Jesús Antonio Escarpita Monarrez
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Antonio Escarpita Monarrez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente cuadernillo, se advierte que el veintidós de marzo de este año, se dictó resolución en el cuaderno auxiliar 3/2022, derivado del juicio de amparo 1870/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, la que se remitió vía electrónica el veinte marzo de la presente anualidad. En tal sentido, visto el acuse electrónico que se generó con tal envío con folio 4956826, archívese el presente cuadernillo como asunto totalmente concluido, y acorde a lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Asimismo, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, se ordena anotar en la carátula del cuadernillo, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos y otras autoridades; con número de expediente auxiliar en este órgano jurisdiccional ********************-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Chihuahua, Chihuahua, por razón de turno correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Actuario y Ministro ejecutor adscrito al citado y Secretario de Seguridad Pública Municipal, consistentes en: "ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, reclamo: los inconstitucionales mandamientos y/o resoluciones y/o órdenes verbales o escritas, que emitieron o emitirán en breve, a virtud de los cuales se pretende llevar a cabo el remate y/o adjudicación del inmueble ubicado en ******************** de esta ciudad, así como desalojar y/o desposeer y o lanzar y o privar a la hoy quejosa, en forma total o parcial, de la legitima propiedad y plena posesión física, jurídica y material, que la peticionaria de garantías ejerce sobre el inmueble ya precisado y descrito, sin que medie procedimiento y/o juicio entablado en contra de la amparista y sin que exista notificación alguna a la suscrita. (.) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo: la inminente ejecución y/o cualquier acto de cumplimentación que, con el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, pretendan llevar a cabo respecto de los actos reclamados, tendientes a desalojar y/o desposeer y/o lanzar, así como a privar jurídica y material que ejerzo sobre el inmueble precisado y descrito en el Punto Número 1 del Capítulo de "Antecedentes" de esta demanda." SEGUNDO. La quejosa consideró que con los actos reclamados vulneraron en su perjuicio los derechos y garantías individuales reconocidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda; asimismo, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación; se emplazó al juicio a la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el siete de noviembre de dos mil veintidós. CUARTO. Mediante oficio 10749/2022, de siete de diciembre de dos mil veintidós, del índice del Juzgado Segundo de Distrito, en el Estado de Chihuahua, y que fuera recibido en este juzgado en esa misma fecha, en donde se advierte que el Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en cumplimiento al punto de acuerdo 194/2022, del oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la remisión del juicio de amparo ********************, de su índice, a este Juzgado de Distrito, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente, así mismo ordenó se llevara cabo la vinculación de los expedientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. QUINTO. El doce de diciembre de dos mil veintidós, se radicó en este juzgado el citado juicio de amparo, el cual se registró con número de cuaderno auxiliar ********************, ambos asuntos fueron vinculados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por lo que, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver, los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 194/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 107/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, el detenido examen de las constancias del presente juicio, revela que los actos reclamados por la promovente, consisten en el siguiente: La orden de desalojo, desposesión, remate o adjudicación del inmueble ubicado en ******************** de Chihuahua, Chihuahua, en forma total o parcial, de la legitima propiedad y posesión que la peticionaria del amparo, refiere tener del citado inmueble, dentro del juicio civil ******************** del índice del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. La inexistencia de notificación alguna. La ejecución de los citados actos, con el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras a fin de cumplimentarlos. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La autoridad responsable Encargada del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal negó categóricamente los actos de ejecución que le atribuye la accionante del amparo. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, el Juez Primero de lo Civil por Audiencias y la Jefa de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Morelos, al rendir su informe justificado aceptan la certeza de los actos que se les reclaman. Como apoyo de su informe remitieron copia certificada de las constancias que integran el expediente ********************, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones judiciales, expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tienen plenamente probados los actos que se les reclaman. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." SEXTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis constitucional del acto reclamado. La quejosa se duele en sus conceptos de disenso que no fue notificada de los mandamientos ordenados por las autoridades señaladas como responsables, por lo cual tiene el carácter de tercero extraño; señala que al quedar fuera de toda notificación, quedó en estado de indefensión, en perjuicio de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; se apoya en la tesis del rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS". Así, se estima fundado uno de los conceptos de violación vertidos por la quejosa, empero, suplidos en su deficiencia, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Ahora bien, es menester preciar que en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido contra la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa. Además el Pleno del Máximo Tribunal, estableció que el emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa y que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, al estar en presencia de la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de alegar, de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a suplir la queja deficiente al respecto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en diciembre de 2000, registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". A fin de tener una mejor comprensión del asunto, se estima necesario citar los antecedentes del juicio E_********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, los cuales son: El licenciado ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral ********************, demandó en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción hipotecaria a ********************, diversas prestaciones. