DISTINTAS A LAS RESOLUCIONES RELATIVAS AL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR O SU VIOLACIÓN.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL AUTO DICTADO EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS...Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, sin que hubieran expresado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre su cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el once de mayo de dos mil dieciséis (páginas 118 a 123), por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se otorgó a Jesús Antonio Legideño Molina, por derecho propio, la protección federal contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia del Ministerio Público Especializada Contra Robo de Vehículos Tijuana, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que no fuera privado de su libertad personal sin mandamiento escrito. Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de seis de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria (páginas 137 y 138) y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Al efecto, mediante oficio recibido en este juzgado el diez de junio de dos mil dieciséis, la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, residente en esta ciudad, manifestó que no había emitido alguna orden para privar de la libertad personal al quejoso Jesús Antonio Legideño Molina (página 142); además, informó que con motivo del parte informativo de la Policía Municipal con número de oficio T07/365/2015, de veintitrés de mayo de dos mil quince, fue detenido en flagrancia delictiva a bordo de un vehículo que contaba con predenuncia por robo; por lo que dicha conducta la adecuó a la hipótesis legal prevista y sancionada como robo equiparado de vehículo de motor en su modalidad de uso de vehículo de motor robado y calificó de legal su detención así como su retención; una vez rendida su declaración ministerial dentro del término de ley y al no existir flagrancia en dicho delito se decretó su libertad con las reservas de ley y consignó la indagatoria 2155/15/205 solicitando al Juez Penal en turno orden de aprehensión, como se advierte de las constancias que en copia certificada remitió para demostrarlo (páginas 148 a 195 de autos). Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad, por alguna de las partes. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con la constancia remitida por la responsable, con la que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En las relatadas condiciones, este juzgador federal estima que la autoridad responsable la Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, residente en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que con el informe que remitió demostró que no ha emitido orden tendente a privar de la libertad al aquí quejoso. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento de la misma, pues la autoridad responsable informó que no emitió una orden para privar de su libertad al quejoso Jesús Antonio Legideño Molina, con lo cual, cumplió con la obligación que impone el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Por otra parte, dado que en el asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Gírese oficio con transcripción de este proveído a las autoridades responsables para su conocimiento. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE......

  4. Principal

    DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A APRTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE...

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