Jesús Antonio Arévalo Conde y Otros.
Expediente 411/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Jesús Antonio Arévalo Conde
- Jesús Antonio Arévalo Conde y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, con el cual, en atención a lo solicitado en proveído de veintidós de junio del año en curso, remite la boleta de turno con número de registro 3381/2021, que corresponde a la compensación del juicio en que se actúa, misma que se ordena agregar al expediente para que obre como corresponda. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Ampro y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por el cual, solicita a este órgano jurisdiccional, informe el estado procesal del presente juicio de amparo. En atención a lo solicitado, infórmese al homólogo federal que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se desechó la presente demanda de amparo y, posteriormente, en auto de dos de julio del presente año, causó estado, ordenándose su archivo definitivo. Como sustento a lo anterior, remítase a la autoridad oficiante copia certificada de las constancias aludidas en el párrafo que antecede. Finalmente, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con el cual remite por conocimiento previo el original del juicio de amparo 464/2021-IV-J, promovido por ***, y ocho copias simples del escrito de demanda. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 411/2021-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Una vez establecido lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, el acto que por esta vía se impugna, consiste en: La orden emitida por el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el expediente ***, de su índice, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ***, mediante el cual ordena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas, la cancelación de la inscripción de la escritura pública ***, respecto del bien inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El citado numeral al establecer que el juicio de amparo es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" alude tanto a las resoluciones pronunciadas por los órganos de control constitucional en el trámite de los juicios de amparo, como a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que necesariamente tiene que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. En este último supuesto, el actuar de la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, torna improcedente el nuevo amparo que se intente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Darle entrada al nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional. Así, esta causal de improcedencia encuentra justificación en que no sería jurídicamente conveniente que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas procediera otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. No obstante lo anterior, dicha hipótesis no se actualiza en el caso de un fallo concesorio que no decidió el fondo del asunto y, por consiguiente, se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual, la nueva resolución que emita la autoridad responsable en la parte en que se le dejó plenitud de jurisdicción no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal, resultando en consecuencia, en este supuesto de la emisión de una nueva resolución dictada por la responsable con plenitud de jurisdicción, procedente el nuevo juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el asunto que nos ocupa se hace consistir en la orden emitida por el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el expediente ***, de su índice, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ***, mediante el cual ordena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas, la cancelación de la inscripción de la escritura pública ***, respecto del bien inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del cual el quejoso aduce ser propietario. De lo anterior, se obtiene que dicho acto fue realizado en cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia dictada dentro del juicio de amparo ***, del índice de este órgano de control constitucional, mismo que fue promovido por *** y ***. En efecto, en el juicio de amparo ***, mediante resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, confirmada en sesión de quince de abril del año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que el juzgado responsable procediera en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Al resultar fundados los conceptos de violación estudiados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Cuarto del Ramo Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***: 1) Deje insubsistente el remate, adjudicación, protocolización y orden de entrega material del inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas." Lo anterior, constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia XXII.J/12 , sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro es "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". Derivado de ello, la autoridad responsable desplegó las siguientes actuaciones a fin de dar cumplimiento a la sentencia: 1. Por oficio ***, de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de esa misma fecha, dictada en el juicio *** de su índice, en la que dejó insubsistente el auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se adjudicó al ahí actor el inmueble consistente en el predio urbano ***. Asimismo, giró oficio a la Notaria Pública número *** del Estado, para que procediera a la cancelación de su protocolo de la escritura de adjudicación a favor del actor, respecto del inmueble antes descrito. De igual forma remitió oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que realizara la cancelación de la escritura pública número ***, libro ***, de treinta de enero de dos mil diecinueve, respecto del inmueble descrito, la cual quedó registrada bajo el número ***, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, con folio real ***. Y, ordenó la restitución del inmueble a favor de ***. 2. Posteriormente, por oficio ***, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable remitió copia certificada del acta ***, libro ***, de veintiséis de mayo del año en curso, por el cual la Notaria Pública número ***, de esta ciudad, en la cual hizo del conocimiento la cancelación de la escritura pública ***, libro ***, de treinta de enero de dos mil diecinueve, respecto del inmueble materia de la litis. 