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió el juicio ordinario en ejercicio de la acción hipotecaria correspondiéndole al Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias, bajo el expediente E_********************, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada. En actas redactadas por los Oficiales Notificadores de quinde de octubre, ocho de noviembre y catorce de diciembre de dos mil diecinueve, y la diversa de veintidós de febrero de dos mil veinte, no localizaron a persona alguna en el domicilio ubicado en ********************, de la ciudad de Chihuahua, el tercero, asentó que el vecino le informó que no había visto persona alguna en ese domicilio; el último, que la persona que habita enfrente en el número ********************, le informó que la demandada no habita en ese domicilio, sino una pareja joven que llega tarde. El seis de julio de dos mil veinte, el juzgador autorizó el emplazamiento en el lugar de trabajo de la parte demandada, ubicado en ********************, de la ciudad de Chihuahua, edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el octavo piso, en la oficina de Conflictos Laborales. Mediante actas de siete de septiembre de dos mil veinte y dos de octubre del año en cita, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, asentaron que no pudieron localizar, el primero el área de conflictos laborales donde labora la demandada y el segundo, le fue informado por ********************, que la demandada no labora en ese lugar, pues fue adscrita a otro, sin saber en cual. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, el juzgador en apoyo de los artículos 138 y 139 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordenó la búsqueda de la parte demandada en las instituciones Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el juzgador ordenó la notificación y emplazamiento de la parte demandada en el domicilio ubicado en calle ********************de la colonia********************de la ciudad de Chihuahua. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio ubicado en calle ********************Fraccionamiento Roma de la ciudad de Chihuahua. El Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, ********************, señaló que a las once horas con dieciocho minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, se constituyó en el domicilio ubicado en calle ********************de la colonia********************de la ciudad de Chihuahua, a fin de notificar los acuerdos de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Primero Civil por Audiencias dentro del expediente ********************, toda vez que al presentarse se percató que se trataba de un consultorio médico, al tocar en repetidas ocasiones nadie atendió su llamado, se presentó en la casa de enfrente con el número ******************** lo atendió ******************** quien e informó que en el domicilio buscado vive la mamá de ********************. Mediante solicitud de la parte actora, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar por edictos a la parte demandada ********************, concediéndole el plazo de nueve días a partir de la última publicación para contestar la demanda interpuesta en su contra y opusiera las excepciones y defensas que a su derecho conviniera; señalada domicilio para oír y recibir notificaciones bajo apercibimiento de notificarle por lista las ulteriores actuaciones; y, de no contestar la demanda se le tendría por confesa de los hechos que no contestare. En acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo al actor exhibiendo los edictos de notificación ordenados mediante proveído de veintiocho de abril de ese año, los cuales se publicaron en el periódico local denominado "********************" los días veinticuatro y veintisiete de mayo y uno de junio del citado año. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se declaró la rebeldía de la parte demandada para contestar la demanda, se ordenó la notificación por lista de acuerdos y resoluciones, se señalaron las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia preliminar. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se declaró abierta la audiencia preliminar, y se señaló fecha paa la audiencia de juicio a celebrar el veintiocho de octubre siguiente, a las nueve horas, sin que se presentara la parte demandada. En veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se apertura la audiencia de juicio, se identificaron las partes, solamente estuve presente la parte actora, se desahogaron las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, se apertura etapa de alegatos y se declaró visto el asunto, citándose para la continuación el dieciocho de noviembre del año en cita, declarándose cerrada la misma. En la fecha indicada dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se aperturó la audiencia de continuación, y se dispensó la lectura de la sentencia, ante la incomparecencia de las partes; se declaró cerrada la audiencia de juicio y declaró cerrada la audiencia. