Jesús Antonio Ibarra Constantino
Expediente 1503/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1503/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/02/2019
Partes del expediente
- Jesús Antonio Ibarra Constantino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 292-297), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el comunicado de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y anexo; mediante el cual, remite la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral ************ de su índice, dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de dieciocho de enero del año en curso (fojas 268-269). Con fundamento en lo establecido por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las citadas constancias. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidente, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los preceptos 119 y 123, ambos de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable citada, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. **** Por otro lado, se advierte que la junta responsable, omitió acompañar a su informe con justificación la totalidad de las constancias necesarias para la debida integración de este juicio; por tanto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones del expediente laboral **** de su índice, las cuales, deberán de ser con posterioridad a las que acompaño al informe de cuenta, a saber veinte de noviembre de dos mil dieciocho. En el entendido que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 9-11), es decir, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y al tomar en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en proveído de once de diciembre del año anterior (fojas 9-11), para que rinda su informe justificado, toda vez que la misma recibió dicho requerimiento el trece de diciembre del dos mil dieciocho, según el acuse de recibo agregado a los autos (foja 15). Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que mediante oficio ***********, el Secretario General de Acuerdos y Conflictos Colectivos en Suplencia del Titular de la Presidencia y Secretaria de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Suplencia del Secretario General, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el segundo período vacacional, comprendido del diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho al cuatro de enero del año en curso. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, que al texto dice : "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo." Por otra parte, del estado de autos se advierte que la diversa autoridad Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, no ha rendido su respectivo informe ni existe constancia que se encuentre notificada para ello, solicitud que se realizó mediante oficio 27358/2018 de esa misma data. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, con copia de la factura, para que dentro del término de tres días contado a partir de la recepción del oficio que al respecto se envíe, se sirva remitir a este juzgado el original o copia certificada del acuse de recibo del citado oficio. Con el apercibimiento de no informar dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,030,00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
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