Jesús Antonio González Lara
Expediente 1539/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1539/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2018
Partes del expediente
- Jesús Antonio González Lara
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria pronunciada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del recurso de queja 201/2018 de su índice, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En esas condiciones, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), asimismo, archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existe documento original, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Téngase por recibido el escrito firmado por ******************* quien se ostenta en su carácter de defensor particular del quejoso ****************** en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído dictado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítase inmediatamente el original y copia del aludido escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación, con copia certificada del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que el suscrito considera pertinente enviar copia certificada del juicio de amparo. Notifíquese y por vía electrónica al quejoso.
- Principal
MESA VI. En nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con una demanda registrada con el número de control interno 19267 y hace constar que la promoción que se atiende se digitalizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. Del mismo modo, se certifica que tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registrado al usuario con FIREL "jagnavarro". Conste. Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alejandro Gutiérrez Navarro, quien se ostenta en su carácter de defensor particular de Jesús Antonio González Lara, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Fórmese tanto el expediente físico como el electrónico y regístrese en el libro de juicios de amparo con el ordinal 1539/2018-VI. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DESECHAMIENTO. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, 112, 113, 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. El numeral 107, fracción V, de la Ley en cita contempla lo siguiente: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Es pertinente señalar que en el caso a estudio, el quejoso reclama: La resolución que admitió diversas pruebas dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en la continuación de audiencia intermedia celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 28/2018. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 173, Apartado B, relativo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, el Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia Tesis: P./J. 24/92, de la Octava Época, con número de registro 205651, consultable en la página 11, número 46, del Mes de Agosto de 1992, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten medularmente derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal y Tratados Internacionales; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica. En efecto, la resolución que admitió diversas pruebas dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en la continuación de audiencia intermedia celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 28/2018, en forma alguna afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo establecido en el numeral 107 fracción IV de la Ley Reglamentaria a los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, no se trastoca contra el justiciable algún derecho humano de los consagrados en la Carta Magna, pues como se ha dicho, no le genera un agravio en sus derechos fundamentales; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos del impetrante del amparo. Ahora, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos humanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, registrada con el ordinal 2006338, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". Lo anterior se concatena con la circunstancia de que el procedimiento penal de tipo acusatorio y oral dependerá de un factor determinante y que consiste en la forma en que se regula el ordenamiento procesal aplicable en cuanto a que en la segunda instancia se está en posibilidad de reponer, aun de oficio, si hubiera violaciones formales vinculadas con la admisión de la prueba; es decir, hay posibilidad que una prueba mal admitida vuelva a ser materia de estudio en la sentencia de segunda instancia. Sobre todo tomando en consideración que la admisión de que se duele el quejoso se dio en la etapa intermedia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio II.2o.P. 66 P (10a.), sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, en la tesis publicada en la página 3094 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017175, de la Décima Época, cuya literalidad es: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." Asimismo, se cita, por las razones jurídicas que contiene tesis aislada II.2o.P.10 P (10a.), procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 1891, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, materias común, bajo registro 2000637, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." Bajo ese contexto, con fundamento en el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del diverso 107 de la citada Ley. Similar criterio relativo a la irreparabilidad de la admisión de pruebas sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, al resolver la queja 190/2017, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. DOMICILIO. Dado que la parte quejosa proporciona su nombre de usuario, el cual ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese por vía electrónica al quejoso.
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