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se emitió sentencia, en la cual se condenó a la parte demandada a pagar a la actora diversas prestaciones reclamadas; y, gastos y costas del juicio. En ocho de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se apertura el incidente de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas, dándose vista a las partes por tres días. El ocho de marzo de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de liquidación de intereses moratorios, El tres de junio de dos mil veintidós se ordenó el remate en primera almoneda del bien inmueble ubicado en ********************, de la ciudad de Chihuahua; gastos y costas por la cantidad de $******************** ********************, que la demandada debía pagar a la actora en los términos indicados en dicha resolución, anunciándose su venta por medio de edictos, sirviendo de base para el remare la cantidad de ******************** en moneda nacional; y como postura la suma de********************en moneda nacional, que son las dos terceras partes del precio que sirve de base; señalándose las diez horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós para dicha almoneda. En seis de julio de dos mil veintidós, se declaró la audiencia de remate de segunda almoneda. En cuatro de agosto siguiente, el juzgador declaró transcurrido el término otorgado a la parte demandada para que otorgara a la parte actora la escritura pública ordenada en la audiencia de remate, sin que lo hubiera hecho, previno al actor a fin de que señalara notaría pública de su intención a fin de remitir los autos para la protocolización. Ahora bien, establecida la historicidad de los antecedentes del juicio de origen, se tiene la parte quejosa señalando en sus motivos de disenso la falta de notificación de los mandamientos dictados en el juicio. Ahora bien, se estima fundado el primer concepto de violación, como se precisó, el juez de origen, emitió el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el cual ordenó emplazar a la parte quejosa por edictos, fundándose en el artículo 138, del Código de Procedimientos Civiles Estatal, el cual dispone: "ARTÍCULO 138. Cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez o jueza ordenará recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez o jueza revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores." En ese sentido, tenemos que conforme a la reglamentación adjetiva especificada, las principales formalidades que debe contener la diligencia de emplazamiento por edictos, son: 1. Desconocimiento del domicilio de la persona que debe ser emplazada a juicio. 2. La publicación de la determinación respectiva, tres veces consecutivas de tres en tres días. 3. Tal publicación deberá realizarse en un periódico de circulación amplia en el Estado en que el demandado deba ser emplazado. Lo anterior, siempre bajo la perspectiva de que el demandado o demandada adquiera conocimiento pleno del juicio que se sigue en su contra, la persona que lo promueve, los términos en que lo hace (copias de traslado) y el plazo que se le concede para excepcionarse legalmente, esto es, se le permita desarrollar su defensa (contestar demanda, aportar pruebas y formular alegatos), aspectos esenciales del derecho de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal. De todo lo expuesto, se aprecia que asiste razón jurídica a la solicitante del amparo, pues no se siguieron cabalmente los lineamientos que la ley procesal civil local prevé para la práctica de un emplazamiento por edictos, lo cual generó que en el juicio natural se incumplieran las demás formalidades esenciales del procedimiento. En primer lugar, se destaca que previo a la emisión del auto por el cual se ordenó el emplazamiento mediante edictos a la ahora quejosa, se realizó una búsqueda correcta del domicilio de la persona a emplazar (demandada aquí quejosa) ante diversas instituciones oficiales y de servicios, como fueron el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, al respecto informaron, los que tenían en su base de datos a excepción de la empresa Teléfonos de México, quien no localizó registro alguno a nombre de la demanda aquí quejosa. El Vocal del Registro Federal de Electores de la ciudad de Chihuahua, informó que la quejosa tenía registrado como su domicilio el ubicado en ********************, de la citada ciudad. Así, en el caso, el juez ordenó el emplazamiento en los domicilios indicados; sin embargo, respecto al citado con antelación, no fue realizado por el Oficial Notificador a quien le tunó los autos, al menos no se aprecia que se haya realizado en las constancias del juicio de que se trata, que se pusieron a la vista de este órgano de control constitucional a través del enlace del Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante ello, el Juez tuvo por demostrado el desconocimiento del domicilio exigido por el artículo 138 de la ley procesal civil estatal, para realizar el emplazamiento de la parte quejosa por edictos en el juicio natural. Ahora bien, no pasa inadvertido que el resolutor realizó una exhaustiva investigación del domicilio de la parte demandada; sin embargo, no se percató de la omisión del fedatario judicial de realizar su encomienda en el domicilio proporcionado por el Instituto Federal Electoral y también proporcionado por la parte actora. Máxime que la aquí promovente del amparo ofreció diversas pruebas documentales como son copia de su credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral en la cual se aprecia su domicilio ubicado en calle ******************** de la ciudad de Chihuahua; recibos de servicios expedidos por Ecogas México S. de R.L. de C.V., Comisión Federal de Electricidad, Tesorería Municipal de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento Chihuahua, en los cuales se aprecia que tiene el domicilio ubicado en la propiedad materia de la litis, a cuyas documentales se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, el objeto de la investigación, previa a la notificación por edictos, es tener certeza del desconocimiento del domicilio del demandado para poder ser emplazado. Se itera, dicha determinación debe atender, en primer lugar, al tipo de información con la que puedan contar esas instituciones en atención a su naturaleza y, en segundo lugar, a la información que para ese efecto proporcione, de tal forma que el juzgador pueda tener los elementos necesarios para determinar fundadamente que se agotaron los medios institucionales razonablemente necesarios para poder concluir que no se logró localizar el domicilio del sujeto o sujetos a emplazar, lo que en el caso no aconteció, por la desfavorecedora eventualidad en perjuicio de la parte aquí quejosa. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, del epígrafe y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS SIN PREVIA INVESTIGACIÓN O ESFUERZO DE BÚSQUEDA DEL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LO PERMITE CUANDO EL DOMICILIO PACTADO EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, NO CORRESPONDA AL DE LA DEMANDADA, ES INCONSTITUCIONAL. Hechos: La parte quejosa fue emplazada al juicio natural por edictos, ante la imposibilidad de notificarla en el domicilio pactado en el contrato base de la acción, sin investigarse por los medios de que disponía el órgano jurisdiccional, el domicilio correcto de la demandada, ello con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que el quinto párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, es inconstitucional y violatorio de la garantía de audiencia previa; y, por consecuencia, de las garantías de legalidad y debido proceso, protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al permitir que, sin un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto en que deba ser emplazada la parte demandada, se realice por edictos en los casos en que intentado el emplazamiento en el domicilio convencional pactado en el documento base de la acción, resulte incorrecto o no vigente. Justificación: Lo anterior, toda vez que la notificación por edictos debe entenderse reservada para aquellos casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto para notificar personalmente a una persona, no sea posible ubicarlo. De ahí que representa más bien una vía de notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, siendo obligatorio para el respectivo juzgador, investigar hasta donde sea posible del domicilio correcto del demandado, antes de proceder a esta notificación." Adicionalmente de lo expuesto, es de indicarse que el juez responsable ordenó el emplazamiento mediante edictos, los que deberían publicarse por tres veces consecutivas de tres en tres días, en el Diario de Juárez, que se edita en la Ciudad, por ser el de mayor circulación, además de fijarse un tanto de ellos en el tablero de aviso del juzgado. Aunado a lo anterior en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez tuvo por emplazada a ********************, mediante los edictos que la parte actora publicó en el periódico de edición local denominado "********************". Sin embargo, se vulneró su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, para poder excepcionarse en el juicio natural. Lo anterior es así, porque de una interpretación del precepto 14 Constitucional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo estimó, porque es principio unánimemente admitido, que las normas de derecho público son irrenunciables, y en el caso se trata de una disposición de importancia radical, puesto que tiende a establecer la relación procesal, por medio del conocimiento que se dé al demandado, de que se ha promovido un juicio en su contra, para que tenga oportunidad de ser oído en defensa, y la ley y la jurisprudencia exigen que el propósito es que esa oportunidad de la parte demandada sea efectiva. En consecuencia, ello tiende a tutelar la garantía contenida en el artículo 14 constitucional, consistente en que nadie puede ser privado de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, sin ser oído en juicio, y no puede ser oído quien fue notificado por edictos sin que se le haya notificado en el domicilio señalado en calle ********************Fraccionamiento Roma de la ciudad de Chihuahua, no obstante de que fue ordenado por el Juez de origen, al Fedatario Judicial, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En ese contexto, al resultar fundados suplidos en su deficiencia los conceptos de violación aducidos por la peticionaria del amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, realice lo siguiente: 1. Para que deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil E_********************, en ejercicio de la acción hipotecaria, promovido por el licenciado ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral ********************, en contra de la demandada ********************, y reponga el procedimiento natural, desde el acuerdo que ordena el emplazamiento por edictos, y todo lo actuado en consecuencia, debiendo ordenar el emplazamiento en el domicilio en el cual fue omiso el fedatario judicial y es el que presenta la quejosa en su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral. 2. Asimismo, en obvio de una dilación procesal, se hace saber al Juez del conocimiento que podrá emplazar a juicio al demandado en el domicilio que tiene señalado en el juicio de amparo, ello a fin de evitar dilaciones procesales en beneficio de una expeditez de justicia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN." OCTAVO. Captura y firma de sentencia. De conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la presente sentencia se firme electrónicamente, y en el momento correspondiente se agregue la evidencia criptográfica respectiva. Además, con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del aludido Consejo, captúrese esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOVENO. Trámite devolutivo del expediente. De conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, de dos de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y con independencia de la relación automática que se genera con el expediente electrónico al momento del dictado de la presente resolución, envíese esta sentencia vía electrónica al órgano auxiliado para que proceda a su notificación y remítase el oficio respectivo vía interconexión IOJ del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridad indicada en el considerando último de esta resolución por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos de las autoridades responsables citadas en el considerando cuarto, por las razones y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese a las partes en los términos de Ley por conducto del Juzgado de origen. Así lo resolvió y firma, el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado permitieron concluir la sentencia. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, hace constar y certifica: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.
- Principal
En veinte de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se sobreseyó el presente Juicio de Amparo, se ordena previo Acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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