3. Luego, mediante diverso oficio *** de dos junio de dos mil veintiuno, la responsable remitió certificada del oficio *** signado por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, por el cual informó al Juzgado responsable sobre la imposibilidad de atender su solicitud en relación con la cancelación de la inscripción de la escritura pública ***, del libro ***, con registro ***, y folio real ***, toda vez que el bien inmueble consistente en el ***, ***, fue vendida en su totalidad a *** (aquí quejoso); asimismo, que dicha compraventa fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, con registro ***, el once de febrero del presente año, con el volante ***. Sin embargo, en atención a ello, en auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se le requirió nuevamente a fin de que diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo. En respuesta a ello, por oficio *** de nueve de junio del año en curso, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de ocho de junio del presente, dictado en el expediente *** de su índice y del oficio *** remitido al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, procediera a lo siguiente: Cancelar la inscripción de la escritura pública ***, del libro ***, de treinta de enero de dos mil diecinueve, con registro ***, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y folio real ***, respecto del predio urbano consistente en el Lote ***, ***. Cancelar el registro motivo de la compraventa realizada entre *** y ***, celebrada en escritura pública ***, volumen ***, de seis de agosto de dos mil veinte, con registro ***, de once de febrero de dos mil veintiuno, con número de volante ***, pasada ante la fe de ***, Notario Público *** del Estado de Chiapas, dejando salvo los derechos del nuevo adquirente ***. Informar al Notario Público *** del Estado de Chiapas, sobre la cancelación de la escritura referida en el punto que antecede. Por tanto, si en cumplimiento a la mencionada ejecutoria de amparo, el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, ordenó realizar la cancelación de la inscripción de la escritura pública que ampara la propiedad del predio urbano ubicado en inmueble ubicado en ***, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deviene inconcuso que actuó en estricta observancia a las directrices marcadas en la sentencia de amparo. Proceder en el que la responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados sin margen de decisión, esto es, actuó sin plenitud de jurisdicción, lo cual denota que el auto combatido fue pronunciado en los precisos términos que lo estimó ajustado al orden constitucional un órgano del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, quien esto resuelve se encuentra jurídicamente impedido para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues ello implicaría realizar un ejercicio de control constitucional sobre una actuación emitida en cumplimiento de una resolución de amparo que no dio pauta a la responsable a proceder de otro modo, lo cual supone que su dictado ya fue previamente autorizado en sede constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia V.1o. J/15 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE AL SEÑALARSE COMO ACTO RECLAMADO UNA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA. Si el acto reclamado fue emitido en cumplimiento de una ejecutoria y en éste la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional, esto es, actuando sin plenitud de jurisdicción, es incuestionable que la autoridad responsable al emitir la resolución que se reclama, se encontraba vinculada totalmente a la sentencia de amparo; de ahí que los conceptos de violación aducidos no pueden ser objeto de estudio, mediante el juicio constitucional, precisamente porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la citada Ley." De igual forma, apoya a lo anterior, la tesis VI.2o.C.691 C , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA QUE SE DEJE SIN EFECTOS TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO, INCLUYENDO EL TIRAJE DE LA ESCRITURA A FAVOR DEL ACTOR, ELLO SIGNIFICA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE TAMBIÉN LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR AQUÉL. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, si en un juicio de garantías se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos todo lo actuado en un juicio, a partir del emplazamiento impugnado, hasta la sentencia definitiva y su ejecución, incluyendo el tiraje de la escritura pública que se ordenó se hiciera a favor del actor en el procedimiento natural, por lo que se ordenó la cancelación de dicha escritura en la notaría pública donde se otorgó, así como la cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; ello significa que el cumplimiento de la aludida sentencia implica dejar insubsistente también la escritura de compraventa por la que un tercero adquirió el inmueble materia del litigio; así como la cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, sin que sea óbice que sea adquirente de buena fe, así como tampoco el que la operación de transmisión del dominio se trate de un acto entre particulares, pues el mismo fue posible en virtud de un acto de autoridad declarado nulo como consecuencia del amparo concedido, estimar lo contrario implicaría hacer nugatoria la protección constitucional. Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues como lo refirió la responsable quedan a salvo los derechos del peticionario a fin de hacer valer sus derechos en la instancia correspondiente. En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una determinación dictada en ejecución a una sentencia de amparo, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa señaló tanto domicilio físico para oír y recibir notificaciones, así como el usuario "***", para recibir notificaciones electrónicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare el medio por el que desea se le realicen las notificaciones en el presente asunto, ya sea a través del domicilio físico que proporcionó, o por medio de notificaciones electrónicas bajo el aludido usuario. En el entendido de que, hasta en tanto cumpla el requerimiento formulado, las notificaciones se realizaran en el domicilio físico que señala. Además, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. En atención a la solicitud que realiza, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta de este expediente al usuario "***", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN Finalmente, hágase del conocimiento de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, la recepción del presente asunto, para que realice el registro y compensación correspondientes, a efecto de equilibrar la carga de trabajo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
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