Jesús Antonio Almada Ibarra
Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Antonio Almada Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (SE ORDENA EL ARCHIVO).
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Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
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CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 16 DE JUNIO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA..
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Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los para que obre como corresponda el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cuál, en cumplimiento al numeral 64 de la Ley de Amparo, hace del conocimiento que se actualiza una causal de sobreseimiento en el presente asunto, por lo que se procede a analizar tal consideración. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que actualmente guardan los presentes autos, tal como refiere el promovente, en el caso se ha actualizado una causal de improcedencia, por lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, se evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la anterior gobernadora del Estado de Sonora, en el cual el quejoso le realiza una pregunta directa en ejercicio de su derecho de petición. En relación a lo anterior, la parte quejosa exhibió con su demanda el acuse de recibido por la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, del escrito cuya omisión en contestar impugna en este asunto. Dicho acto omisivo resultó cierto, pues hasta la fecha de presentación de la demanda (veintiocho de enero del año en curso), no existía noticia alguna de que el quejoso hubiera recibido contestación a su escrito. Por acuerdo de dieciocho de abril pasado, se tuvo por ampliada la demanda, en relación con las diversas autoridades director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Secretario Particular del Ejecutivo Estatal y del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y/o Vocal Ejecutivo del mencionado Instituto, con residencia en esta ciudad. No obstante la certeza del acto reclamado, al rendir su informe justificado, en relación con la ampliación de la demanda promovida por el peticionario, la responsable director general de lo Contencioso de la Consejería del Gobierno del Estado, en representación de la autoridad responsable gobernador del Estado de Sonora, manifestó a este juzgado que con fecha dieciocho de abril pasado, el Vocal Ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, derivado de la requisición de información de parte de esa Consejería Estatal, llevó a cabo la remisión del oficio Ve/723/2022 por medio del cual le informó al aquí quejoso cuál era el procedimiento a seguir, así como el posible costo de su pretensión y de quien es la encargada de darle atención a todas sus inquietudes; del oficio referido, remitió copia certificada (foja ___). Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el propio quejoso en el escrito que se agrega, en el que expone que fue notificado en su domicilio, el veintiséis de mayo de este año, del documento a través se le da respuesta a la pregunta que realizó al Gobierno del Estado de Sonora; y, además, que se da por satisfecho con la respuesta que se le generó al indicarle cuál es la autoridad que debe resolver sus dudas. En esa medida, conforme a lo expuesto, se otorga plena validez probatoria a la documental consistente en el oficio por el que se le dio respuesta al impetrante, remitido por la autoridad responsable; lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con lo que se tiene como incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía como cierto el reclamo de la parte quejosa, relativo a la conducta omisa de la responsable; sin embargo, se advierte que durante el trámite de este sumario, la autoridad emitió la respuesta requerida por la parte quejosa en relación con su escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno y además, le fue notificada dicha contestación; de ahí, que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional ( señalada para las nueve horas con catorce minutos del veintiocho de junio del año en curso). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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