Jesús Ángel Días Pérez
Expediente 1598/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Jesús Ángel Días Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, los autos del incidente innominado para precisar los términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo 1077/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial el veinte de julio de dos mil veintiuno, recibido el veintitrés de julio siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el veintiséis de julio siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Luis Enrique González Soledad, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de los actos siguientes: ************* Por lo antes expuesto y con fundamento en los normativos 66, 67, 193 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. Se declara fundado el incidente innominado para precisar la cantidad líquida que las autoridades responsables deberán pagar por concepto de indemnización y demás prestaciones en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo al quejoso *******; en los términos precisados en la parte final de la presente resolución. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y paguen la cantidad indicada al quejoso. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la Jueza Edna Matus Ulloa, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Alejandro Toledo Martínez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se omitió girar oficio a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, con el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, gírese oficio a las respectivas autoridades responsables, al cual se deberá adjuntar el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés a fin de que se les notifique lo acordado en el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexo de cuenta de las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y de la Actuaria adscrita a la Junta en cita, mediante el cual rinden sus informes justificados. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo los informes justificados respectivos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de la constancia que se acompaña al informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 1019/2020, promovido por Jesús Ángel Díaz Pérez -aquí quejoso- en contra de Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío S. de R.L. de C.V. y Propimex S. de R.L. de C.V., la Junta responsable fijó las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, de la cual no obra constancia de desahogo al estar señalada para el día nueve de noviembre de dos mil veintitrés. En ese tenor, cabe precisar que la parte quejosa señala como actos reclamados en el presente juicio de amparo, el siguiente: De la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de dictar laudo, dentro del juicio laboral 1019/2020. Ahora, respecto a la omisión señalada por el quejoso consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 1019/2020 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que el quejoso ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el once de septiembre de dos mil veintitrés día señalado para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral 1019/2020, la junta responsable tuvo por hecha la comparecencia de la parte demandada y dado que la parte actora -aquí quejoso- no estaba notificada en términos de ley, suspendió la misma y señaló nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley, siendo las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; y, comisionó al actuario para que notifique a la parte actora Jesús Ángel Díaz Pérez, en el domicilio señalado en los autos del expediente laboral; y, la demanda de amparo fue presentada el doce de septiembre de dos mil veintitrés y recibida por la Oficialía de Parte de este juzgado en la misma fecha, después de que la autoridad responsable suspendió la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral 1019/2020, y señaló las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; y, de que comisionó al actuario para que notifique a la parte actora Jesús Ángel Díaz Pérez, en el domicilio señalado en los autos del expediente laboral, por lo que la omisión de que se duele la parte quejosa consistente en dictar laudo dentro del expediente laboral en mención no guarda estado. En esas condiciones, contrario a lo que expresó el quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio no existía la omisión reclamada toda vez que la autoridad responsable en esa data, ya había señalado las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral 1019/2020; y, comisionado al actuario para que notifique a la parte actora en el domicilio señalado en los autos del referido expediente laboral. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el once de septiembre de dos mil veintitrés día señalado para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral 1019/2020, la junta responsable tuvo por hecha la comparecencia de la parte demandada y dado que la parte actora -aquí quejoso- no estaba notificada en términos de ley, suspendió la misma y señaló nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley, siendo las diez horas del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; y, comisionó al actuario para que notifique a la parte actora -aquí quejoso- en el domicilio señalado en los autos del expediente laboral; es inconcuso que deviene inexistente la omisión de que se duele el quejoso. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos apuntados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y seis minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
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