Jesús Aniceto Vázquez Díaz

Expediente 1887/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1887/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2016

Partes del expediente

  • Jesús Aniceto Vázquez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Dar vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que presentó en el escrito inicial de demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con los expedientes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso ****************************************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención hecha en veintiséis de agosto del año en curso. DESECHAMIENTO Para discernir sobre la procedencia de la demanda, se torna necesario precisar que en auto de veintiséis de agosto del año en curso, se previno a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: .  Indique con precisión cuál o cuáles son los actos que reclama.  Exhiba copias de su escrito aclaratorio. . Ahora bien, en el escrito que se provee, la parte quejosa precisa: ".Bajo protesta de decir verdad, el acto que se reclama a la autoridad señalada como responsable consiste en que dicha autoridad no ha tomado las medidas necesarias para que se de la ejecución del laudo de fecha 29 de febrero del 2016 dentro del juicio de origen J/O/757/2013, infringiendo lo establecido en los artículos 940 y 618 fracción II de la Ley Federal del Trabajo y con ellos afectando la impartición pronta y expedita en el juicio de origen." El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe interpretar la demanda de amparo en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar la intención del quejoso y, entonces, armonizar y dar congruencia a los datos y elementos que la conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. Afirmación que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia con el texto siguiente : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En congruencia con lo cual, el propio Pleno del Alto Tribunal ha establecido que para lograr la fijación del acto reclamado es necesario -sin alterar o modificar el contenido de la demanda-, atender preferentemente a lo que el quejoso quiso decir y no a lo que en apariencia dijo, pues ello permite una recta impartición de justicia y que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, al no aceptar imprecisiones que generen oscuridad o confusión como la expresión exacta del pensamiento del autor del escrito, por sobre la intención que deriva relacionando sus elementos. Aseveración que se confirma acudiendo al texto de la tesis que es del tenor siguiente : ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Bajo ese contexto, del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cumplimiento a la prevención se llega a la conclusión que la parte quejosa reclama:  La falta de vigilar y tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, literalmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece : DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. De lo anterior y analizada la demanda, se llega a la conclusión que el juicio que ahora se promueve es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que el segundo numeral prevé el sobreseimiento en el juicio cuando el acto sea inexistente. El juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Partiendo de ello y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y, aunado lo anterior, la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusión que el juicio que ahora se intenta es improcedente. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en esa etapa -ejecución- el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por esas razones, el juicio de amparo resulta improcedente, al resultar los actos precisados por el quejoso futuros y de realización incierta, ya que no puede constreñirse a las autoridades responsables para que de manera genérica, en una eventual concesión de amparo, ordenen proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, la omisión genérica del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo, toda vez que en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, resulta improcedente, ya que se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al presidente ejecutor, al requerir el impulso e intervención del ejecutante que pudieran no llegar a materializarse. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia que es del tenor siguiente : EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. En ese sentido, a nada práctico conduciría dar trámite a la demanda, pues la improcedencia atiende a la naturaleza misma del acto reclamado por la impetrante, el cual no puede modificarse ni a título de suplencia de la queja, pues es la propia promovente quien precisó la materia de su reclamo, sabedora de que existe jurisprudencia obligatoria conforme a la cual, el amparo es improcedente contra la omisión genérica del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, esto es, contra la falta de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ejecución del laudo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio de origen J/O/757/2013. Al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la citada ley, se da vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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