Jesús Anselmo Pech Hernández

Expediente 227/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
227/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
  • Jesús Anselmo Pech Hernández
  • Jesús Anselmo Pech Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de mayo de dos mil diecinueve Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de abril el año en curso, por el cual se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el referido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 171/2019 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. En virtud de lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el ocho de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta y constancia anexa al mismo, así como del informe justificado, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la falta de contestación a sus escritos presentados el cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho a fin de que solicitara la información necesaria para estar en aptitud de dictar la sentencia correspondiente en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sin embargo, de las constancias que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a sus diversos oficios, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, celebró la audiencia principal en el juicio de origen en la que dictó sentencia, decretando procedente la reducción de pensión alimenticia, misma que fue notificada a las partes en el acto, lo que es con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el quince de febrero de dos mil diecinueve. En efecto, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, en la medida de que el efecto jurídico y material del acto reclamado en este juicio era el analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión de la responsable de dar contestación a los escritos de cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho, presentados en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018. Efecto que ya no se sigue surtiendo actualmente en el caso, en razón de que al haberse celebrado la audiencia principal de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ello hace imposible que se materialicen los efectos para los cuales fue solicitado el amparo. Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO...Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, el cual se ordena glosar a este expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta y constancia anexa al mismo, así como del informe justificado, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la falta de contestación a sus escritos presentados el cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho a fin de que solicitara la información necesaria para estar en aptitud de dictar la sentencia correspondiente en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sin embargo, de las constancias que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a sus diversos oficios, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, celebró la audiencia principal en el juicio de origen en la que dictó sentencia, decretando procedente la reducción de pensión alimenticia, misma que fue notificada a las partes en el acto, lo que es con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el quince de febrero de dos mil diecinueve. En efecto, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, en la medida de que el efecto jurídico y material del acto reclamado en este juicio era el analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión de la responsable de dar contestación a los escritos de cinco y quince de noviembre de dos mil dieciocho, presentados en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018. Efecto que ya no se sigue surtiendo actualmente en el caso, en razón de que al haberse celebrado la audiencia principal de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia 206/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ello hace imposible que se materialicen los efectos para los cuales fue solicitado el amparo. Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Al caso, por similitud de razón, resulta conveniente citar la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

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