Jesús Ángel García Silva

Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Jesús Ángel García Silva
  • Jesús Ángel García Silva y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 106/2022-C, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro de la queja 38/2022, que interpuso el quejoso Jesús Ángel García Silva, dentro del juicio de ampro 112/2022-IV, en cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Por tanto, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los Juicios de Amparo y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo correspondiente al órgano colegiado oficiante; notifíquese lo anterior a las partes en el juicio; agréguense a los autos la ejecutoria de mérito, para que obre como en derecho corresponda. Por tanto, se ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido. ..Notifíquese personalmente. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a uno de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1126/2022, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el proveído de once de febrero de dos mil veintidós. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar; quedando registrado dicho recurso con el consecutivo 38/2022, de su índice. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Jesús Ángel García Silva, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de once de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del acuerdo de mérito, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto atribuido a este órgano jurisdiccional, por cuanto hace a la emisión del acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, el original del escrito de agravios e informe materia de la queja, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para la substanciación del citado medio de impugnación. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que no se ordene notificar a las partes indicadas en la demanda de amparo la interposición del aludido recurso, dado que se combate el auto que desechó de plano la demanda de amparo; de ahí que al no haberse admitido la demanda de trato, no se ha generado la vinculación de las partes al juicio de amparo, en virtud de que no han sido emplazadas, por lo que no tienen derechos que defender, en atención a que no han resentido afectación alguna.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Jesús Ángel García Silva, por medio del cual da cumplimiento a las prevenciones realizadas mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio, firmados por el quejoso Jesús Ángel García Silva, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se colige que la parte promovente de amparo hace consistir los actos reclamados en los siguientes: La omisión de notificarle en forma personal la reanudación del juicio ordinario civil 724/2017, y la totalidad de las actuaciones subsecuentes a dicha omisión. La omisión de notificarle en forma personal el auto de radicación de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, asume competencia y conocimiento del juicio ordinario civil a que se hace referencia, radicado en su estadística con el expediente 331/2021 y la totalidad de las actuaciones subsecuentes. Conforme a lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, hipótesis que se expondrá en párrafos siguientes. En ese tenor, resulta oportuno destacar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaban actos de tribunales judiciales emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto era procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación. La citada ley no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientados a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo, contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable, cuando: a) Sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trata; y b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predomínate o superior. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación y la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones sobre personalidad, son las siguientes: tesis P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Así como, la diversa jurisprudencia P./J./4/2001, del Tomo XIII, del mes de Enero de 2001, Novena Época, localizable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que expresa lo siguiente: "PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.". Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro del juicio sea de imposible reparación, su texto es el siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley, establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley;". Por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales. Así las cosas, esta juzgado de distrito considera que los actos reclamados por la parte quejosa; no constituyen actos de imposible reparación, con los que se transgreda en perjuicio de la parte aquí promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por ello, el efecto de los actos reclamados es que se continúe con la tramitación del juicio civil del que es parte, sin que ello implique que se tenga que dictar una sentencia desfavorable a sus intereses, dado que aún tendrán que analizarse los elementos de la acción intentada por la parte actora en dicho juicio. De ahí que esos efectos sean meramente formales y puedan desaparecer si en sentencia la parte demandada y hoy quejosa obtiene resolución favorable o en caso que le fuera desfavorable, la violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene resolución favorable, por lo que como ha quedado precisado, constituye una violación a las leyes del procedimiento y es reclamable en amparo directo. Consecuentemente, los actos reclamados por esta vía, no equivalen a una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que amerite ser sujeta de inmediato al control constitucional, sin esperar a que se dicte sentencia en el juicio de origen, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, que producen efectos dentro del procedimiento y que son susceptibles de ser reparados en aquel juicio uni-instancial.

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