Jesus Angeles Govea Loredo
Expediente 4397/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Jesus Angeles Govea Loredo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por el que solicita acuse del oficio 15355/2022, al que anexó el testimonio de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 1196/2022 de su estadística, en atención a lo solicitado y toda vez que por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio y anexo citados, acúsese el recibo correspondiente. Finalmente, como esta ordenado en auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por el que solicita acuse del oficio 15355/2022, al que anexó el testimonio de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 1196/2022 de su estadística, en atención a lo solicitado y toda vez que por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio y anexo citados, acúsese el recibo correspondiente. Finalmente, como esta ordenado en auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese.
- Principal
EN DIECISIETE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE CINCO DE ENERO DE ESTE AÑO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado vía juicio en línea en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa el cumplimiento de la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con el oficio de la autoridad, dése vista a la quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, en relación a la cuenta de correo electrónico que proporciona la autoridad como herramienta alterna a efecto de poder realizar las notificaciones electrónicas respectivas; en consecuencia, tómese en consideración lo anterior, en los casos en los que esta juzgadora lo estime necesario, a efecto de establecer el contacto respectivo con la citada autoridad. Notifíquese, personalmente a las quejosas********************y por lista a la quejosa ********************, sociedad civil, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión promovido por [2] Movequip, [3] Movex y 43] XL Auto, todas sociedades anónimas de capital variable, contra la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 7302/2015 y su acumulado.". De lo que se toma conocimiento; acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente; y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, debido a que el Tribunal Colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cual se encuentra glosado en el toca relativo al Amparo en revisión administrativa 385/2017, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por este Juzgador, se advierte que se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados en el último considerando de dicha ejecutoria, cuyos términos son los siguientes: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. (..) De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA". SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a las quejosas les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria enviado por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas ************, respectivamente a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 1310/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, derivado del amparo en revisión amparo en revisión 385/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de diciembre de dos mil dieciséis.
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