Jesús Antonio Lara Uribe
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Antonio Lara Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que feneció el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que el quejoso Jesús Antonio Lara Uribe recurriera el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo no presentada su demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Víctor Márquez Ávila, secretario que autoriza y da fe. KMML/VMA/Leti
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Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio CEAIV/DP/JU/0427/2023 (folio 16636) signado por el Director de la Comisión Estatal en Guanajuato de Atención Integral a Víctimas, con residencia en la capital, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de dieciocho de octubre de este año, manifiesta que dentro de la estructura orgánica de dicha comisión no cuenta con asesor jurídico público de nombre José Daniel Álvarez de León. Aspecto del que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, glósese el oficio DGJ-1943/2023 (folio 16777) suscrito por la Directora de Tramitación Común de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos e informa que José Daniel Álvarez de León sí forma parte de su estructura orgánica, empero en la actualidad no ostenta el cargo de asesor jurídico, pues esa función es ahora desempeñada por Mariana Santillano Pérez, quien tiene la cuenta de correo electrónico msantillanop@fgeguanajuato.gob.mx. En esa medida, comisiónese al actuario judicial adscrito para que establezca contacto con la asesora jurídica, Mariana Santillano Pérez, a través de la cuenta de correo electrónico msantillanop@fgeguanajuato.gob.mx, a fin de que dicha profesionista le informe si actualmente representa a la parte ofendida Yadira Gabriela Galván Aguilar y sus hijos menores de edad I.J.V.G., M.F.V.G. y D.G.V.G. dentro de la causa penal 1P2720-297, en sustitución de José Daniel Álvarez de León, y de ser así, le proporcione el domicilio donde puede ser localizada para emplazarle al presente juicio. En el entendido que de lo anterior, el actuario deberá levantar la razón correspondiente, o bien, asentar la imposibilidad que tuviera para hacerlo.
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agréguese el oficio signado por la Oficial del Registro Civil 01, de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia amparadora. Al respecto, los efectos de la sentencia ejecutoria consisten en que: "(.) SEXTO. EFECTOS. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para efecto de que, cuando cause ejecutoria esta sentencia, la Titular de la Oficialía del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato: 1) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 416 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su texto declarado inconstitucional en este fallo, lo que implica su inaplicación presente y futura. 2) Deje insubsistente el oficio 72/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, y en línea con lo establecido en este fallo, expida el acta de nacimiento de la menor de edad Antonia Ávalos Marín, en la cual se reconozca la comaternidad de la quejosa Azalia Ávalos Marín y de Rosa Antonia Naranjo Terán, esto es, registre a la infante como hija de ambas madres (doble filiación materna); previa satisfacción de los requisitos y documentos necesarios para ello, conforme la normativa aplicable. 3) Entregue el acta de nacimiento a las interesadas. Sin que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo implique algún acto a cargo de las autoridades legislativas responsables. (.)" Del análisis de la documentación remitida, se advierte que mediante el oficio RCBJ-001-01/2023 de veintitrés de octubre pasado, dejó insubsistente el diverso 72/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, asimismo, remite copia certificada de un extracto del acta de nacimiento número ********************, relativa a la menor ********************. En mérito de lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que no ha dado cumplimiento a la totalidad de los efectos de la ejecutoria de amparo, pues únicamente se acredita que dejó sin efectos el oficio 72/2022 de trece de diciembre de dos mil veintidós, sin que haya comunicado sobre la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 416 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su texto declarado inconstitucional en el fallo (lo que implica su inaplicación presente y futura). Asimismo, no se puede analizar si el acta de nacimiento que emitió en cumplimiento al fallo amparador, cumple con los requisitos ordenados en la ejecutoria (reconocimiento de comaternidad, esto es, doble filiación materna), de la que no se advierte sobre el parentesco asentado de la promovente y su esposa, toda vez que únicamente envió copia certificada de un extracto de la misma, por lo que para ello es necesario copia íntegra de dicha acta. Por lo anterior, se requiere a la Oficial del Registro Civil 01 de Irapuato, Guanajuato, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, cumpla en su totalidad los efectos de la sentencia ejecutoria, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias relativas (en la inteligencia que deberá enviar copia certificada íntegra del acta de nacimiento de la menor que emita para ello). Apercibida de que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos del numeral 193 de esa misma Ley. De igual forma, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable señalada en el párrafo anterior, a fin de que ordene a su subalterno acate la ejecutoria de amparo. En el entendido de que no basta que emita un oficio en que indique que giró una orden a su subalterno para el cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de la sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirlo al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la propia ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO.
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ista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual remite el informe semanal del seguimiento al cumplimiento a la sustitución de pena por prisión domiciliaria concedida al sentenciado ********************-aquí tercero interesado-, en la carpeta de ejecución de origen. Por otro lado, en atención al requerimiento formulado en proveído de cuatro de octubre de este año, informa que la audiencia inicialmente señalada para el veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en que se resolvería sobre la solicitud del sentenciado de cambiar el domicilio donde cumplirá con la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, se reprogramó para el veinticuatro de octubre del año en curso. En esa medida, toda vez que dicha fecha ya aconteció, requiérase a la Juez de Ejecución Penal de Valle de Santiago para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de este acuerdo, informe el resultado de la audiencia de mérito, y remita las constancias correspondientes. Apercibida con que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).
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